Opinión

  • | 2014/03/09 16:00

    La Murga de Panamá

    Tanto la crisis que llevó a que el consorcio contratista de la ampliación del Canal de Panamá suspendiera las obras como la negociación que la resolvió, dejan interesantes lecciones.

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Por el significado que tiene la ampliación del Canal de Panamá para el comercio mundial, resonó con fuerza en la prensa internacional la crisis que se desató el 1 de enero de este año cuando la constructora Grupo Unidos por el Canal (GUPC) anunció a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que tendría que suspender las obras del tercer juego de esclusas del canal por la negativa de la ACP a reconocerle supuestos sobrecostos –valorados en la no despreciable suma de US$1.600 millones– en los que habría incurrido en la construcción de esas esclusas. Y también resonó este 27 de febrero el anuncio del acuerdo “conceptual” al que llegaron la ACP y el GUPC para reanudar estos trabajos, cuyo texto aún no ha sido revelado, aunque se sabe que GUPC logró tiempo adicional para devolver el anticipo y para terminar las obras, y que ambas partes acordaron poner recursos para asegurar la financiación mientras los conflictos se ventilan en un tribunal de arbitramento en Miami.

Tanto la crisis que llevó a que el consorcio contratista suspendiera las obras, como la negociación que la resolvió, dejan interesantes lecciones. Veamos:

Cuando la ACP adjudicó este contrato al consorcio GUPC, conformado por Sacyr, Impregilio, Jan de Nul y Constructora Urbana de Panamá por US$3.118 millones, los dos proponentes perdedores señalaron que la suma pedida por GUPC era artificialmente baja, y uno de ellos afirmó –sotto voce– que esa cifra no alcanzaría ni siquiera para poner el concreto necesario en las obras de ampliación del canal. (La segunda oferta, por US$4.184 millones, fue presentada por un consorcio liderado por el gigante norteamericano de la infraestructura Bechtel, y la tercera, por US$5.981 millones, por un consorcio liderado por la empresa española ACS).

Por su parte, Wikileaks complicó este asunto aun más al revelar una conversación entre Juan Carlos Varela, para entonces vicepresidente de Panamá, y la embajadora de Estados Unidos en ese país, en la que el vicepresidente dijo que el proyecto para ampliar el canal era un desastre y que en unos dos o tres años fracasaría, porque consideraba que la enorme diferencia de precio entre la oferta ganadora y la segunda indicaba un problema muy serio.

¿Fue en verdad artificialmente bajo el precio de la propuesta del consorcio GUPC? Ni la ACP ni GUPC admitirían esto jamás porque le significaría a la primera reconocer que se dejó meter un gol en el proceso de adjudicación y a la segunda aceptar que lo metió. Pero si GUPC obtiene los US$1.600 millones que reclama, su contrato terminaría costándole a Panamá una suma intermedia entre las dos ofertas perdedoras, lo que da mucho en qué pensar.

GUPC justifica sus reclamaciones argumentando que la ACP le cambió las especificaciones del hormigón que debía usar en la obra y le impidió usar el basalto de la zona, y que la información que apareció en los pliegos del concurso no incluía unas fallas geológicas que aparecieron cuando comenzaron a hacer las excavaciones, a lo que ACP responde que los riesgos por estas supuestas fallas y problemas –de existir– deben ser asumidos por el contratista, según los términos del contrato, y además, que el contratista tuvo más de 16 meses para verificar la información que se le dio.

Pero el verdadero problema no está en estos reclamos sino en la estrategia empleada por el contratista para presionar la negociación, que consistió en paralizar las obras, con lo que puso en calzas prietas a la ACP que tiene que asegurar que la ampliación del canal terminará dentro de los plazos anunciados al mundo, tanto para atender la presión de la opinión pública panameña, como para cumplir el compromiso moral adquirido con diversos puertos –incluyendo los de Cartagena y Buenaventura en Colombia– que ya han hecho importantísimas inversiones para ajustar sus propios canales de acceso y demás instalaciones a las profundidades que requieren los gigantescos barcos que circularán por el canal tras la ampliación.

¿Podría pasar algo similar en las concesiones de 4G, cuyo valor total supera varias veces el del contrato para ampliar el canal de Panamá? Para comenzar, un precio como el que propuso la GUPC en Panamá sería rechazado en las licitaciones colombianas por ser inferior en más de 10% al promedio de los precios presentados por los distintos proponentes, con lo que se evitará que se asignen contratos por precios artificialmente bajos. Además, los concesionarios no recibirán recursos públicos sino cuando las obras estén listas –no habrá anticipos– con lo que se elimina el incentivo a demorar los trabajos y el riesgo de pérdida del anticipo. Pero habrá que estar vigilantes en el futuro, porque el éxito de estos grandes contratos no solo está en hacer buenas licitaciones sino también en la cuidadosa y oportuna vigilancia de la ejecución.
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