Opinión

  • | 2014/07/10 06:00

    JusticiArias

    La condena de Andrés Felipe Arias es un semáforo en amarillo para cualquier joven que esté contemplando una carrera en el servicio público.

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Según se desprende de sus declaraciones de prensa –al escribir estos párrafos no hay en la red un documento completo– la honorable Corte Suprema de Justicia encontró que el exministro Andrés Felipe Arias es culpable de dos delitos y será condenado a una pena carcelaria que podría superar los 30 años. Primero, Arias habría permitido la adjudicación de contratos sin que en el proceso mediara una licitación. Segundo, habría permitido que algunos tramposos pudieran acceder a más recursos subsidiados de los establecidos reglamentariamente para el programa.

Sin ser abogado (ni mucho menos) me causa perplejidad que adjudicar contratos sin acudir a una licitación sea un delito y no, como yo pensaba, una falta disciplinaria cuyo juez natural es la Procuraduría (que pidió absolverlo) y cuyo castigo natural se parece más a la destitución e inhabilitación para el ejercicio de la administración pública que al encarcelamiento. También me sorprendió mucho que un procedimiento que fue práctica usual durante muchos años, y que lo siguió siendo con posterioridad al Ministerio de Arias, como es la contratación directa a través de un organismo internacional adscrito a la OEA, del cual Colombia hace parte, organismo revestido con la presunción de seriedad técnica y de honorabilidad profesional.

También me pareció sorprendente la existencia de un delito cuando a un funcionario público le meten un gol por cuenta de una equivocada presunción de buena fe en las contrapartes. Las declaraciones de prensa dejan entender que para la CSJ es claro que Arias no se robó un peso, pero que sí hubo quienes violaron los términos y límites contractuales que definió el Ministerio mismo y que se beneficiaron pecuniariamente de esa violación de las reglas. Me sorprende, digo, por dos razones. La primera, porque establece que si a un funcionario le meten un gol, el funcionario es un criminal. Segundo, porque el gol se lo meten en una cancha que el mismo Ministerio definió. Si el funcionario en verdad quisiera favorecer a terceros, hubiera diseñado de otra manera el programa mismo, ampliando, por decir algo, el límite de lo aceptable ex ante en los eventuales contratos y ahorrándole al tramposo la necesidad de fraccionar y esconder ex post su intención global en mitades, en terceras o en quintas partes.

Pero hay que aceptar que la perplejidad y el desconcierto al que uno está sometido en las actuaciones y decisiones de las altas cortes en Colombia son, a estas alturas del partido, parte tan reiterada del paisaje nacional que difícilmente se puede pensar que van a generar inquietud, alarma o algún asomo de debate civilizado.

Lo que sí me parece notable en este caso particular son las implicaciones para el futuro del servicio público en el país, componente importante del progreso económico y social. Crear un antecedente en el cual continuar las prácticas usuales, seguidas por años y años para adjudicar recursos públicos puede ser un crimen, o puede no serlo, es un semáforo amarillo para cualquier joven brillante que esté considerando la opción de hacer una carrera en la administración pública. Y lo es especialmente si se combina con un antecedente adicional según el cual cada vez que unos astutos jugadores, inmensamente dotados en las artes dudosas de exprimir el fisco, le meten a uno un gol, no obstante las defensas que se logren conformar, lo convierten a uno en socio solidario de sus fechorías.

Con el desincentivo que encarna esa presunción de culpabilidad que –en las cortes y en las diversas instancias de vigilancia y control– cobija en grado creciente al funcionario típico, nos arriesgamos a que la calidad del servicio público futuro, que según índices comparativos internacionales no es ni bueno ni malo en Colombia, empeore de manera notoria y rápida. En efecto, al funcionario lo arropa un manto de duda durante toda su gestión y lo persiguen los fantasmas de dicha presunción varios años después. Mucho me temo que esta tendencia se acentuará y se hará aún más dependiente de los ciclos de amores y de odios que siempre conlleva la política barata y que el costo quedará en cabeza del ciudadano de a pie, quien sufrirá la creciente mediocridad de quienes proponen, gestionan y administran las innumerables funciones del Estado.
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