| 3/26/2010 12:00:00 PM

Tormenta entre accionistas del Puerto de Cartagena

La estrategia del empresario Manuel Parody para adquirir mayor poder en la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena fue descubierta por los accionistas mayoritarios, quienes intentan bloquearle esta operación.

El viernes 12 de marzo, a pocos metros del muelle, se vivió una de las peores tormentas que han sacudido al puerto de Cartagena. Mientras los buques esperaban ser descargados, los accionistas mayoritarios de la Sociedad Portuaria, junto con su equipo legal, no solo ponían en evidencia la estrategia utilizada por el empresario Manuel Parody para aumentar en forma anónima su participación en la compañía, sino que impidieron que se registrara en los libros una prenda que le serviría de garantía para seguir financiando su incremento accionario.

Por eso, lo que en teoría iba a ser una reunión ordinaria de la asamblea de accionistas, terminó convertido en un campo de batalla entre los representantes de Parody y los accionistas mayoritarios, liderados por el Capitán Alfonso Salas, y los empresarios cartageneros Gerardo Rumié, Jairo Espitia, Manuel Enrique Cavelier y Sergio Espinosa. Aunque la estrategia de Parody claramente está encaminada a resquebrajar el control que han tenido los empresarios cartageneros desde la creación de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC), una de las mayores preocupaciones radica en que el fin último de esta sea adquirir poder para posteriormente vendérselo a un tercero, sin que los demás accionistas puedan darle su visto bueno. De hecho, según conoció Dinero, algunas firmas de abogados ya han recibido mandato de inversionistas ajenos a la Sociedad Portuaria para que adquieran acciones de la compañía.

Esta preocupación cobra relevancia porque la administración del puerto contrató en 2008 a la banca de inversión UBS para vender la sociedad portuaria, un proceso que se frenó y dejó a algunos accionistas, dentro de los que se encuentra Parody, interesados en vender su parte. Los asesores legales de Parody reconocen que el objetivo de la estrategia es capturar valor para una eventual salida a vender la compañía, pero insisten en que esta se haría de forma conjunta con los demás accionistas, teniendo en cuenta que la iniciativa de venta ha sido promovida durante largo tiempo por la administración del bloque mayoritario. "Lo que hay detrás es la creencia de que esto es un negocio bueno con problemas de gobierno corporativo, pero que el día de mañana se puede hacer un buen negocio", señalan.

 El florero de Llorente

El origen de la pelea radica en que la firma de abogados Prieto Carrizosa, apoderada del bloque mayoritario, descubrió que Manuel Parody habría comprado Inversiones Valores y Logística, una empresa en liquidación de Bancolombia, la firma Rosales, del empresario Gabriel Echavarría, y que estaría próximo a cerrar un trato para adquirir Coremar. Estas tres compañías tienen acciones en la SPRC y en Cartagena II, por lo que en la práctica quien las adquiera queda como titular de estas participaciones, así ante todo el mundo los propietarios de las compañías sigan siendo los mismos (ver recuadro).

Según Martín Acero, abogado que lleva el caso en Prieto Carrizosa, con este mecanismo se viola el derecho de preferencia establecido en los estatutos de las compañías que tienen la concesión del puerto, porque las acciones se adquirieron sin que hubiera una oferta previa a todos los accionistas para que estos pudieran tener la posibilidad de adquirir las acciones en proporción a su participación. Pero, según los abogados de Parody, lo único que prohíben los estatutos es cualquier transferencia por la cual cambie el accionista registrado en los libros de accionistas, por lo que la maniobra es perfectamente legal.

Con respecto a por qué se hicieron estas adquisiciones de forma anónima y no a través de otras figuras como el usufructo, que permiten adquirir los derechos de las acciones pero obligan a informar a la administración de la operación, los asesores de Parody señalan que es un tema fundamentalmente logístico, porque es más fácil tener inversiones registradas en una holding que en una sociedad. Además, afirman que anticipaban que la administración de la Sociedad Portuaria "podía tomar medidas que impidieran el ejercicio libre de los accionistas. Por eso se acudió a esta figura".

El hecho es que el haber descubierto esta operación llevó a los accionistas mayoritarios a impedir que se inscribieran prendas de Coremar, del empresario Savernio Minervini e Intertuc, de Parody, alegando que este aval estaba destinado a seguir financiando la compra anónima de acciones, lo que desató una gran pelea entre los accionistas. El argumento de los asesores de Parody es que es obligatorio registrar la prenda, y que no se está violando el derecho de preferencia. Desde ya se anuncian demandas por parte y parte.

Es indudable que el grupo cartagenero se enfrenta a una situación de entrada por la puerta de atrás que tiene por objeto que el empresario Parody consolide su participación en la Sociedad Portuaria. Sin embargo, le va a quedar difícil reversar esta situación, pues la estrategia de la contraparte, si bien puede no ajustarse al espíritu de la norma, sí respeta la forma y las exigencias jurídicas de la misma. El derecho de preferencia tiene limitaciones en su alcance definidas por la ley, y esta circunstancia es la que está aprovechando el accionista minoritario para hacerse al control de las holdings que tienen participación en la Sociedad Portuaria.

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