El ex Secretario de Organizaciones Campesinas del Partido Liberal, Dr. Germán Arias, denunció que el gobierno central no realizará el Censo Nacional Agropecuario en el año 2013 pues retiró 80% del presupuesto que le fue apropiado.
Ese censo da la información para defi
nir políticas agropecuarias, sociodemográficas y de desarrollo rural: vivienda, salud, educación, disponibilidad de agua potable, número de técnicos y profesionales en diferentes áreas vinculados al agro, magnitud de las familias, infraestructura vial, infraestructura hídrica, tipo de transporte de los productos, comercialización, tipo y vigencia de la maquinaria agrícola, etc. Colombia no hace uno desde 1970.
Difícil no interesarse en el tema cuando además la única expectativa de salir adelante –para los afectados o para el campo en general– parecen ser los subsidios, o sea el desangre del Estado, y cuando la crisis del agro se manifiesta en la caída de la producción y de los precios: la cosecha de café –primer producto tradicional colombiano– disminuyó de 18 a 12 millones y hoy a 8 millones de sacos; los precios internos bajaron este año de cerca de $1’000.000 la carga a apenas superar los $500.000; y los costos están por encima de los $650.000. La última noticia sobre un subsidio de $60.000 por carga va contra el presupuesto sin ser una solución para el productor.
El entusiasmo por las alzas en los biocombustibles ha ocultado la gravedad de la marchitez precoz y la pudrición de cogollo, enfermedades que están afectando la palma de aceite. La entrada en producción de las siembras de los últimos años distorsionan la realidad al no tener en cuenta que las pérdidas de la base productiva son enormes; para el productor los privilegios tributarios y subsidios que recibe minimizan el efecto del precio que va en caída, y no tiene interés en destacar lo que le cuesta al Estado esa vena rota.
Algo similar ocurre en el sector floricultor por la devaluación del dólar (con pérdidas ya de los $270.000 millones entregados por el Banco Agrario).
El precio de la leche entera en Francia es hoy la mitad de lo que aquí se paga; y la pulverización allá, con costo de $700 por botella contra los $900 o más que aquí cuesta, invita a los comercializadores a importarla en vez de apoyarse en el productor nacional. El TLC con Europa, que recién entra en vigencia, abre un previsible desfase entre el costo para el ganadero y la caída de precio que vendrá.
La producción de arroz disminuyó 20%. La noticia divulgada por el Ministerio –se cumpla o no– es que el faltante lo cubre autorizando importaciones de la CAN y en el caso del TLC con Estados Unidos adelantará además el cupo de 2013; esto produjo una caída inmediata de lo que recibían los productores de $145.000 a $123.000 la carga; el precio internacional es aún mucho más bajo ($80.000) y los recursos que destinaban los comercializadores a comprar la cosecha nacional se desvió a esas importaciones. Lo inminente, como los costos eran paralelos al precio de venta, es pérdida para el agricultor.
Los escándalos del AIS por el mal manejo de los ejecutores –o por la presión de la prensa– llevaron a que las medidas tomadas vayan en el sentido opuesto al objetivo de aprovechar el TLC. Para cerrar la brecha entre nuestros costos y los internacionales, lo necesario es desarrollar la actividad empresarial con economías de escala, inversión en tecnología e investigación, etc.; el Gobierno limitó las líneas de crédito y subsidios a los pequeños y medianos productores, excluyendo de acceso a estos a los grandes (es decir, renunciando a buscar competitividad y fomentando la producción más costosa). Sin duda, la responsabilidad social debe prevalecer y el apoyo al pequeño y mediano campesino se debe cumplir; pero lo que no tiene lógica es por ello renunciar a promover la modernización de la explotación de mayor tamaño.
¿Cuáles serían las razones del Gobierno para desistir del Censo? ¿Será que dentro de sus políticas el agro no importa? ¿Será para evitar evidenciar lo lamentable de nuestras condiciones y la falta de equidad y de justicia social con el campesinado colombiano? ¿Será que prefieren esperar a ver qué pasa en la negociación con la guerrilla? ¿O será que ni siquiera fue una decisión?
Difícil entender que se presente una Ley de Desarrollo Rural sin tener una información y un diagnóstico sobre la situación general del campo. Difícil manejar sin definir una política agraria lo que implican los varios TLC suscritos. Y difícil debatir –y más conciliar— con la guerrilla sobre algo de lo cual no hay datos.