| 5/1/1993 12:00:00 AM

Violencia y negocios

La única inversión extranjera nueva que ha llegado al país, diferente de las compañías petroleras, es una blindadota de carros.

Una de las metas de la apertura económica fue atraer inversión extranjera a Colombia. Tres años han pasado desde el anuncio de esta política, que permitió no sólo que inversionistas foráneos poseyeran el 100% del capital de los bancos y, más aún, de las empresas de energía eléctrica, sino también la expatriación de la totalidad de las utilidades y la caída del Decreto 444, que se interpuso durante 24 años en las transacciones externas, para mencionar sólo unas de innumerables reformas. A pesar de todo, los inversionistas extranjeros no han venido a Colombia. La razón: la violencia.

Sólo una compañía extranjera, diferente al sector de petróleo, ha realizado una nueva inversión directa en los últimos tres años. Irónicamente, se trata de una planta que produce carros blindados.

The Executive Armoring Corp., con sede en San Antonio, Texas, planea blindar cerca de 50 vehículos al año para proteger a los usuarios de secuestradores y asesinos, a una tarifa que fluctúa entre US$45.000 y US$ 80.000 por carro.

La buena noticia es que la compañía va a aprovechar la apertura para exportar sus productos al resto de Suramérica. La mala es que será la única que invertirá en Colombia, aprovechando la apertura. La mayor parte de la inversión extranjera, diferente al petróleo, que ha entrado en el país durante los últimos tres años, ha consistido en reinversión de utilidades de compañías ya existentes aquí.

Peter Zalite, el agregado comercial de la embajada canadiense llama a Colombia "el mejor lugar para invertir en Latinoamérica fuera de Chile". Sin embargo, ni Zalite ni ninguno de sus homólogos han sido capaces de convencer a otras empresas de localizarse aquí. Diplomáticos occidentales dicen que si la violencia dificulta convencer a los vendedores y compradores para que acudan a una feria comercial en el país, mucho más difícil sería convencerlos de que construyan una fábrica.

Colombia aventaja al resto de Latinoamérica en su fuerza de trabajo calificada, baja inflación y estabilidad política. Todo esto se traduce en utilidades, dice Simón Loopuit de Baring Securities, que es una de aproximadamente 10 compañías que han invertido, en su conjunto, algo más de US$ 80 millones en las bolsas de valores del país.

Aparentemente, Colombia no tiene problema en atraer fondos extranjeros a su mercado de valores. Sin embargo, las empresas extranjeras dudan en comprometer personal y equipo en el país que registra la tasa de asesinatos y secuestros más alta del mundo. O así es como lo perciben en el exterior. Forbes clasifica a Colombia como el país más peligroso del mundo para hacer negocios, después de Perú, India, El Salvador y Turquía. En esos países los extranjeros son blancos muy notorios, mas ese no es el caso en Colombia. Compañías que tienen una tradición en el país como General Motors, Coca-Cola y Citicorp están incrementando sus operaciones en el país, con la idea de abastecer a otros países de Latinoamérica desde Colombia.

Los inversionistas colombianos también son tímidos en el momento de invertir localmente. De acuerdo con Salomón Kalmanovitz, decano de la facultad de Economía de la Universidad Nacional, gran parte de los US$2.000 millones que entraron en el país el año pasado como repatriación de capitales, no se invirtió en nuevas fábricas. La mayoría se destinó a inversión en propiedad raíz y construcción. Los recursos que sí se aplicaron a la industria se destinaron a saldar deudas, comprar nuevos equipos y contratar trabajadores en fábricas ya existentes. Ello incrementó los niveles de eficiencia y contribuyó con una porción importante en el crecimiento en 1992. Pero no se crearon empresas nuevas.

Algunos extranjeros se han adelantado a decir que el presidente Gaviria puede haber exacerbado la percepción externa de un clima de inversión muy violento, al declarar el estado de excepción, el 8 de noviembre del año pasado. Según

uno de los 10 decretos emitidos, el gobierno cancelará los contratos con cualquier compañía que le haga pagos a la guerrilla. Este decreto está dirigido a las empresas petroleras, que son acusadas con frecuencia de pagar cuotas a la guerrilla, y se encuentran entre las pocas empresas privadas que contratan directamente con el Estado. Ello significa por ejemplo, cancelar un contrato de asociación.

De todas maneras, las empresas petroleras, los únicos grandes inversionistas durante los últimos años, no han traído sus recursos al país como consecuencia de las facilidades de la apertura, puesto que ellas tienen un marco legal diferente al del resto de la economía. El petróleo es el sector más acostumbrado a lidiar con condiciones difíciles.

British Petroleum, por ejemplo, va a invertir este año US$200 millones, para explotar cerca de 2.000 millones de barriles de petróleo en los yacimientos de Cusiana y Cupiagua. El presidente de BP para América Latina, David Harding, manifestó que la situación es "completamente manejable". En otros países, en América Latina, Africa y Asia, "los riesgos de seguridad no son menores a los de Colombia, y en algunos casos son peores".

La idea de la seguridad que tiene BP no es convertir los pozos en campamentos armados. Por el contrario, la población local está involucrada en los esfuerzos de seguridad. BP, como otras compañías, provee escuelas y asistencia médica y sanitaria en las áreas de influencia, para ganar el apoyo de la población. El costo de tal seguridad no es un disuasivo para la inversión. Un ejecutivo de petróleos dice que mientras el gobierno impone un impuesto de US$0,90 por barril, la seguridad total sólo cuesta US$0,05 por barril.

Por supuesto Colombia no es el único país violento. Executive Armoring planea construir una planta en Guatemala también, y venderá sus productos a toda Centroamérica.
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