| 6/22/2007 12:00:00 AM

Zona de despegue

La DIAN estudia cerca de 13 nuevos proyectos en zonas francas que atraerían inversiones por más de US$2.000 millones. ¿Cuáles son las preocupaciones?

Afinales de julio, el grupo cementero Argos presentará ante la DIAN la solicitud para la creación de una zona franca especial en Cartagena, a través de la cual ampliará su producción en 1’800.000 toneladas que se dirigirán a atender los mercados de Estados Unidos, Centroamérica y El Caribe y que demandará inversiones cercanas a los US$300 millones.

Después de haber analizado distintas posibilidades en América Latina, Argos decidió realizar esta inversión en Colombia, gracias a que se juntaron varios factores a su favor: la planta tiene cerca los recursos de materia prima, está ubicada a 700 metros del puerto, hay confiabilidad en el suministro de energía y es una zona de vocación industrial. Pero un factor determinante a la hora de tomar la decisión fue el nuevo régimen de zonas francas  que tiene como uno de sus mayores beneficios la reducción del impuesto sobre la renta gravable del 34% al 15% y que le permite a las empresas con grandes proyectos de inversión desarrollar modelos individuales.

Así como Argos, decenas de empresas están mirando el modelo de zonas francas uniempresariales y haciendo sus cálculos para definir si toman la decisión de crear su propia zona franca, pues los beneficios no son gratuitos. Hay condiciones de inversión o generación de empleo muy fuertes. Para proyectos industriales, las inversiones deben superar los US$32 millones o generar 600 empleos directos; mientras que para los agroindustriales –con especial interés en biocombustibles– la inversión es de US$16,4 millones o generar 500 empleos directos. Adicionalmente, los beneficios son para una nueva empresa. Esto significó para Argos, constituir una nueva sociedad, al igual que en el caso de Bavaria, que creó la Cervecería del Valle y se convirtió en la primera empresa en acogerse a este modelo.

El régimen también cobija a las zonas francas permanentes y a las nuevas que se generen bajo este modelo tradicional. Es decir, unas áreas definidas, donde operan empresas de diversos sectores y se benefician de las ayudas tributarias. De hecho, las empresas ubicadas en zonas francas permanentes exportaron US$668 millones en 2004 y casi US$800 millones el año pasado, un crecimiento cercano al 25% anual, según cálculos de la Andi.

Una de las mayores preocupaciones en el pasado estaba ligada a la normatividad de la Organización Mundial de Comercio, OMC, que busca la eliminación de los incentivos a la exportación. De acuerdo a José Antonio Rivas, director de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio, por eso no puede haber conexión técnica legal entre la zona franca y que esté condicionado a la exportación. “Los beneficios se dan para inversionistas nacionales y extranjeros cuya producción o prestación de servicios vayan para mercado nacional o internacional”, dice Rivas. Es decir, no es un instrumento solo para exportaciones sino que se puede aprovechar para los mercados internos.

Frente a las ofertas de otros mercados, como las zonas francas de países centroamericanos o del Caribe, Colombia tiene una ventaja. Según Juan Pablo Rivera, presidente de la Zona Franca de Bogotá, “Esos países salvo Nicaragua y El Salvador- tienen que desmontar los subsidios prohibidos antes de diciembre de 2009, circunstancia que Colombia ya hizo a finales de 2005”, señala.

“Este instrumento, sumado a la agenda de acuerdos de libre comercio con otros países y regiones, le dará al país la oportunidad de transformarse productivamente. Podremos atraer inversión en todos los sectores industriales, tecnológicos, agrícolas o de servicios, que nos permita tener oferta exportable de alto valor agregado”, dice el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata.

El nuevo boom

El interés en las zonas francas se refleja en las empresas de consultoría y abogados que reciben a diario numerosas solicitudes para analizar la viabilidad jurídica y de negocios de los proyectos. “La agenda es totalmente distinta. La idea es utilizar con creatividad este instrumento”, dice María Concepción Puello, de la firma Perilla, Puello, Schlegel y Asociados, que en la actualidad adelanta el estudio de varios proyectos agroindustriales en la Costa Atlántica. “Lo importante es el encadenamiento que se pueda conseguir en el proceso”, agrega.

Hoy, la Dirección de Aduanas de la DIAN estudia 13 solicitudes de nuevas zonas francas, cuyas inversiones se estiman en más de US$2.000 millones. Según la Dirección de Inversión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hay interés en sectores como cosméticos –en dos proyectos, uno en Bogotá y otro en Cartagena–, biocombustibles –en Santa Marta–, agroindustria –en Caldas–, cementero –con el proyecto de Argos–, construcción –en Barranquilla–. También está en estudio la zona franca internacional de Barranquilla, bajo el modelo permanente, con 120 hectáreas y donde se han presentado solicitudes de empresas de Colombia, Italia, Estados Unidos y Venezuela.

“Hay multinacionales de diversos sectores, como el hotelero, la industria siderúrgica y la automotriz que están contemplando en el modelo de zonas francas especiales la posibilidad de realizar inversiones”, explica Gustavo Lorenzo, de Ernst & Young. Por su parte, Bernard Gilchrist, presidente ejecutivo de la corporación Cartagena de Indias Puerta de las Américas, considera que hay sectores como el plástico, donde esta ciudad da valor agregado y se pueden esperar desarrollos allí.

Este instrumento complementa la estrategia de comercio exterior del país y de atracción de inversiones. En el primer caso, con la agenda de tratados de libre comercio que se han aprobado, en discusión o para iniciar su trámite de negociación –Estados Unidos, Centroamérica, Chile, Efta, Unión Europea, Canadá–. Y en el segundo, con otras herramientas como los contratos de estabilidad jurídica que les permite a las empresas mantener reglas del juego estables que garanticen sus inversiones.
Consultores como Puello y Lorenzo aseguran que los proyectos que hoy adelantan en el tema de zonas francas incluyen, simultáneamente, los contratos de estabilidad jurídica con el gobierno, pues se tiene certeza sobre las reglas con que se monta la inversión.

Hasta ahora, Alpina es la única empresa del país que ha firmado contratos de estabilidad jurídica con el gobierno. Pero en el corto plazo, no será así. Cuando Argos constituya la nueva sociedad para su zona franca especial, radicará ante el Ministerio de Comercio el proyecto de solicitud de estabilidad jurídica, que abarcaría temas como los portuarios y ambientales. Las reglas del juego para el portafolio de inversión están abiertas.
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