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Corriendo tras los consultados

| 5/2/2013 6:00:00 PM

Corriendo tras los consultados

Esta columna, seca y aburrida, tiene dos puntos fundamentales: que la Constitución la reforman por la puerta de atrás con los tratados internacionales y que las consultas son un caos.

por Jorge Gabriel Taboada

Quienes se interesan en el tema minero colombiano saben que el próximo 11 de mayo morirán las reformas que introdujo la ley 1382 de 2010 al Código de Minas de la administración Pastrana (Ley 685 de 2001). Así terminarán dos años de vida artificial que le dio la Corte Constitucional a la ley 1382 cuando declaró su “inexequibilidad diferida” buscando salvar su contenido, porque aunque le gustaban las innovaciones ambientales que traía, la consideraba inexequible por no haber sido consultada con las comunidades étnicas. Pero como el Ministerio de Minas no pudo comenzar siquiera las consultas con algunas comunidades en esos dos años, la declaratoria de inconstitucionalidad se volverá definitiva dentro de pocos días sin que el Gobierno alcance a presentar un nuevo proyecto al Congreso.

¿Por qué no pudo el Gobierno hacer las consultas en los dos años que le dieron? El Ministerio de Minas se tomó un año para redactar el nuevo proyecto y luego convocó las mesas de negociación en junio de 2012, pero le fue imposible avanzar porque uno de los integrantes de la mesa indígena, la Organización Nacional Indígena –ONIC–, tenía su propia agenda relacionada con los conflictos que ocurrieron en el Cauca a mediados del año pasado y para empujarla no se dejó consultar durante 2012.

Las consultas de las leyes con las comunidades étnicas son obligatorias en nuestro país en virtud del Convenio 169 de la OIT, que establece el deber de consultar previamente con las poblaciones indígenas y tribales las normas que puedan afectarlas directamente, pero como la Corte Constitucional ha llevado la obligación de consultar las normas mucho más allá de la intención inicial de este Convenio, que era asegurar que los integrantes de las comunidades étnicas no tuvieran menos derechos que los demás nacionales y pudieran ejercer el derecho colectivo de opinar sobre lo que los afecta directamente, los funcionarios a quienes les corresponde impulsar determinadas leyes se curan en salud y consultan todo lo que pueda tener cualquier efecto, y viven corriendo detrás de los representantes de estas comunidades, rogándoles que atiendan las consultas.

¿Cómo entró el Convenio 169 de la OIT a ser parte de la Constitución colombiana? Este Convenio fue aprobado por el Congreso mediante la ley 21 de 1991, y aunque en ese entonces nadie sabía que con esa ley se estaba reformando la Constitución, hoy la Corte considera que el texto de este Convenio hace parte del “bloque de constitucionalidad” que incluye, entre otros elementos, los tratados internacionales ratificados por Colombia sobre derechos humanos que menciona el artículo 93 constitucional.

Pero, paradójicamente, la forma como este Convenio se integró a la Constitución Colombiana no cumple con lo exigido en el artículo 6 del propio Convenio –que establece la obligación de consultar con el pueblo interesado las medidas que lo puedan afectar directamente, de manera previa a su adopción y adecuada a las circunstancias– y si se le aplicara este estándar, el Convenio nunca habría podido hacer parte de nuestro derecho interno porque ni los colombianos –como constituyentes primarios– ni los congresistas –como constituyentes delegados– supimos que al adoptarlo estábamos reformando nuestra Constitución.

Además, como las leyes aprobatorias de tratados se tramitan como leyes ordinarias, por ese camino se puede reformar la Constitución sin pasar por el exigente procedimiento que contempla la Carta para aprobar las normas constitucionales, que supone 8 debates (4 en una legislatura y otros 4 en la siguiente).

Las lecciones que deja este fracaso por cuya causa se eliminaron partes importantes de nuestra legislación minera y se puso al Gobierno a saltar matones reglamentando el antiguo Código, y las que también dejan los años de atraso que han causado las consultas a otros proyectos de ley importantes como el de las Corporaciones Autónomas Regionales y el de Desarrollo Rural, son: 1. Que las leyes que ratifiquen los tratados internacionales modificatorios de la Constitución deberían tramitarse igual que las demás reformas constitucionales, con 8 debates en 2 legislaturas, para garantizar el principio democrático. 2. Que se necesita una ley estatuaria que organice el procedimiento y los plazos para consultar a las comunidades étnicas, tal como la que tienen en el Perú y están debatiendo hoy en día en Chile. 3. Que esa ley debe permitir alternativas tales como la de que en las zonas indígenas y afro no se apliquen ciertas innovaciones legislativas mientras se concilian leyes especiales con esas comunidades, con el fin de que las innovaciones legislativas puedan entrar a regir en el resto del país sin tener que esperar las consultas, y 4. Que deben establecerse sanciones contra cualquiera de las partes si utiliza el proceso de consulta para fines diferentes de los previstos en el Convenio.

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