Opinión

  • | 2015/09/30 19:00

    El diablo y los detalles

    El sistema de justicia transicional anunciado por el Gobierno y las Farc la semana pasada pareciera ser un paso en el camino correcto. Sin embargo, un poco de escepticismo no cae mal, particularmente a la hora de definir los detalles.

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Varias veces le hemos oído decir al presidente Santos que el bien supremo de toda sociedad es la paz. No podría estar menos de acuerdo. El bien supremo, el cual permite entre otras muchas cosas que se viva en paz, es la justicia. Los jueces y magistrados son los encargados de vigilar el cumplimiento del contrato social, que es el que dicta las normas para vivir en sociedad. Sin una justicia seria, creíble y comprometida con el cumplimiento de ese contrato, plasmado en la Constitución y las leyes, no puede haber ni paz ni muchas otras cosas más.

Por eso lo anunciado la semana pasada desde la Habana es tan importante. El marco de justicia bajo el cual se implementen los acuerdos es tal vez la piedra angular del proceso de negociación con las Farc. Y si bien en principio y conceptualmente lo anunciado el 23 de septiembre suena razonable, en este caso más que nunca el diablo estará en los detalles. De esos, que son de infinita importancia, todavía no se sabe mucho. Aunque los más optimistas creen a ciegas en lo acordado en la mesa de negociaciones, vale la pena tener cierto grado de escepticismo aún. Solamente así se podrá garantizar que el diseño de justicia transicional sea algo que realmente aporte para acabar el conflicto con las Farc. 

Con cauteloso escepticismo, creo que aún es importante discutir:

La justicia transicional no solamente tiene que ser sino parecer. De nada sirve diseñar unas penas –alternativas o carcelarias, da igual– y un proceso de reparación y restitución que sean percibidas por un importante sector de la sociedad colombiana como que no son suficientes para considerarse justos. Esto pone en tela de juicio la legitimidad de todo el andamiaje de juzgamiento y sanción. Y sin esto, sin legitimidad, no hay proceso que valga ni paz posible. Esto va desde el diseño de los mecanismos alternativos de detención hasta la duración de las penas. Considero que la reclusión debe ser eso, en un sitio vigilado y controlado. Y también pienso que la participación en política de los condenados, por lo menos de delitos de lesa humanidad, tendría que esperar, a lo menos, hasta que cumplan su condena.

La selección de los magistrados es tal vez el aspecto más importante del tribunal especial. Compuesto por 20 magistrados, la mayoría colombianos, el perfil y procedimiento de nombramiento de estas personas debe contar con la más amplia aceptación entre la sociedad. Colombia, desafortunadamente durante los últimos años, no se ha caracterizado por tener a los personajes más imparciales e impolutos en sus altas cortes. Y ojalá en el diseño del procedimiento de selección y nombramiento participe de la manera más amplia toda la sociedad. Esto se logra mucho mejor a través de la participación en pleno del Congreso, no del “Congresito” encargado de ratificar los acuerdos convertidos en legislación.

La duración de la estructura de justicia tradicional también me parece fundamental. ¿Estos tribunales cuánto van a durar? No pueden durar para siempre, pues nunca se acabaría de cerrar el acuerdo negociado. Este tribunal debe tener un tiempo finito y explícito. 

¿Cuánto va a costar el andamiaje transicional? Si se quiere que sea serio, que investigue de verdad y que sea una verdadera herramienta de reparación para las víctimas (a propósito, nada se ha dicho de la entrega de los activos y riquezas de las Farc), esto no va a costar poco. En un conflicto tan largo, con tantos actores y tan regado en la geografía nacional, el proceso de investigación y recopilación de pruebas va a ser tortuoso y caro.

Se ha mencionado que la justicia transicional aplicará a “todos los actores del conflicto”. ¡Ah! peligrosa esa afirmación, si no se regula. ¿Quién decide qué persona se involucra o no al conflicto? ¿Quién investiga? La generalidad aquí es nefasta. Será necesario precisar con detalle y juicio a quién aplica y a quién no este tribunal.

Aún faltan ciertos llamados asteriscos por terminar de negociar de los puntos anteriores de la agenda con las Farc. El más crítico, a mi juicio, es el del fondo de tierras. ¿Cuándo van a definir el número de hectáreas que se aportarán a ese fondo? ¿Cuándo van a revelar las Farc las hectáreas que controlan? ¿Será esto parte de lo que tienen que dar a conocer para poder acceder a las penas alternativas? 

En pocas ocasiones se aplica casi literalmente el popular dicho de que el diablo está en los detalles. Tratándose del sistema de justicia que buscará ponerles dientes a los acuerdos con las Farc, el diablo está en la mitad de la discusión. Y como este proceso ya parece no tener reversa, esperemos que entre todos podamos construir una estructura de justicia transicional que, independientemente de su legalidad, sea legítima. De lo contrario, todo este esfuerzo podría haber sido en vano.
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