| 4/3/2009 12:00:00 AM

Un plan B para Grajales

Tras el fallido intento de trasladar la administración de las empresas agroindustriales a un privado, urgen alternativas para salvar la operación en el Valle.

La incertidumbre sigue reinando en el norte del Valle. Todo estaba listo para que la administración de las empresas agroindustriales del Grupo Grajales quedara en manos de operadores privados. Hasta hace unos días, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), los trabajadores, los proveedores, los alcaldes de cinco municipios y hasta las grandes superficies cruzaban los dedos para que se cerrara el negocio con la unión temporal que había sido seleccionada para asumir el control y que le inyectaría el capital de trabajo requerido para su supervivencia: unos $12.000 millones. Y de paso salvar unos 3.500 empleos directos y unos 8.000 indirectos.

La compañía estadounidense The Sun Land y la italiana Tenute Villa Divinus se unieron para presentar una propuesta unificada para asumir el control de Frexco (produce pulpas de fruta), Casa Grajales (fabricante de vinos), Grajales S.A. y Agronilo (que cultivan y comercializan frutas como papaya, melón, uva, maracuyá y guayaba), las cuales fueron allanadas en 2005 por lavado de activos y están en proceso de extinción de dominio. La primera aportaría el 83% de los recursos y la segunda el 17%.

Estaba previsto que la unión temporal administraría los negocios durante diez años, mientras que el aporte de capital sería de unos $15.000 millones, los cuales se deberían desembolsar en los primeros dos. A su vez, como contraprestación, la Dirección Nacional de Estupefacientes iba a recibir recursos por $30.000 millones a lo largo de todo el periodo de arrendamiento. Sin embargo, cuando el contrato estaba listo para ser firmado, hace solo unos días, The Sun Land se echó para atrás aduciendo problemas relacionados con la crisis económica mundial.

La situación más crítica la afrontan Grajales S.A. y Agronilo, las cuales concentran en sus 3.000 hectáreas de producción más del 80% de los puestos directos e indirectos que genera el Grupo y que dinamizan la economía de municipios como la Unión, Roldanillo, Zarzal, Dobio, Toro y Bolívar, en el norte del Valle.

A su vez, la actividad agrícola representa el 98% de los ingresos anuales de la organización, que en 2007 facturó $38.275 millones y sacó al mercado unas 57.000 toneladas de frutas.

Pero la inclusión en la lista Clinton les cerró muchas puertas, incluidas las del sistema financiero. Ni siquiera el Banco Agrario, que es del Estado, les quiso prestar el capital de trabajo requerido para reactivar parte de la operación (hay unas 400 hectáreas improductivas), pese a que están siendo controladas por Estupefacientes y que los activos del Grupo Grajales ascienden a $117.000 millones y su patrimonio a $100.000 millones.

Tablas de salvación

Desde que se supo que los estadounidenses se salieron, Estupefacientes viene analizando varias alternativas para sacar adelante estos negocios. El director de la entidad, Carlos Albornoz, sostiene que por tratarse de una actividad muy difícil de manejar, como es el agro, lo más conveniente es dejar su administración en expertos del sector. Por eso no se descarta que se busquen otros inversionistas que estén dispuestos a asumir el control, entre los cuales estarían varios de los que se presentaron en la primera convocatoria, como Colanta, por ejemplo.

"La empresa que más me desvela es Grajales. Es el eje de desarrollo de cinco municipios. Aún así nos han dejado solos en este proceso. Ni siquiera el Banco Agrario contribuye y aquí todo el problema se reduce a la falta de liquidez para la compra de insumos, de abonos, de fertilizantes y el pago de proveedores. Pero estudiaremos todos los escenarios posibles para que sigan adelante", sostiene Albornoz.

Sin embargo, ante la posibilidad de que no aparezcan más interesados en asumir la administración del Grupo, se ha pensado en poner en marcha un proceso de reingeniería para crear unidades de negocio más homogéneas. De esta manera, se ganaría en materia de economías de escala y resultaría más fácil entregar a privados su administración fraccionada y no toda en su conjunto.

En este sentido se fusionarían en una sola operación Grajales S.A, Agronilo y Frexco. Así, la actividad agrícola y de producción de pulpa podría interesar a una de las grandes superficies como Olímpica, el Éxito o Carrefeour que adquieren sus productos. A su vez, la producción de vinos, que está a cargo de Casa Grajales, podría ser asumida por empresas como la Industria Licorera de Caldas, que ha mostrado interés en este negocio.

A su vez, el hotel Los Viñedos, ubicado en la Unión, y que también hace parte de los activos del Grupo Grajales, se le podrá ofrecer a un operador hotelero como Aviatur. Está ubicado en la cima de una montaña desde donde se divisan los cultivos de uva y de frutas y cuya actividad turística está muy ligada a la producción vinícola, pues en este municipio están la fábrica y las cavas de los vinos Grajales.

Otra alternativa que se estudia, es la posibilidad de que Grajales se convierta en el gran comercializador de frutas del Valle. Aprovechando el peso de su marca, compraría la producción de agricultores de la región para comercializarlas con el sello Grajales a las grandes cadenas y supermercados del país. Para lograrlo, el Gobierno tendría que capitalizar la empresa, para lo cual se venderían algunos activos improductivos de la compañía, como un local que le tienen arrendado a Pomona en Bogotá y unos lotes donde no se cultivan frutas.

También se ha propuesto que la Dirección Nacional de Estupefacientes acuda al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) para obtener los recursos que se requieren con el fin de garantizar la operación de las empresas.

El sindicato, por su parte, también quiere aportar su granito de arena. Su presidente, Mario Isaac, propone el sistema de agricultura contratada. La idea es que les entreguen en arriendo los terrenos donde, por falta de recursos, no se han podido reactivar los cultivos, para ponerlos a producir con un socio estratégico. Así mismo, propone la creación de microproyectos que permitan utilizar la fruta desechada con miras a montar más plantas de pulpa o utilizarlas en la fabricación de abono, para lo cual ya existe un preacuerdo con una firma del Valle.

"Hay que actuar con prontitud, pues no tenemos con qué producir. Si hay para la nómina no hay para comprar insumos. A las plantaciones no se les aplica lo que se les debe aplicar en materia de insumos y fertilizantes y por eso no se reanudan los ciclos de cultivo", advierte Isaac.

También se prevé que la gobernación del Valle insista ante el gobierno central para que les ceda la administración de estas empresas, como ya lo intentó en el pasado, antes de que la DNE iniciara el proceso para escoger un administrador privado, que finalmente fracasó.

Según el secretario de Agricultura, José Vicente Irurita, el departamento contrató un estudio el año pasado, en el cual se estableció la urgencia de inyectarle capital de trabajo a la actividad agrícola para comprar fertilizantes, poner al día los sistemas de riego, mejorar los manejos fitosanitarios y llevar cabo las resiembras. De lo contrario, las empresas se verían abocadas a un cierre con el impacto social y económico que eso representaría para la región.

"Eso requería unos $10.000 millones. Esa fue nuestra propuesta. El gobernador dejó abierta esa puerta y hoy estamos atentos a respaldar cualquier estrategia o plan B que se ponga en marcha para salvaguardar estas empresas", sostiene el funcionario.

Lo cierto es que se requiere de una solución pronta, pues según denunció la alcaldesa de La Unión, Alexandra Arias, la baja productividad de los cultivos ha hecho que se pierdan en el último año unos 800 empleos en la zona y ponga en peligro la economía regional. "El 50% de los ingresos del municipio por concepto de industria y comercio, unos $325 millones, los aporta el Grupo Grajales. Por predial, su contribución también es muy importante. Economías de municipios como el nuestro dependen en buena medida de su actividad comercial", sostiene.

Por lo pronto, la operación seguirá recibiendo apoyos importantes para que, pese a las adversidades, siga cumpliendo con su función económica y social. Como los que les están ofreciendo las grandes superficies que se han convertido en sus principales aliados. Olímpica, por ejemplo, les paga a 24 horas para mejorar su flujo de caja. A su vez, las empresas agrícolas del Grupo Grajales les corresponden con productos de alta calidad que cumplen a las exigencias de las cadenas.

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