| 9/4/2009 12:00:00 AM

¿Tabla de salvación?

El gobierno ve en empresas como ISA, EPM, EEB e Internexa la solución a parte de sus problemas financieros y la posibilidad de acelerar el desarrollo de nuevos proyectos. ¿Qué refleja esta estrategia?

La crisis financiera de las empresas del sector eléctrico en la década de los 80 obligó al Gobierno a salir a salvar las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal. Hoy, casi dos décadas después de lanzarles este salvavidas, las empresas del sector eléctrico se están convirtiendo en la tabla de salvación de la administración de Álvaro Uribe para ayudarle a generar recursos que reduzcan el déficit fiscal y para acelerar obras de infraestructura.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), aliadas con las gobernaciones de esos departamentos, le pagaron al Gobierno más de $600.000 millones para adquirir las electrificadoras de Santander y Norte de Santander en el primer caso, y de Cundinamarca, en el segundo; EPM es el candidato preferido por el Gobierno para venderle el 57% de Isagen en una operación que podría ascender a los $3 billones; ISA se convirtió en el estructurador del megaproyecto Autopistas de la Montaña, en Antioquia, que tiene un valor superior a los $2 billones; y más recientemente se conoció que Internexa, empresa de telecomunicaciones del Grupo ISA, podría ser la firma que construirá y administrará la red pública para la Televisión Digital Terrestre (TDT) cuya inversión ascendería a US$100 millones.

A juicio de algunos expertos, la decisión del Gobierno de darles tanto juego a las empresas públicas deja sobre la mesa varios interrogantes. Por una parte, queda en evidencia una debilidad institucional por parte de la administración, que prefiere delegar en estas empresas públicas procesos que le correspondería estructurar y, por otra, se ponen en riesgo esquemas de competencia en sectores como generación de energía, lo que desestimularía el ingreso de inversionistas extranjeros y limitaría la expansión internacional de las empresas públicas nacionales.

La coyuntura

¿Por qué el Gobierno busca como tabla de salvación para muchos de sus proyectos a las empresas públicas? Varias razones pueden explicar esta inquietud. Por un lado, la naturaleza jurídica de estas compañías facilita las operaciones y la búsqueda de recursos y, por otro, disminuye los tiempos en los procesos de venta y en el desarrollo de obras.

El propio presidente Álvaro Uribe ha reconocido la importancia de estas empresas para el cumplimiento de sus planes. En una reunión con empresarios antioqueños, a finales de julio, fue muy claro: "Empresas Públicas de Medellín acude y ha acudido cada vez que la hemos llamado a que nos ayude a resolver un problema en alguna región de Colombia, y lo ha hecho con diligencia. Y eso hay que reconocerlo y agradecerlo". Uribe también reconoció en esa misma reunión la ayuda de ISA: "El contrato de Autopistas de La Montaña se hace con ISA, una empresa que tiene un gran capital de confianza, un contrato a libro abierto en el que la Nación sabe que no corre un solo riesgo".

Sin embargo, esta disposición del Gobierno a acudir a estas compañías es la que ha sido cuestionada por gremios y analistas porque desinstitucionaliza sectores como el vial. "La capacidad e idoneidad técnica de ISA es indiscutible y a ella no se le hace ninguna observación crítica. Pero, en la medida en que el Estado tiene que buscar terceros -como ISA, el Banco Mundial o la Corporación Financiera Internacional- para estructurar proyectos, está reconociendo una falencia en el sector transporte y eso es lo que nos conduce a pensar que hay que revitalizar el Instituto Colombiano de Concesiones (Inco), como gran promotor y estructurador", dice Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), quien agregó en el foro sobre concesiones de Semana, la Contraloría y la Esap que, en el futuro, "los gobernadores de los departamentos estarán haciendo fila en ISA para estructurar sus vías y no en el Inco, que es la entidad llamada a hacerlo". Otros van incluso más allá. "Hay una debilidad institucional de la Nación que se apoya en esas empresas para hacer parte de la labor que ellos deberían hacer", dice un banquero de inversión.

El gerente de ISA, Luis Fernando Alarcón, reconoce que la naturaleza jurídica de esta compañía agiliza los trámites con la Nación. Sin embargo, insiste en que no es un nuevo vehículo del Gobierno. "No creo que las empresas públicas sean utilizadas por el ejecutivo como mecanismo para desarrollar proyectos. Sin embargo, sí existen situaciones jurídicas especiales que facilitan algunos procesos", señala. Alarcón se refiere al negocio de las Autopistas de La Montaña, un proyecto en Antioquia, en el que el departamento y el municipio de Medellín aportan un $1billón y la Nación el billón de pesos restante. "Allí, la posibilidad de estructurarlo surge de la naturaleza jurídica de ISA que permite hacer una contratación directa, en un proyecto sui generis".

Por su parte, Álvaro José Soto, director del Inco, defiende la independencia de su entidad. "ISA es un desarrollador financiero y como tal juega un papel: firma el convenio con la Nación, y es esta la que le da los lineamientos de lo que se necesita, cuáles son las características y las especificaciones de la obra", explica.

A la Contraloría le preocupa que el Gobierno utilice estas entidades para evitar licitaciones públicas. "Aunque no podemos hacer control previo, nos explicaron frente a ese proyecto que toda contratación que haga ISA se hará a través de licitaciones públicas y se tendrán que cumplir principios de eficiencia, eficacia y transparencia", dice César Torrente, contralor delegado para infraestructura, telecomunicaciones, comercio exterior y desarrollo regional.

En el caso del sector eléctrico, hay cuestionamientos regulatorios y estratégicos. En el tema regulatorio, la mayor preocupación radica en que si el Gobierno le vende Isagen a EPM tendría que hacer un cambio de regulación porque EPM excedería el máximo permitido del 25% de participación en el negocio de generación, al acercarse al 40%.

Esta circunstancia tiene en alerta a los inversionistas. Algunos de ellos han manifestado en privado su inconformidad por la posibilidad que abrió el Gobierno y que podría poner en riesgo un sistema y un mercado en competencia que, paradójicamente, le ha dado fortaleza a empresas públicas como EPM y la misma Isagen.

Sin embargo, Federico Restrepo, gerente de EPM, insiste en que serán respetuosos del marco regulatorio y normativo existente. "Lo que permite la regulación es que los excedentes de mayor energía generada, por encima de esos porcentajes autorizados, se tengan que subastar. Es decir, que un tercero los comercialice, que es equivalente a enajenar activos sin necesidad de vender las plantas", explica Restrepo.

Por otra parte, si EPM adquiere Isagen, tendría que replantear su plan de expansión internacional que tiene previstas inversiones de aquí a 2015 por US$5.000 millones. "Estamos esperando un pronunciamiento del gobierno nacional que es el interesado en vender. Si se da la operación se entraría a revisar el plan de internacionalización. Los recursos de esta empresa no son ilimitados. O lo uno o lo otro", afirma Restrepo. En este punto, Mónica De Greiff, presidente del grupo EEB, coincide con Restrepo. "La internacionalización de las empresas es posible que se afecte de manera sensible al participar en estos procesos", señala.

Aunque hay otros jugadores que no pierden la esperanza de ir por esta generadora, como Asofondos, que busca una banca de inversión para valorar la posibilidad de adquirir Isagen, para el Gobierno, EPM es la mejor alternativa. Dada la situación actual de los mercados, producto de la crisis financiera, hoy se está frente a un escenario más de vendedores que de compradores. Además, como la valoración de Isagen estaría por debajo de su valor en bolsa, pues hay una caída en el consumo de energía y en los precios de largo plazo por la nueva oferta de generación que entrará en operación en la próxima década, es difícil que en una subasta se alcance el precio que pretende el Gobierno, incluido en su plan fiscal de este año. Por su parte, para EPM es estratégico por las sinergias que pueden entregar las plantas de generación de mayor tamaño de las dos empresas que están ubicadas en la misma región, por lo que podría pagar, incluso, una prima por el control de la compañía (ver Dinero No. 332).

En el caso de Internexa, la banca de inversión Inverlink le recomendó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que esta empresa, cuyo mayor accionista es ISA, sea la que administre, opere y estructure la red pública de la TDT.

¿Cuál es la ventaja? Para Alarcón, gerente de ISA, radica en que Internexa tiene más de 6.300 kilómetros de redes de fibra óptica, que les presta servicios a todos los jugadores de telecomunicaciones en el país. "Es un negocio que surge más del fortalecimiento que ha logrado Internexa que de cualquier otra cosa", dice Alarcón.

Por su parte, Genaro García, gerente de Internexa, señala que la empresa está interesada en este proyecto. "Hoy, las telecomunicaciones son bits, en móviles, internet y hasta televisión. Por lo tanto, transportar señales de televisión digital no es ajeno para nosotros y es parte de nuestro negocio", dice.

Para reflexionar

Nadie desconoce el crecimiento de estas empresas públicas y el valor que vienen adquiriendo en el desarrollo de proyectos. "Hay que reconocer que existe un grupo de entidades públicas que han sido muy bien manejas y que han mostrado unos resultados exitosos no solo desde la perspectiva de servicio al usuario sino desde el punto de vista financiero", dice Torrente, de la Contraloría General. Para la muestra varios botones. El grupo ISA, en la operación del primer semestre de este año, obtuvo ingresos por cerca de $1,6 billones, un crecimiento del 9% frente al mismo periodo del año anterior y $950.000 millones en utilidades operacionales, casi 14% por encima de lo alcanzado a junio de 2008. Por su parte, el grupo EPM registró el año pasado ventas por $6,3 billones, 31% más que en 2007; mientras el grupo EEB alcanzó ingresos, en 2008, por cerca de $600.000 millones, lo que representa 30% más que el año inmediatamente anterior.

La Contraloría General vigila que las adquisiciones se hagan a precios de mercado y que no vaya a existir detrimento patrimonial, "pero si el Estado logra ser competitivo y administra bien sus empresas, pues tampoco se entiende por qué no podrían participar en estos negocios", agrega Torrente.

Por su parte, para De Greiff, del grupo EEB, las empresas del Estado son útiles para generar competencia en la selección de contratistas y en la obtención de menores precios y si, además, estas empresas resultan seleccionadas, la utilidad correspondiente revierte al Estado. Sin embargo hace algunas advertencias: "en el sector de los servicios públicos, la Constitución y la Ley determinaron un papel del Estado más de regulación y control que de inversionista, para evitar ser juez y parte. Si las reglas no son claras y equilibradas se desestimula la participación del sector privado y de nuevo el Estado asumiría esas actividades sin contar con los recursos para ello", advierte.

Ante este panorama, queda claro que la fortaleza que han adquirido las empresas públicas en los últimos años es una tentación para el Gobierno. Si se quiere mantener el crecimiento y la competencia en los sectores donde operan estas compañías, el Gobierno deberá asegurarse de mantener reglas del juego claras y estables, de tal manera que, por solucionar problemas coyunturales, no castigue modelos que han sido exitosos en los últimos años.

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