Opinión

  • | 2014/08/24 06:00

    Una economía con pies de barro

    ¿Qué tan sólido y próspero parece ser el sector sobre el cual gira hoy nuestra economía?

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Ya se ha debatido sobre la inconveniencia o la falta de lógica de buscar el desarrollo del país retrocediendo hacia las actividades de menos valor agregado y menos generación de empleo como es todo el sector minero petrolero.

Un modelo de desarrollo que disminuye la participación y la importancia de los sectores generadores de riqueza como la agricultura y sobre todo la industria, y al mismo tiempo aumenta la dependencia de la explotación –o sea el agotamiento– de los recursos naturales no renovables, más tiene de modelo de subdesarrollo, que de modelo de desarrollo.

Pero independientemente de esos cuestionamientos respecto al modelo en general, vale la pena estudiar qué tan sólido y próspero parece ser el sector sobre el cual gira hoy nuestra economía.

El Gobierno reivindica y considera uno de sus más grandes logros la llegada masiva de la inversión extranjera, la mayoría de esta concentrada en el sector minero energético. Sin embargo, dos noticias de estos días parecen mostrar que esta dinámica empieza a caracterizarse más por sus debilidades que por sus fortalezas.

La venta de Isagen tantas veces pospuesta tiene causas y consecuencias. De las últimas la más evidente es la duda sobre la financiación inicial del gran proyecto de carreteras de $44 billones a 15 años. A pesar de las afirmaciones de que no dependía de tal condición el arranque de los programas, la realidad es que entre las dificultades para estructurar los créditos y los seguros por parte de los potenciales interesados en participar en las licitaciones, y la disminución de las proyecciones de la producción petrolera, el despegue esperado (que ya se había visto disminuido y diferido), con este problema adicional tendrá en la práctica que reprogramarse.

Pero igual o más grave es que una de las principales razones –si no la principal– fue el retiro de la mayoría de los eventuales aspirantes a la compra del paquete mayoritario de acciones de esa empresa, y la solicitud de los remanentes de que se difiriera por lo menos un año. Si, como parece ser, el motivo de tal petición es la demora en la entrega de Hidrosogamoso, el tema iría más allá de la posible disminución del atractivo económico de invertir en Colombia y reflejaría el escepticismo respecto a la capacidad del Gobierno de cumplir sus metas.

Esto se confirmaría con el fracaso de la última ronda de adjudicaciones de las concesiones de bloques petroleros. De 89 ofertados solo 27% tuvo proponentes. Esto a pesar de que a lo largo de la implantación de esta política se habían ofrecido toda clase de atractivos para invitar al capital extranjero: desde la garantía de que las reformas legales que aplican a los nacionales no tendrían efecto sobre esos contratos, pasando por la disminución de las regalías para iniciar subastas desde niveles más bajos que los de cualquier parte del mundo, hasta el otorgamiento de los títulos sin en la práctica la menor obligación de iniciar trabajo alguno, el anzuelo para los inversionistas era el sacrificio –o detrimento– que sufría la nación. A esto se adiciona el derecho de extracción sin límite en las proyecciones, o sea tan rápido como convenga a las empresas petroleras.

Así llegamos a una estructura en la cual tenemos reservas probadas de apenas un billón cuatrocientos mil barriles –o sea que se deben agotar en 5 años– y la infraestructura correspondiente. Esto se acompaña también de sus consecuencias.

Como nadie programa un oleoducto para dejarlo abandonado en ese tiempo, Colombia funciona hoy con un ‘oleoducto sobre ruedas’ con todas las condiciones que esto implica: mayores costos; decenas de miles de carrotanques atraviesan el país para sacar crudo a la costa; la inversión no la hacen las trasnacionales sino los locales; el tráfico en las carreteras se vuelve imposible; el deterioro de la malla vial está muy por encima de lo previsto; y la expectativa es que, para el final de este mandato, a menos que aparezcan otro Cusiana o Caño Limón, todo ese equipamiento se vuelva chatarra y regresemos a ser importadores del combustible que necesitamos.

Y si estos pilares de la proyección de la economía están cojos, peor está la tercera pata: la minería.

El anterior estatuto minero se redactó cuando aparte de El Cerrejón y Cerromatoso no existían ni una gran inversión de las multinacionales ni la de los grupos de la gran delincuencia. En los anteriores diez años se había dado en concesión prácticamente todo el territorio nacional pero no existía ningún montaje para controlar el sector; para hacer el seguimiento de decenas de miles de concesiones, el Estado no contaba ni siquiera con una veintena de funcionarios. La Corte Constitucional sentenció que la constitucionalidad del nuevo Estatuto estaba condicionada a la expedición de su ley reglamentaria, lo cual no se cumplió (dio un plazo perentorio de dos años que se venció hace algunos meses). En la situación hoy, momento en que mayores conflictos ambientales y sociales se presentan (La Colosa, Santurbán, etc.), hay interinidad tanto en las normas como en la institucionalidad.

¡Y pensar que así es la columna vertebral de la economía nacional!.
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