Opinión

  • | 2017/07/20 00:01

    Miau Miau

    Las concesiones, en ausencia de verdadera competencia, son una forma muy efectiva para lavar activos del narcotráfico y defraudar al Estado.

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Los frecuentes carteles para fijar precios altos no son solo problema de los consumidores: a los gobiernos municipales y al gobierno nacional los desangran impunemente por este medio. Las concesiones públicas adjudicadas sin verdadera competencia o a través de pliegos amañados le cuestan al país cientos de veces más que el sonado Odebrecht. Los contratos que las soportan pueden parecer ceñidos a la legalidad, sin embargo, las utilidades que de ellos se derivan son desproporcionadas. En Colombia no son pocas las concesiones con tasas internas de retorno cercanas o por encima de 50%. Para poner este número en perspectiva, los grandes genios de la informática, como Bill Gates, lograron tasas internas de retorno a lo largo de sus vidas de 36%. Una concesión no manipulada y otorgada de forma competitiva debería rendir entre 10% y máximo 15%, según los riesgos que asuman.

Es decir, estos negocios se están lucrando entre dos y tres veces lo razonable. Si calculamos los ingresos de todos los negocios concesionados en Colombia estos pueden sumar entre $15 billones y $20 billones. Lo que puede representar hasta $2 billones que se pierden anualmente por estos oscuros contratos.

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El chance es un excelente ejemplo de este ménage à trois entre el poder, el capital y la criminalidad. Un negocio de más de $2 billones al año en ventas legales y más de $1 billón en ventas ilegales, que se entrega sin competencia alguna a personajes oscuros. Con premios irrisorios de menos de la mitad del que las leyes de la probabilidad definirían como un premio justo. Es decir, la gente paga $1 para ganar un premio de 50 centavos. En el juego de ruleta, la apuesta más simple –rojas o negras– un peso apostado genera en promedio entre 90 y 7 centavos y 90 centavos según cuántos “ceros” o “dobles ceros” tenga. Además, lo que el chance contribuye a la salud es un irrisorio 12%, cuando el Baloto –que tiene sus problemillas– por lo menos contribuye con 34% de sus ventas. Esto es más doloroso si se contrasta con los altísimos márgenes de utilidad que la mala regulación y la falta de competencia les deja. Si se hiciese una auditoría seria verían que los márgenes netos están 25% y 35% del valor en ventas, en lo legal, y cerca de 60% en lo ilegal. Los poderosos del chance se ganan más de $1 billón al año en connivencia, presionando o manoseando la política.

Ejemplo de ello es la señora Enilse López, a quien no solo la visita y cuida personal pagado por todos los colombianos, como lo ilustró Noticias Uno con el video de la asesora de la representante Karen Cure, sino que los funcionarios de múltiples gobernaciones de la Costa siguen trabajando para que el negocio del chance siga bajo su control. La extinción de dominio de sus empresas en 2014 es una total burla. Unicat y Aposucre las dejaron sin el contrato de concesión y con los pasivos laborales de sus empleados. El Ministerio de Trabajo no deja que se liquiden los contratos y las demandas contra el Estado crecen día a día. Mientras que demandan a las liquidaciones, estos personajes trabajan con los nuevos aliados de la Gata, que maneja las nuevas concesiones.

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En Santa Marta, el secretario del interior del gobernador Cotes hizo de la ley un circo para argumentar caducidad a la concesión del chance en cabeza de Aposmar. Esta es una de las sociedades de la Gata beneficiaria de la concesión del chance en Magdalena en 2012, y la única que aún generaba ingresos. En 2014 se extinguió su dominio por parte de la Fiscalía. No obstante, el hecho de que Aposmar era ya manejada por representantes de la Nación, el secretario Arteta expidió la resolución de caducidad de la concesión. Sus argumentos son absolutamente ridículos, arrancaron con que era inmoral que los recursos de la salud pudieran proceder de una entidad que manejó alguien vinculado con la criminalidad, y usaron como soporte la ley 418 de 1996, artículo 90. Este artículo buscaba controlar que recursos públicos, a través de contratistas del Estado, terminaran financiando organizaciones al margen de la ley. Sobra decir que una entidad en extinción de dominio, una vez finiquitado este proceso, es pública y su objeto es resarcir los costos y daños generados a la sociedad por los criminales. No lo que le hizo la Gobernación que fue caducar para que el monopolio del chance siguiera en manos non sanctas.

500.000 colombianos trabajan para este negocio, tienen presencia en la mayoría de municipios y coexisten con fuerzas violentas que protegen su millonario recaudo y limitan cualquier competencia a sus ventas ilegales. Lavar activos con ventas ficticias de chance tan solo les cuesta 30% en IVA y el aporte a la salud. Costo que fácilmente se recupera con las ventas ilegales y el control territorial. Esto tal vez explica por qué varios funcionarios corruptos de la Dian y sus familias justificaban sus cientos de millones mal habidos con boletas ganadoras del chance.

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Estas son las actividades simbióticas de las estructuras criminales violentas que hacen imposible la paz en el país. Es una de las fuerzas que corrompen todo y que debería ser prioridad de cualquier ente investigador que de veras quiera justicia y paz. Basta ver quiénes son los personajes detrás de estos negocios, sus vínculos con minería ilegal y narcotráfico para tener claro que aquí hay algo grave. La autoridad judicial debería dejar de mirar hacia otro lado y ponerle fin a esta burla a la legalidad.

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