| 7/8/2005 12:00:00 AM

El embrollo jurídico

La viabilidad financiera del proyecto empezó a flaquear cuando los peajes se cambiaron de lugar en tres oportunidades por el rechazo de los usuarios de la vía Cali-Candelaria-Florida.

El embrollo jurídico
Todo este enredo comenzó en 1995, cuando la gobernación del Valle y Concesiones de Infraestructura S.A. (CISA) firmaron un contrato para la rehabilitación de 32 kilómetros de la vía Cali-Candelaria-Florida y la construcción de la doble calzada en un tramo de 17 kilómetros. La obra debía realizarse por el mecanismo de concesión y estaba previsto que la infraestructura se ejecutara en un período de dos años y la operación de los peajes se hiciera durante 20 años.

Pero la concesión hizo crisis cuando no se pudo garantizar la viabilidad económica del proyecto, pues los peajes tuvieron que ser cambiados de lugar en tres oportunidades por el rechazo de la comunidad. De igual manera, se bajó el impuesto para controlar la reacción displicente de los habitantes de la región. Ante esta situación y por mutuo acuerdo, en diciembre de 1999 las partes decidieron liquidar anticipadamente el contrato y durante dos años buscaron fórmulas de conciliación sin llegar a ningún acuerdo.

Dos gobernadores ad hoc contrataron estudios independientes para calcular el valor que debía reconocérsele al consorcio. El primero, ordenado por Jorge Mario Eastman, determinó una suma de $22.000 millones. El segundo, contratado por Federmán Quiroga, $23.000 millones. Pero por diversas razones no se pudo concretar la liquidación. Entonces en diciembre de 2000, ambas partes acordaron convocar un tribunal de arbitramento para dirimir la controversia. Sin embargo, en medio del trámite arbitral, el 17 de septiembre de 2001, el gobernador Germán Villegas liquidó unilateralmente el contrato y determinó que el valor a retribuir era de $7.364 millones.

CISA, por su parte, apeló esta decisión ante la Gobernación, donde no prosperó. Pero no lo hizo ante las instancias de lo contencioso administrativo porque en respuesta a una tutela presentada ante el Tribunal Superior de Cali, le confirmaron que el juez natural y legítimo en ese caso era el tribunal de arbitramento. Así lo explicó Luis Alberto González, representante legal de la firma. Por eso esperó a que el Tribunal de Arbitramento expidiera el laudo arbitral que finalmente se dio el 24 de abril de 2003, condenando al departamento a pagar la suma de $20.000 millones. La Gobernación impuso luego recurso de anulación ante el Consejo de Estado, el cual ratificó el fallo.

Una vez posesionado como gobernador del Valle, Angelino Garzón interpuso una acción de tutela ante la sección cuarta del Consejo de Estado por considerar que se había vulnerado el derecho al debido proceso, por cuanto el Tribunal de Arbitramento no tuvo en cuenta que el contrato había sido liquidado unilateralmente, como lo permite la Ley, por lo cual carecía de legitimidad jurídica para dirimir el conflicto. Pero la tutela fue rechazada por improcedente, al igual que lo hizo la sección quinta.

Finalmente, Garzón acudió a la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, la cual ratificó la facultad de la administración departamental de liquidar unilateralmente el contrato. Además, anuló el laudo arbitral y la jurisprudencia del Consejo de Estado que legitimaba lo actuado por el tribunal de arbitramento. Para la Corte, este último "incurrió en grave defecto orgánico por absoluta falta de competencia, y el Consejo de Estado en un protuberante defecto sustancial al no anular el laudo arbitral proferido con desconocimiento de las normas legales que regulan la competencia arbitral y la facultad de la administración de liquidar unilateralmente el contrato (artículos 60, 61 y 71 Ley 80 de 1993, así como también los artículos 116, 236 y 237 de la Constitución Política)".

Sin embargo, el magistrado Manuel José Cepeda se apartó de la sentencia de sus dos colegas de sala (magistrados Jaime Araújo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra) y salvó su voto. "Estimo que en derecho no es posible concluir que el Consejo de Estado incurrió en una vía de hecho al haber negado la solicitud de nulidad del laudo arbitral. La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre las vías de hecho es clara y consiste al señalar que estas solo se presentan en situaciones de violación del debido proceso por ubicarse el juzgador en los extramuros del derecho. En este caso, el Consejo de Estado obró dentro de los márgenes de interpretación razonables de las normas vigentes según los fallos anteriores del propio Consejo de Estado".
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