Opinión

  • | 2015/07/22 19:00

    ¿Cuándo un hecho judicial es noticia para los medios?

    Para los ‘informadores’, las faltas en los órganos que deben verdaderamente hacer justicia no merecen destacarse si no dan los dividendos del rating.

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Llama la atención que hasta ahora se puede esperar el desarrollo del juicio de Samuel Moreno.

Hace más de cuatro años se presentaron las denuncias contra él y los medios de comunicación se multiplicaron para mostrar la gravedad de las acusaciones. Cualquier declaración ante un medio se convertía en sindicación contra la persona. Ni siquiera se aproximaba el inicio del juicio cuando ya la prensa lo había condenado. 

Cuatro años lleva detenido, pero para los medios eso es irrelevante. La sentencia que ellos pronunciaron fue suficiente para que quedara con el estigma de culpabilidad y ya para ellos el fallo –o más correctamente la ausencia de un fallo judicial– les es indiferente.

Que a estas horas todavía no se sepa si las extravagantes sumas que se le atribuían como delito (se habló hasta de $2 billones) o los actos de ‘corrupción’ que se le endilgan son ciertos, es grave; y más grave es que varios acusados hayan aceptado el ‘criterio de oportunidad’ y tales ‘testimonios’ no hayan permitido todavía tener claridad, ni siquiera sobre cuáles son las imputaciones, puesto que aún no se ha realizado la audiencia de acusación.

Y el Dr. Samuel Moreno es solo uno de los más de 50.000 reos que están detenidos sin que medie sentencia o hayan sido vencidos en juicio. Eso sí amerita un escándalo mediático.

Pero para los ‘informadores’, las faltas en los órganos que deben verdaderamente hacer justicia no merecen destacarse si no dan los dividendos del rating.

Por eso –o por estar comprometidos con quienes abusan del poder cuando se trata de un personaje de sus simpatías– han considerado que no amerita despliegue el caso de la sentencia del Consejo de Estado que declara violador de la moralidad administrativa al Consejo Nacional Electoral y al Dr. Pardo cuando era director del Partido Liberal, ni comentan lo que significan las actuaciones de la actual ‘Dirección Liberal’.

La demanda dice: “las demandadas actuaron al margen de sus funciones, con fines contrarios a los legales y con desconocimiento de los principios constitucionales, legales y los valores éticos a los que se sujeta el ejercicio del derecho fundamental de participación democrática al interior de los partidos”.

El fallo contra ellos se fundamenta en la violación a la moralidad administrativa porque: “se vulneraron gravemente los valores e intereses colectivos”; “se desconocieron los principios constitucionales”; “se afectaron gravemente los principios democráticos”; “hubo actuaciones que procuraron fines contrarios a la moral”; “con fines distintos a los previstos en la ley”; “moralmente espurio” lo que hizo esa ‘Dirección Liberal’; “carente de seriedad, de ponderación y honestidad”.

La sentencia resuelve: “Amparar los valores e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, vulnerados por el Partido Liberal Colombiano y el Consejo Nacional Electoral...

“Reconvenir al Partido Liberal Colombiano y al Consejo Nacional Electoral para que se abstengan de continuar incurriendo o de reincidir en las actuaciones...”.

Sin embargo, la actual ‘Dirección’, nacida bajo esas condiciones, solicitó ‘aclaraciones’, ante lo cual es de contrastar lo respondido por esa Corte con lo que siguieron actuando esas ‘Directivas’:

Dice la sentencia: “i) La orden de acatar la decisión … debe cumplirse inmediatamente, pues la sentencia no sujetó esa medida a plazo (…) y ii) los treinta días son el plazo máximo para dejar de aplicar todo lo relacionado con los estatutos ilegales (…), y no para seguir desacatando la decisión del Tribunal de Garantías”. 

‘Resuelve’ la ‘Dirección’ que lo que la sentencia dice es que la reforma estatutaria de 2011 “dejará de regir un mes después de la ejecutoria de la sentencia, (…)”.

La sentencia dice que “no se deben afectar los derechos de los miembros del partido como los relativos a la participación en campañas para el acceso a los cargos, siendo que, precisamente lo decidido tiene que ver con que (...) se tramiten conforme las disposiciones estatutarias legítimas”.

‘Resuelve’ la ‘Dirección’ que solo a partir de la fecha en que el Consejo Nacional Electoral “tome las medidas para dejar sin efectos las decisiones relativas al registro de los Estatutos del año 2011 (…)” regirán los estatutos legales; y que solo después del mes quedarán sin efecto los Estatutos ilegales; es decir, que se autoatribuye un mes de derecho a aplicar los estatutos ya declarados ilegales (o sea para dar avales que se saben ilegítimos).

Dice el Consejo de Estado: “… y no con que se desconozcan (…) los derechos de las personas que desde aquella oportunidad están designadas o elegidas”. Y enfatiza que son esos órganos “conformados desde antes de la vigencia de la ley de 2011 los que pueden decidir legítimamente sobre los asuntos del Partido.”

Y la Dirección ‘resuelve’: “Designar provisionalmente a las personas que conformarán los órganos, ejercerán las dignidades u ocuparán los cargos que habían sido suprimidos (por los estatutos ilegales)… con base en la reglamentación que expida la Secretaría General del Partido. 

¿Es acaso la violación a la Moralidad Administrativa –la anterior ya como cosa juzgada, y la evidente en este nuevo proceder– menos grave que una eventual ‹corrupción› ni siquiera estudiada?.
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