| 7/31/1998 12:00:00 AM

Las pruebas

Las pruebas
Las pruebas de que hubo irregularidades se concentran en tres eslabones de la cadena: la licitación para el suministro de energía, la firma del contrato y las condiciones del otrosí.

La primera inconsistencia que encontró la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, se refiere a que la ley establece que en una licitación el único factor por considerar debe ser el precio, pero Electranta fijó requisitos que, en últimas, favorecían a TermoRío. Se dio un puntaje adicional para quien tuviera una carta de garantía que avalara el suministro de energía y se privilegió a los que tuvieran o proyectaran tener plantas de generación, entre otros. La segunda inconsistencia que encontró la Creg fue que no había una identificación clara de precios ni de cantidades.



Según asesores del gobierno, las irregularidades en la licitación viciaron el contrato, al desconocer la reglamentación vigente, lo que implica la nulidad del contrato.



Las pruebas finales se relacionan con la falta de competencia del gerente de Electranta para firmar el famoso otrosí y el contrato de fiducia con Fiduanglo.



Por último, el argumento legal que utiliza el gobierno para no tener en cuenta el veto que podría imponer TermoRío a la venta de activos, es que Electranta está en liquidación, lo que hace que por norma de orden público pueda disponer de sus activos para darle curso a la liquidación.



El Ministerio de Minas conoció la opinión de la Creg el 3 de julio, y ese mismo día se pidió un concepto sobre el tema a Jorge Arango Mejía, ex magistrado de la Corte Constitucional. El documento, que estuvo listo cuatro días después, fue muy claro al considerar la nulidad del contrato, debido a que el proceso de adjudicación contravino la legislación de la Creg, por lo que se generó un objeto ilícito.



Al otro día de conocerlo, el Ministro de Minas le envió una carta a Antonio Urdinola, Ministro de Hacienda, y a Cecilia López, Directora de Planeación Nacional, informando del tema, y entre todos prepararon una comunicación conjunta a la asamblea general de accionistas de Electranta que se reunía el 14 de julio, para que demandaran la nulidad del contrato.



Aunque el contrato estipulaba que cualquier problema debía ser resuelto por un tribunal internacional, la nulidad del contrato permitía que se demandara ante un juez civil del circuito. Y ésa era la idea.



Sin embargo, el 8 de julio ­cuando Cabrales preparaba la carta para sus colegas­ se publicó en el Diario Oficial la Ley 446 del 98 de descongestión de despachos judiciales, una de cuyas normas señala que aún siendo nulos los contratos, las cláusulas compromisorias son válidas. En otras palabras, obligaba a convocar el tribunal de arbitramiento internacional. Debido al alto costo de este proceso, que en promedio puede costar US$2,5 millones, se pidió a la Procuraduría que, haciendo uso de sus facultades, demande el contrato.
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