Opinión

  • | 2015/12/16 19:00

    ¿Por qué urge firmar el acuerdo de La Habana?

    El presidente Santos le apostó todo a la paz y el resto de los temas que afectan al país están totalmente al garete.

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Parece existir ya suficiente claridad y consenso respecto a que la firma del Acuerdo de La Habana es una condición necesaria para iniciar un proceso de paz y reconciliación pero que este depende de lo que llaman el posacuerdo o posconflicto.

Lo que vuelve urgente el lograr la firma no es solo el peligro que el tiempo dañe los puntos tramitados, ni que cambie la voluntad de las partes.

Lo que sucede es que el presidente Santos le apostó todo a la paz y el resto de los temas que afectan al país están totalmente al garete. Se podría reconocer que las relaciones internacionales han sido exitosas pero en la medida que han estado al servicio o gracias a ese tema. Pero fuera de eso, entre más se demora lo que es solo la formalidad de la firma para poder después comenzar a buscar el camino para la paz, más se deteriora el resto del orden y del manejo del país.

Sí existen muchos anuncios, pero ningún programa.

Crecimientos para el año 2025 del orden de 5,5%, gracias a inversiones de $20 billones anuales en infraestructura para recuperar el atraso de hoy; nuevos recursos de $10 billones anuales hasta el año 2030 para compensar el abandono del sector rural; $11 billones anuales para el posconflicto contando con un Fondo de US$3.000 millones de los cuales solo se conocen US$3 que donará el gobierno español; muchas cifras de lo que se hará de aquí a 15 o 20 años y de lo que se espera sucederá entonces pero sin mencionar ni la fuente de esos supuestos recursos ni a través de cuales programas se lograría esto.

Se divulga lo que son deseos pero sin tener ningún respaldo para ejecutarlos y en consecuencia se vuelven solo una innombrable cantidad de pendientes: Reforma a la Salud; Reforma a la Educación Universitaria negociándose con la Mane; Reforma a la Administración de Justicia que concierne al ciudadano –no a las relaciones entre los poderes–; Estatuto del trabajo; etc. 

O unas promesas de futuros resultados que dependerán de condiciones que hoy no existen: proyectos de carreteras 4G con fondos futuros que dependen del sector privado (en un momento que lo que hay es pánico para invertir aquí). O una negación sistemática de la crisis económica que comenzamos a vivir: un Departamento de Planeación todavía proyectando un crecimiento del 5%; un Ministerio de Hacienda haciendo piruetas para afirmar que toda la inestabilidad del dólar nos pone en el precio más deseable; un Ministerio de Agricultura pensando en un millón de hectáreas nuevas sin decir en qué ni cómo, cuando la tendencia es la contraria; un presupuesto que se ajusta con un precio del petróleo de US$55 el barril cuando ya cayó por debajo de US$40 y con el acuerdo logrado con Irán se aumentará la oferta mundial. 

Y, sobre todo, un Departamento de Planeación que en vez de señalar una orientación como Plan de Desarrollo y un programa de Inversiones para cumplirlo solo presenta los dineros que supuestamente se destinarán a cada sector, pero sin describir la forma o los proyectos con los cuales esto se adelantará.

Una propuesta de Reforma Fiscal –la tercera de este gobierno, fuera de los tributos excepcionales para la guerra, para la Paz, para la Riqueza, para el Patrimonio– que prácticamente garantiza más problemas que soluciones, o más exactamente que busca cubrir el desfase que tiene hoy el Estado pero sin consideración a cómo afecta el bolsillo del ciudadano y la competitividad de las empresas.

Un órgano legislativo y un poder judicial que compiten por ver cuál es el menos confiable y el más desprestigiado. Un sistema de improvisaciones y medidas ad hoc en que volvemos a que se otorgan facultades extraordinarias o se dan minigolpes de Estado como la creación de reglas ocasionales para un plebiscito específico.

Los índices de desigualdad y desempleo más altos del continente sin que el cambiarlos sea el primer objetivo del Estado.

Un sistema electoral tan vulnerable que deja en entredicho una sentencia del Consejo de Estado por Violación a la Moralidad Administrativa contra el Consejo Nacional Electoral. Una legislación caótica que defiende las microempresas electorales y al tiempo que proscribe el trasfuguismo permite el aval de múltiples partidos; unos partidos políticos inexistentes y sin posibilidad de recuperarse por falta de líderes

Pero todo esto se convierte en preocupación secundaria ante la prioridad que se da a la suscripción del acuerdo y la expectativa de que con esa firma todo se solucionará… y, mientras tanto, cada vez más desatención al resto de problemas y más deterioro del orden jurídico, económico y social de la Nación.
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