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| 4/3/2013 6:00:00 PM

Sin oxígeno

Uno de los más importantes proyectos ambientales del mundo, la planta de biogás del basurero Doña Juana, está en líos. La razón : el derrumbe del mercado de venta de ‘aire limpio’. Esta es la historia.

A las afueras de Bogotá, y en medio de las 6.500 toneladas de basura que a diario mueve la capital, está ubicado uno de los cinco proyectos de mayor impacto ambiental en el mundo. Se trata de la planta Biogás Doña Juana, con capacidad para mitigar aproximadamente 800.000 toneladas de CO2 al año, equivalente a sacar de circulación 360.000 carros por un año.

Su inversión es cercana a los US$20 millones y nació a mediados de la década pasada, por iniciativa de dos empresas multinacionales: GRS Valtec –filial de la francesa Veolia– y Gas Natural SDG de España. Su estrategia era aprovechar la dinámica que traía el mercado de carbono en el mundo, impulsado por los compromisos del Protocolo de Kyoto y que permitía a los países desarrollados y a sus empresas comprar toneladas de reducción de emisiones de proyectos en países en vías de desarrollo. La filosofía: comprar aire limpio para compensar el aire contaminado.

Biogás Doña Juana desarrolló su planta para capturar y quemar metano y, en una etapa posterior, generar cerca de 12 megavatios de energía que podrían abastecer las plantas de ladrillo que se ubican en la zona del Mochuelo, a unos 3 kilómetros de distancia. La estructura financiera se basó en que 95% de sus ingresos provinieran de las ventas de certificados que, en ese momento, bordeaban los 24 euros por tonelada. Sin embargo, hoy la historia es otra.

Los precios se derrumbaron y han estado cercanos a los 0,30 euros por tonelada. Desde el año pasado, el proyecto no certifica ante Naciones Unidas la reducción que hace al quemar el metano, su operación no es viable –su punto de equilibrio se ubica en 9 euros tonelada– y, a finales de 2012, tuvo que acogerse a la ley de reestructuración ante la Superintendencia de Sociedades, pues sus deudas superan los $30.000 millones.

Hoy, la empresa busca acercamientos con la Alcaldía Mayor de Bogotá, uno de sus acreedores, para encontrar una salida y no apagar la planta, ya que el impacto sería catastrófico. Las emisiones que reduce llegarían a la atmósfera, los olores –que se han mitigado– volverían a ser motivo de queja de los habitantes de esa zona de la ciudad y habría una seria amenaza en la estabilidad del relleno. Si no hay pronto una salida, la planta tendría que apagarse los próximos meses y sería muy complejo volverla a encender en el futuro porque, de no quemarse el gas, se corroe y deteriora.

¿Qué pasó? ¿Por qué se llegó a esta instancia? Este caso es el reflejo de la situación por la que hoy atraviesa el mercado de certificados de reducción de emisiones. La crisis financiera mundial, en especial la europea, llevó para abajo los precios pues la desaceleración económica hizo que cayeran las producciones de las industrias europeas y, con este hecho, ya cumplían sus compromisos ambientales y era innecesario buscar nuevas reducciones en el mundo.

El caso de Doña Juana no es el único. Proyectos en otros rellenos sanitarios del país apalancados en este esquema también están en dificultades y otros, con modelos como el de reforestación, están buscando salidas. Por ejemplo, Procuenca, que busca vender certificados de carbono producto de la fijación forestal de CO2 en Caldas, analiza escenarios. “El Banco Mundial se acercó a hacer una compra de los tres periodos de verificación 2012, 2017 y 2022, que están establecidos. Sin embargo, desde el año pasado la negociación con el banco se ha dilatado, no se ha avanzado mucho y no vemos hoy un interés muy fuerte. Estamos esperando la oficialización del banco en ese punto y, si no la hay, vamos a tener que salir a buscar mercados para los certificados”, dice Juan Carlos Serrato, de Procuenca.

Para algunos expertos, en estos momentos de dificultades las entidades públicas deberían tomar las riendas e impulsar los proyectos. “En el caso de la planta de gas en Doña Juana, Bogotá debe apoyarla. Si tiene una empresa de energía, debería comprar la energía que genera el proyecto y la podría pagar a $130 por kilovatio. Eso sería suficiente para sobrevivir. Es falta de visión, conocimiento y liderazgo por parte de la Alcaldía. En el otro caso, Manizales no ha querido apoyar a Procuenca y ha dejado a 240 campesinos con el carbono fijado en sus árboles. El Banco Mundial se asustó y no le compró certificados”, dice Thomas Black, director del Centro Andino para la economía del Medio Ambiente (Caema).

Sin embargo, así como hay proyectos en dificultades, otras empresas mantienen vigentes sus iniciativas y se la juegan en nuevos desarrollos. Cemex, por ejemplo, acaba de montar en Cúcuta un nuevo proyecto de reducción de emisiones que complementa el que tiene en Ibagué (ver aquí la explicación del proyecto).

En el sector de energía, EPM mantiene su parque eólico de Jepirachi en la Guajira, mientras Amoyá, proyecto hidroeléctrico de Isagen, ha sido modelo de la reducción de emisiones. “La venta de estos certificados de reducción de emisiones de CO2 está comprometida y comercializada por el Banco Mundial al gobierno holandés y a un fondo de capital extranjero hasta el año 2018. Si bien es cierto que los recursos provenientes de estos certificados se tienen en cuenta en el modelo financiero, no son un factor determinante para el cierre financiero del proyecto”, dice María Luz Pérez, gerente de proyectos de Isagen.

¿Qué viene?

Black es optimista en cuanto a que el mercado se recuperará en los próximos meses. “No es la primera vez que cae. Ya en 2007 había registrado una reducción y luego recobró su dinamismo. Nadie esperaba en Europa una recesión de más de cuatro años. Cuando la economía retome su ritmo se va a generar más energía, se apartarán las emisiones de sus metas anuales y habrá más demanda y nuevos precios por los certificados de estos proyectos”, dice.

A pesar de la crisis económica en Europa y Estados Unidos, las emisiones de gases efecto invernadero no están disminuyendo en general a nivel mundial. Es necesario hacer cambios hacia tecnologías más eficientes e implementar sendas de desarrollo limpio, lo cual requiere grandes inversiones de capital.

“Los países desarrollados tienen compromisos bajo el Protocolo de Kyoto, pero el primer periodo terminó en 2012 y el establecimiento de un nuevo acuerdo se encuentra aún en negociación. Países como China e India no están incluidos dentro de los que tienen compromisos de reducción de emisiones bajo la Convención Marco de Naciones Unidas Sobre Cambio Climático (denominados como países Anexo I). Para este tema se creó el ADP (Ad Hoc working group on durban platform) el cual busca generar un acuerdo legalmente vinculante para todas las partes, en concordancia con los principios de acceso equitativo al desarrollo sostenible y responsabilidades comunes pero diferenciadas para 2020”, explica un vocero del Ministerio de Ambiente.

China avanza en el desarrollo de planes de mitigación. Ya tiene definidos internamente siete programas regionales de mercados de CO2, similares al europeo. Los están preparando para 2020, a fin de alcanzar una reducción de 45%, en las zonas más contaminadoras del país. “Ha decidido que va a reducir emisiones con estos incentivos económicos. El Banco Mundial está trabajando con ellos y la Unión Europea los está ayudando. Todo el mundo tiene sus ojos puestos en esos mercados y sus resultados hacia 2020”, asegura Black.

Mientras los precios se recuperan, además del mercado regulado, desde el Ministerio de Ambiente se analizan diversas opciones para llevar estos certificados. Por una parte, existen otros mercados de transacción de reducción de emisiones de tipo voluntario como el VCS (Verified Carbon Standard), donde empresas privadas adquieren los certificados de reducción para cumplir metas internas o por imagen corporativa.

Otra está relacionada con las acciones de mitigación nacionalmente apropiadas (Nama’s, por su sigla en inglés). Existe la posibilidad de que en el futuro las Nama’s puedan ser acreditables y emitir certificados; este mecanismo de mercado no ha sido establecido y está siendo negociado actualmente.

Y, además, se están generando mercados bilaterales de emisiones. Son países o regiones desarrollados que buscan cumplir metas internas y generar alianzas para hacer un trading de reducción de emisiones. Japón ya tiene un mercado interno y está buscando que sea bilateral. Lo mismo sucede con Australia, y en California hay un mercado que empieza a funcionar este año.

Por ahora, los proyectos en Colombia –como explica Black– pueden guardar sus certificados y esperar a que se recupere el precio. “En 2007, Santa Ana –proyecto de la EAAB– guardó los certificados y en 2009 los vendió a US$20”, agrega. Sin embargo, con ese fin ellos necesitan músculo financiero para soportar momentos de vacas flacas, como el actual.

Hoy se están debatiendo los ajustes a este mercado y todo se definirá, no solo por el compromiso de los países de reducir sus emisiones, sino por la recuperación económica. La gran pregunta es qué tan rápido y qué pulmones tendrán los proyectos para sobrevivir mientras los precios repuntan para que la plata no se quede en el aire.

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