Opinión

  • | 2014/09/18 06:00

    Mirar también hacia atrás vale la pena

    La paz de las armas no llevará a nada sin unas profundas reformas al Estado y al modelo económico.

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Se enfatiza a menudo que no hay que pensar mucho en el pasado sino mirar hacia el futuro… Pero a veces se olvida aquello de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla.

En este momento corremos el peligro de no tener en cuenta los antecedentes de nuestra historia donde nos equivocamos sobre lo que es la paz que necesita Colombia.

Aunque tenemos más de 50 años de conflicto armado, la realidad es que hubo dos casos de expectativas frustradas por haber supuesto que este se desactivaría.

No se logró la paz con los acuerdos del Frente Nacional que se limitaron a buscar acabar con la confrontación partidista. La guerra entre liberales y conservadores terminó pero al costo de acabar con lo que por excelencia es el proceso democrático, como es la posibilidad de definir entre alternativas de orientación y programas de gobierno. Lo que podría llamarse el monopolio de la dirección del país acabó siendo una manguala en el poder, que se reflejó en la cultura del clientelismo y en la nueva forma de violencia por parte de una oposición que se creó alrededor de quienes querían proponer modelos y políticas de Estado diferentes.

No se alcanzó tampoco la paz cuando, simultáneo con la desaparición en el mundo de la propuesta alternativa al modelo democrático capitalista (con la caída del muro de Berlín y la desaparición del socialismo soviético), se realizó entre nosotros la Asamblea Constituyente del 91, llamada entonces la Constituyente de la Paz.

En esta se pactó con parte de quienes se habían alzado en armas, pero no con los que proponían un cambio de modelo –el M-19 que no era propiamente ni de ‘izquierda’ ni revolucionario–; en cambio a quienes no se integraron –las Farc– se intentó acabarlas por la vía armada: gran responsabilidad y culpa ante la historia recae en quienes tomaron la decisión de, el mismo día de las elecciones, bombardear a Casa Verde, intentando acabar con la dirigencia de ese movimiento, pero llevando solo a acabar con cualquier posibilidad de lograr una nueva aproximación bajo las condiciones que salieran de ese proceso constituyente.

Ese segundo intento tuvo la característica de contener la tensión entre dos tendencias opuestas: de un lado la que le dio el nombre de ‘Estado Social de Derecho’ y de la cual uno de sus elementos centrales fue crear un Estado cuya prioridad fuera la garantía de los derechos ciudadanos; y del otro, la que dio el contenido de ‘constitucionalizar’ el modelo naciente entonces del neoliberalismo. El desarrollo posterior definió cuál prevalecería y así uno tras otro los gobiernos han seguido y profundizado como ningún otro país los lineamientos de lo que inicialmente se llamó ‘Consenso de Washington’ y hoy se refleja en las políticas de privatización, globalización, ‘ajustes’, orden alrededor del mercado, etc., conocidos como neoliberalismo económico.

El resultado actual es que entre nosotros desapareció cualquier institucionalidad y que parece una caricatura hablar de Estado de Derecho en un país donde si algo no existe es la seguridad jurídica y la confiabilidad en la Administración de Justicia (más grave es incluso que los altos funcionarios huyan justificándose en eso, es que, con más de 50% de presos sin sentencia y con las cárceles que no dan abasto y hasta los parques públicos se conviertan en ‘sitios de reclusión’, la Corte Constitucional al ordenar un límite al hacinamiento lo que hace es autorizar esta aberración); y ni se diga de lo de Social, cuando, adicional a lo anterior, somos los campeones de la desigualdad, tenemos el peor nivel de educación de América Latina, algo similar en cuanto a Salud, el mayor desempleo del hemisferio y, sobre todo, que todas las reformas requeridas han sido relegadas a un segundo plano y pendientes de la voluntad política de unos gobiernos como el actual, que prefiere intentar convencernos de que estamos pasando por el mejor momento de nuestra historia, mostrando supuestos ‘éxitos económicos’ solo medidos según los parámetros de su propia escuela.

No debemos equivocarnos respecto a que la Paz se consigue mediante lo que se acuerde en La Habana, o que depende de si lo que se da es ‘dejación’ o ‘entrega’ de armas.

La paz de las armas no llevará a nada sin unas profundas reformas al Estado y al modelo económico.

Lo que el Gobierno requiere no es apoyo para seguir las conversaciones, sino presión para que estas no se conviertan en una distracción que olvide dónde y de qué depende la verdadera paz entre los colombianos. Pactar algo con las Farc es un paso indispensable en el camino hacia una mejor Colombia; pero si miramos hacia atrás podemos prevenir el peligro de que este paso se convierta en el pretexto para justificar y aceptar como buen modelo el que se ha venido imponiendo de tiempo atrás, y del cual –por lo menos hasta hoy– el actual gobernante solo se ha presentado como su máximo exponente.

P.D. Mal presagio en ese sentido, la inminente Reforma Tributaria, cuya única motivación conocida es la necesidad de mantener un equilibrio fiscal, pero no la de cumplir una función como ordenador de la sociedad: la preocupación es conseguir la plata, no a quiénes y cómo afecta la forma en que se consigue.
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