Opinión

  • | 2016/09/29 00:00

    ¿Cuál será el desarrollo rural integral?

    La noción de Desarrollo Rural Integral debe arrancar por ubicar en cuál etapa se encuentra un país para saber cómo montar el modelo.

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Alrededor del Desarrollo Rural Integral –punto primero del Acuerdo de La Habana– suponen esperarse buena parte de las respuestas a los problemas sociales y de desarrollo del país. Consideraciones al respecto.

Las etapas de la evolución de la explotación del campo en un país serían: una en la cual al inicio exclusivamente y después mayormente la harían los campesinos. Consistiría en unidades económicas autosuficientes que poco a poco irían destinando su capacidad de producir excedentes a abastecer las ciudades que a su turno irían creciendo en población y en dependencia de lo que el campo produzca para la venta. Tanto en las parcelas campesinas como en las grandes propiedades a través de aparceros, el producir sobrantes tendría una motivación en los ingresos que les ofrece la demanda creciente.

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En cierto momento la proporción entre el sector urbano y el rural requiere el aumento de la producción agrícola con cambios en la estructura existente, creándose empresas que se dedicarían a generar productos directamente para la comercialización. Aún en esta etapa las leyes del mercado no requerirían apoyo del Estado para responder a esos cambios demográficos.

Después la continuidad de la urbanización lleva a que ya la mayoría de la actividad agrícola se destine a satisfacer los consumos de la población urbana; ya no simplemente a aumentar las producciones sino a multiplicarlas, a mejorar la productividad. Aparece la importancia de la tecnología, las economías de escala, la innovación e investigación, las obras de infraestructura etc., que solo pueden conseguirse a través de inversiones mayores. Esta etapa depende de la intervención del Gobierno, bien sea a través de asumir responsabilidades directas (distritos de riego, carreteras, centros de investigación) o de fomentar la actividad privada mediante apoyos como subsidios, créditos, exenciones, etc. Si se supone que esta evolución ha sido relativamente paralela entre nueva demanda y nueva producción, aún coexiste la economía campesina y la gran empresa.

La búsqueda de mayor eficiencia en las producciones empresariales las lleva a depender de las capacidades competitivas entre ellas más que de la demanda. Entonces los sistemas y factores de producción del campesino solo tendrán sentido para el autoabastecimiento, puesto que en términos de costo vs. valor comercial representarían pérdidas. La función del Estado debe dirigir los apoyos ya no a la gran empresa, la cual ya puede y debe jugar con los incentivos y las reglas del mercado, sino al campesinado si por consideraciones diferentes al ‘desarrollo económico’ se quiere que se preserve.

El siguiente paso se da cuando entra en juego la competencia internacional. La capacidad de producir alimentos o insumos agroindustriales ya no necesariamente es para el consumo doméstico, puesto que puede representar un ingreso como parte de las exportaciones. Aquí entran en juego las ventajas comparativas de los países y vuelven a jugar los eventuales apoyos del gobierno a las grandes empresas.

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La noción de Desarrollo Rural Integral debe arrancar por ubicar en cuál etapa se encuentra un país para saber cómo montar el modelo a implementar. Eso es lo que nunca ha sucedido con nuestras ‘reformas agrarias’ y ‘leyes de tierras’.

El descalabro del sector rural no proviene solo de la existencia de la guerrilla, ni se subsana con el Acuerdo. La constante es que todos los estudios –y sobre todo los debates– han girado alrededor de la propiedad, y no de la forma y capacidad de producción de la tierra (ni otras funciones como las ambientales, de autosuficiencia alimentaria, etc.).

Tomando las últimas etapas, tenemos la Ley 160 de 1994 “Inspirada en el precepto constitucional según el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina,…” explicitando así que eran secundarios aspectos diferentes a la redistribución y el bienestar campesino.

Con el paramilitarismo y el narcotráfico vino una contrarreforma agraria de facto que concentró la propiedad con nuevas agroempresas de los nuevos terratenientes, y volvió además rentables las actividades campesinas alrededor de la coca. Como programa oficial, Agro Ingreso Seguro buscó incentivar a los grandes inversionistas (no son los campesinos y pequeños empresarios quienes construyen distritos de riego) y terminó mandando a Uribito a juicio por hacer eso.

Por último, para solucionar el laberinto que se formó con la contradicción con la Ley 160 de 1994 (tan ajena a la realidad que nunca fue aplicada hasta que congeló el desarrollo de los grandes proyectos en los Llanos con el escándalo del Embajador Urrutia) se promulgó la Ley Zidres, totalmente inaplicable porque su propósito fue reactivar el entusiasmo de esas empresas, pero ocultándolo tras la imagen demagógica de que protegía a los habitantes del campo. Queda la incógnita de cuál será el nuevo Desarrollo Rural Integral.

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