Opinión

  • | 2016/03/17 00:00

    El verdadero apagón

    La crisis del sector eléctrico debe llevar al país a hacer los ajustes requeridos y necesarios en la regulación y la institucionalidad, pero sin vulnerar los principios fundamentales sobre los cuales se ha construido durante los últimos veinte años.

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Muchas voces se han alzado para criticar el funcionamiento del sector eléctrico a raíz de la actual crisis. Existen aspectos de estas críticas que son argumentados y serios. Otros están llenos de carga política y dogmática, pero hacen mucho eco en la opinión y terminan por dictar rumbos que a veces no son los más afortunados.

Tal vez lo más importante ahora es no perder la credibilidad en XM, el operador del mercado. Una de las cosas que ha permitido que este sector tome decisiones acertadas en el pasado es la confiabilidad y robustez de la información, y XM ha sido el guardián de la misma. Lo que menos le convendría al sector en medio de una crisis es un enfrentamiento institucional, particularmente entre el Ministerio de Minas –que, según la prensa, está trabajando de afán en un modelo para controvertir los resultados del de XM– y el operador del mercado. No sobra revisar los modelos, pero entrar a tomar decisiones con uno recién fabricado no es la mejor de las ideas en un momento de crisis que no se veía desde el apagón de 1992.

También se ha ventilado en la opinión pública que los generadores térmicos le “incumplieron” al país. Todo lo contrario. De no ser por los generadores térmicos, el país se hubiera apagado hace meses. Más bien, a pesar de unas dificultades enormes de toda índole (logísticas en la consecución del combustible, económicas en generar energía a pérdidas, políticas en que se les vino el mundo encima), la energía de las plantas térmicas ha estado ahí para soportar el sistema. Otra discusión, que habrá que dar en su momento, es si la sociedad colombiana está dispuesta a asumir lo que vale un respaldo costoso, como el de las térmicas a líquidos o el que se viene con gas natural importado.

Esto me lleva al supuesto “aumento de tarifas” por haber subido el precio de escasez. Esta medida acertada se tomó porque un problema financiero –las pérdidas de los generadores térmicos– iba a resultar en un apagón del sistema. Además, elevar el precio de escasez es una decisión regulatoria que nada tiene que ver con lo que cobran los comercializadores a sus usuarios finales. En regiones como Bogotá, donde el distribuidor tiene contratos para cubrir su demanda, el componente de generación en la tarifa no supera $180 por kWh, así el precio de escasez para las térmicas a líquidos se haya fijado en $470.

Esta línea de argumentación ha llevado a que mucha parte de la opinión y mucho político quiera crucificar a las térmicas, llegando a cuestionar la forma como se han utilizado los recursos del cargo por confiabilidad. Aquí hay otro principio que hay que guardar: los recursos del cargo no son recursos públicos. Romper con este principio traería consecuencias muy negativas en materia de inversión en la expansión de la generación hacia el futuro.

La crisis actual fue en buena medida causada por la salida desafortunada y sorpresiva de Guatapé. Con esa central operando, el país no tendría problemas para suplir la demanda de energía. Que la central de generación más importante del país no pueda generar ni un megavatio y a su vez afecte la generación de las plantas aguas abajo de su embalse (San Carlos, Playas, Jaguas) no se lo esperaba nadie, y nadie puede planear para un evento de estos. No creo que la sociedad esté dispuesta a pagar lo que valdría cubrirse contra riesgos bastante improbables como la salida de Guatapé en medio de un Niño.

Lo anterior no quiere decir que esta crisis en el sector eléctrico no haya revelado algunos cambios que hay que hacer al marco regulatorio. Claro que hay que revisar varios aspectos, incluyendo la arquitectura del cargo por confiabilidad. Y hay que decirlo claramente: el precio de escasez no está bien fijado, y tiene falencias. Este probablemente será el aspecto más importante a revisar en la estructura del cargo.

Pero hay que evitar a toda costa que esta revisión resulte en que en la cacería para buscar culpables, que seguramente vendrá, se pierda lo que se ha construido durante más de 20 años en materia de legislación y regulación eléctrica. Retroceder en la independencia de las instituciones, o en que en la toma de decisiones primen los argumentos técnicos y no los políticos, sería nefasto para todo el sector y para la sociedad colombiana. Eso sí sería un verdadero apagón.

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