Opinión

  • | 2017/11/09 00:01

    Aprender en carne ajena

    Es hora de que en Colombia dejemos de discutir sobre el acuerdo y estudiemos la viabilidad de lo que será el posconflicto.

COMPARTIR

El caso del intento de independencia de Cataluña puede dar enseñanzas a Colombia. La justificación de que es una nación en sí misma, con cultura, historia y lengua propias es sin duda válida. La pregunta es si es suficiente para poder sacar adelante el proyecto que desean. Lo cierto es que el absurdo no está en lo que se argumenta como justificación, sino en lo que no se tiene en cuenta.

En el caso de Cataluña las repercusiones económicas serían catastróficas, o peor, inmanejables. Y no solo por el costo del montaje de una nueva administración pública. Las exportaciones de la región al resto de España son muy superiores a las importaciones, lo cual implica que de romperse esa relación la balanza comercial con quien hoy es su principal socio y con el cual tiene un superávit de 19.000 millones de euros caería a un negativo equivalente a 6% de su Producto Interno Bruto (el de España es de 2,01% de su PIB).

Le podría interesar: Pobre país, pobre Santos

Salidos de la Unión Europea esa exportación tendría automáticamente los impuestos de aduana que hoy no tienen. Eso significaría disminuir ese mercado de 45 millones de consumidores al de 7,5 millones de catalanes. No solo las grandes firmas nacionales sino las trasnacionales abandonarían su sede por esta razón. Se estaría hablando además de la destrucción de 180.000 empleos en solo el sector farmacéutico y de alimentos.

Si se pensara en la total autonomía esta incluiría una moneda nacional, digamos la ‘peseta catalana’. Pero dicha moneda no sería intercambiable ni aceptada en ningún otro país. Sería semejante a las monedas de las repúblicas africanas que no son recibidas ni siquiera en los países limítrofes.

La deuda pública española es de 1,54 billones de euros; al dividir por el PIB correspondiente, la deuda quedaría en 135% de su PIB; y si se toma el PIB per cápita sería 161%; en cualquiera de los dos casos las calificadores de riesgo le bajarían su grado aumentándose no solo el costo por la proporción sino también por el monto de los intereses.

Puede que lo que nos está pasando con el Acuerdo de Paz tenga algo de parecido.

Le recomendamos: ¿La economía, para qué?

Pareciera que en Colombia también estuviéramos pretendiendo crear un nuevo país, como lo declaran los administradores del ‘proceso’ de Paz; y en efecto se ha ido creando, aunque en forma bastante cuestionable, una ‘nueva institucionalidad’.

No se trata de descalificar las bondades y los resultados ya logrados en los acuerdos de La Habana o del Colón. Que las Farc hicieran la dejación de armas es sin duda un paso positivo y sus consecuencias se ven con la reducción de la violencia que con ella se generaba; en las zonas o territorios donde actuaban han disminuido los homicidios, los desplazamientos, los enfrentamientos armados, los secuestros y todo lo que la lógica suponía. Igual el desmantelamiento de la organización y el cambio de su accionar alrededor de las armas por su vinculación a la actividad política por la vía de los votos.

La pregunta que se repite es si ese resultado es suficiente para cerrar los ojos ante los costos que lo acompañan; o, más exactamente, si sí tenemos la capacidad de asumirlos. Con las Farc, ha ido más o menos cumpliendo el compromiso de tramitar ciertas leyes.

Lo grave es que, como en el caso de la provincia que se desea segregar, el nuevo país que nos proponen está basado en violar las leyes del que existe. El proceso se adelanta a las buenas o a las malas con maniobras viciadas, como la aprobación por el Congreso de lo que el voto popular negó, la del nacimiento del fast track, o la de la tesis que los días del calendario son solo los de las sesiones del Congreso.

Lea también: ¿La Paz o la guerra? o ¿Uribe o Santos?

Pero los compromisos que afectan la realidad y corresponden a la creación de un nuevo país son costos no solo institucionales sino también económicos. Incluyen la plata para los tres millones de hectáreas para la reforma rural, los fondos que no se sabe de dónde vendrán para la JEP, etc. La polarización allá como aquí muestra lo peligroso que es moverse hacia una nueva institucionalidad desconociendo las reglas del juego vigentes. No es fácil crear un país nuevo y una buena causa no da para justificar hacerlo a las malas, pues a la larga el daño puede exceder el beneficio y no solo para quienes desencadenan estos tortuosos caminos.

En alguna forma, es hora de que dejemos de discutir sobre el acuerdo y estudiemos la viabilidad de lo que será el posconflicto. Y si toca hacer reformas, las que son importantes en este momento no son si pueden los miembros de las Farc ser candidatos o no, o si entregaron o no el listado completo de sus bienes, sino si el posconflicto será motivo de nuevas y peores confrontaciones y frustaciones por falta de evaluación y planeación realistas.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 530

PORTADA

Empresarios se enfrentan a la incertidumbre del proceso de paz

Aunque el Gobierno ha desestimado los riesgos, los empresarios han manifestado inquietudes en la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, hay tensión en el sector empresarial.