Opinión

  • | 2015/11/25 19:00

    Contraloría y Plan de Desarrollo

    La Contraloría General nos ofrece un panorama de las diferentes visiones de la Planeación.

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¿Debe ser la prioridad de la acción del Estado el desarrollo económico o el desarrollo social?; ¿deben atenderse preferencialmente los criterios de crecimiento y productividad, o los de equidad y los que dan respuesta a unos mínimos de bienestar para todos los ciudadanos?

En realidad hasta dónde se persigue uno u otro propósito depende del rol asignado a la planeación.

La Contraloría General de la Nación nos invita a leer en Economía Colombiana de Octubre-Noviembre un panorama de las diferentes visiones de la planeación entre nosotros.

Un escrito de 1971 del expresidente López Michelsen cuenta cómo nació con la reforma del 68 la institucionalización de la planeación (atribuyéndole curiosamente su necesidad al crecimiento demográfico); cómo se plasmó indirectamente en el artículo 32 que ordenaba la coexistencia de la libertad de empresa y la iniciativa privada pero bajo la dirección general del Estado; cómo creó el instrumento responsable de ello –la Comisión del Plan– (que nunca funcionó); y cómo su función era la búsqueda del pleno empleo con lo que llamó la ‘política de ingresos y salarios’.

Contiene también presentaciones de Armando y Santiago Montenegro y Cecilia López, con coincidencias como que el concepto de Planeación fue aceptado cuando desaparecieron los modelos socialistas y se creó entre nosotros el Departamento Nacional de Planeación; que la Constitución del 91 estableciendo la obligatoriedad del Plan de Desarrollo al inicio de cada periodo presidencial le dio vigencia real aunque sumamente farragosa (muchos artículos y poca eficiencia); que prácticamente desapareció bajo Álvaro Uribe; y que sería conveniente hacer una evaluación y ajuste.

Clemente Forero como Director del Sistema Nacional de Planeación Participativa –órgano meramente consultivo para ‘vincular a la sociedad civil’– describe los avances logrados también antes del Gobierno Uribe; destaca que así se cumplía la democracia participativa inserta en la Constitución del 91; y enfatiza el beneficio colateral del contacto social y el diálogo que así se crea (o creaba) como ‘trocha’ hacia la paz.

Pero siendo esa revista el órgano oficial de la Contraloría, interesante es lo que se refiere al actual Plan de Desarrollo.

Una glosa directa del Contralor General se refiere a la falta de Unidad de Materia diciendo: “El Plan debe respetar su integralidad y no extralimitarse en reglar acciones que no son de su competencia como el Control Fiscal o la Ley estatutaria de Salud”, adicionando en el epílogo que “también la Contraloría tendrá mucho que decir frente al cumplimiento de esas metas y su coherencia frente al plan de inversiones”.

Otras apreciaciones aparecen en los informes sectoriales:

Sostenibilidad ambiental: “... mantiene altos niveles de incoherencia entre los objetivos, las estrategias y las metas, en tanto no presenta ni la cantidad ni la calidad de recursos (humanos, técnicos, financieros, institucionales) para alcanzarlas.

Economía y Finanzas públicas: Es imperativo renovar la visión del país en una construcción colectiva, acorde a las necesidades de la sociedad, que esté protegida de las decisiones políticas y sobre todo que permita que los intereses generales estén por encima de los particulares.

Defensa, Justicia y Seguridad: Esta evaluación sobre el Plan de Desarrollo que recién se ejecutó muestra la distancia que puede haber entre lo que se planea y lo que se ejecuta en Colombia. En este caso, la consolidación de la seguridad como pilar fundamental para impulsar las locomotoras del desarrollo no tiene resultados contundentes”.

La exposición del Director Nacional de Planeación nos ubica en cuanto a su visión, permite presumir que –como en otra ocasión– tampoco haya leído el documento de 800 páginas que presenta y a las cuales se refieren las anteriores anotaciones, y muestra que parece olvidar que la correspondiente Ley Orgánica debe contener en una primera parte los propósitos genéricos que orientarán el cuatrenio; y en una segunda parte el Plan de Inversiones con el cual cumplirlos.

Define como objetivo orientador dar un salto en crecimiento del 5% (?!), haciéndolo depender de la educación, la infraestructura y los incentivos al sector empresarial. Presenta como ‘características diferenciadoras’ respecto a los anteriores planes 1) unos ‘indicadores de resultados’ cuantificadores de unos objetivos en determinados rubros, y ‘de productos’, para las cantidades globales de esperada inversión; y 2) unos ‘lineamientos para las diferentes regiones del país’. Habla de ‘seis estrategias transversales y seis regionales’ y de muchas cifras como metas. Sin embargo, lo concreto es que no menciona ningún proyecto preciso como parte de un plan de inversiones; que vuelve más discrecional y poderoso el manejo del ejecutivo (con las regalías); y que deja en manos del mercado y la acción privada (APP para la infraestructura, mejoras en la cadenas de valor) el futuro del país.
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