Opinión

  • | 2016/09/01 00:00

    Buen acuerdo, pero sin justicia no habrá paz

    Como colombiano, mi reconocimiento y gratitud a Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle y todo el equipo negociador. Haber logrado un acuerdo con las Farc era casi imposible y ellos lo hicieron posible.

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El país poco a poco va a reconocer la magnitud y trascendencia del acuerdo. Indistintamente de todas las críticas –muy injustas en su mayoría– el acuerdo es razonable. Yo tuve el honor de ser parte de uno de los equipos negociadores del presidente Pastrana y no tengo la menor duda de que en aquel entonces la magnitud de los temas que se aceptaron negociar –como el modelo económico, entre muchos otros– no hacía factible una negociación equilibrada. Todos los que en el pasado trataron de negociar con las Farc saben que lo pactado es mejor que lo que eran sus aspiraciones más optimistas en aquel entonces.

Leyendo en diagonal el acuerdo no dudo que mi voto y compromiso es con el Sí. Con el fin del conflicto, los políticos se quedan sin excusas para resolver los problemas de fondo que hacen que nuestro Estado esté al servicio de unos pocos y de espalda a la mayoría.

En casi 20 años como servidor público ninguno de nuestros presidentes ha actuado acorde a esos hermosos principios y objetivos visionarios que el acuerdo plantea. Sin pretender juzgar las complejas transacciones que todo líder tiene que hacer para avanzar en lo que juzga trascendental, a mí siempre me ha sorprendido la facilidad con que entidades públicas trascendentales se convierten en vulgares botines electorales. La corrupción en la política es un estado de cosas por el que toda sociedad ha atravesado, pero si no se aplican los correctivos a tiempo, el proyecto de construir una nación moderna fracasa. En Colombia, con la excusa de la ‘gobernabilidad‘, se tajan y reparten como tocino la Dian, el Invima, el ICA, el Igac, la Registraduría Nacional, las notarías, los hospitales públicos, Coldeportes, el ICBF, el Sena, el Invías, consulados y embajadas etc. Cuando el Estado es una piñata no hay futuro ni, mucho menos, paz.

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Si el presidente nos habla de paz, su gobierno tiene la responsabilidad histórica de liderar una verdadera reforma a la justicia, en particular a los mecanismos de control y vigilancia del sistema electoral. El acuerdo negociado, para ser exitoso, necesita que la justicia sea capaz de operar de forma efectiva e independiente.

Si la Fiscalía o el Consejo Nacional Electoral investigaran lo que sucede en el país, la mayoría de los caciques electorales estarían indagados por múltiples delitos. La impunidad es el mayor obstáculo del acuerdo presentado, unida a la mala memoria de los colombianos –¿o será que a nadie le importa entender el origen de los $482 millones en efectivo que transportaba Yahir Acuña días antes de las elecciones de octubre de 2015, la junta virtual detrás de las elecciones en Sucre o el renacer del control del chance de ‘la gata‘?–. Y las investigaciones sobre el exmagistrado Villarraga y sus bochornosas fiestas, o los contratos que suscribió la Dian con un eminente político para la construcción y remodelación de sus sedes regionales, por más de $55.000 millones, y sedes como la de San Andrés, que las pagan sin haber hecho casi nada y la funcionaria que firma la recepción a satisfacción se suicida. En Colombia los asuntos de fondo se denuncian pero no se investigan, el tiempo y la bendita prescripción son la fórmula de la impunidad.

Un pilar básico de una democracia es elecciones libres y justas, y las nuestras están lejos de satisfacer este principio. Todo el país fue testigo de la manipulación de los sistemas de la Registraduría en la elección del gobernador del Valle en 2012; más de 12 funcionarios estaban implicados; personal del presidente del CNE estaba involucrado. Los sistemas de la Registraduría seguramente continúan igual de vulnerables. Mucho dinero se mueve en épocas electorales y esos defectos en la infraestructura informática del país son muy convenientes. Los sistemas de la Dian son idénticos, un queso lleno de agujeros que permiten poner al Estado al servicio del mayor postor.

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El sistema está podrido, los poderosos tienen colaboradores al interior de la Registraduría Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía y la justicia. La compra de votos es masiva y la manipulación de actas electorales siempre queda impune. Los grandes contratistas de lo público, los narcos y los grandes lavadores operan complejas coaliciones que les garantizan impunidad y poder. Se opera a través de complejas redes de favores, repartición masiva de dádivas, evidencias sobre secretas perversiones y deudas personales. La falta de justicia –y no las Farc– es el verdadero obstáculo para el progreso del país.

Santos ya hizo historia, y me alegra mucho por él y por todos nosotros. El que esta historia sea memorable o no dependerá de su ejemplo. Él como mínimo debería ceñirse de ahora en adelante a los exigentes principios que plasmó en la visión de la Colombia próspera y en Paz del acuerdo con las Farc.

Por todo esto, el Gobierno debe convocar una constituyente para reformar en su integridad el sistema judicial. El país necesita garantías y contrapesos institucionales para atajar todos esos capitales de lo ilícito que van a buscar el Poder.

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