" La Ley 550 cumplió su función: ayudó a sobreaguar la crisis financiera de algunas empresas. "

| 8/23/2002 12:00:00 AM

"Se necesita un régimen general de liquidaciones"

La Ley 550 sirvió para manejar la reestructuración de empresas en la crisis, pero ahora hay que avanzar hacia un régimen permanente. Jorge Pinzón, superintendente de Sociedades, habló con Dinero sobre esta perspectiva.

La Ley 550 de reestructuración económica lleva ya tres años de aplicación y, según ordena su texto, es el momento de evaluar resultados y plantear los elementos de un esquema permanente, que debería empezar a regir en el año 2005. ¿Cómo deberíamos avanzar? La Ley reemplazó el mecanismo del concordato y permitió dar un manejo ordenado a la reestructuración de empresas con problemas financieros a partir de 1999, en medio de una grave crisis. Pero las cifras muestran que los problemas de la mayoría de las empresas que entraron en procesos de reestructuración de Ley 550 no se han resuelto. El flujo de caja operacional para la empresa promedio ha caído en términos reales y sigue siendo insuficiente para cubrir gastos financieros. Además, los acuerdos de reestructuración no han llevado capital nuevo a las empresas. Esto implica que sean frecuentes los casos en los cuales la liquidación es el escenario más probable. Dinero habló con Jorge Pinzón, superintendente de Sociedades, sobre las lecciones que deja la Ley y los pasos hacia adelante.



¿Cómo va el proceso de evaluación de la Ley 550?



Como lo prevé la Ley, se está adelantando un trabajo que culminará en una evaluación de la ley en el Congreso. Ya se hizo una primera ronda de comentarios con la Dian y el Ministerio de Hacienda, y ahora se realiza otra con entidades privadas como la Andi, Asobancaria y Confecámaras. Todo apunta a que no debemos limitarnos a reformar la ley actual, sino que se debe crear un régimen general de insolvencia.



¿Cuáles son los vacíos que hay que corregir?



El país necesita mecanismos para crear empresas y para liquidarlas. El actual sistema de liquidación no es eficiente, implica demoras que se traducen en la pérdida de valor de los activos. Esta puede ser una motivación para realizar acuerdos de reestructuración de pasivos en empresas sin viabilidad, lo que desvirtúa el propósito de los acuerdos. El mecanismo de reestructuración debe ser para empresas con posibilidades, no para encubrir situaciones sin salida. La visión que orienta una reestructuración debe ser salvar valor, no eternizar un problema.



Un nuevo régimen de liquidación debe hacer énfasis en detener la destrucción de valor de la empresa que entra en liquidación. Una solución sería independizar la venta de los activos del pago a los acreedores. Es decir, cuando una empresa entra en liquidación, la prioridad debería ser vender los activos tan pronto como sea posible, antes de que se desvaloricen. Ese dinero entraría en un fondo que se repartiría entre los acreedores más adelante en el proceso.



¿Cuáles serían las características del nuevo régimen?



Hay que revisar la experiencia y tomar lo mejor de la Ley 550 y del régimen de concordatos. La Ley 550 tiene muchos méritos. Cambió un enfoque de litigio por otro de negociación. Introdujo un sistema de información más equilibrado entre las partes, mediante los promotores. Incluyó un mandato poderoso, que no ha sido utilizado, en lo que se refiere al buen gobierno corporativo.



Por su parte, el concordato también tenía mérito en la certeza judicial que implicaba. Con la Ley 550, hicimos un intercambio en el cual perdimos certeza judicial a lo largo del proceso, a cambio de ganar agilidad para avanzar en las negociaciones de reestructuración. Pero no es conveniente desjudicializar del todo. Un nuevo mecanismo podría combinar lo mejor de los dos sistemas. La Ley 550 dispone que hay cuatro meses para definir la celebración de un acuerdo. Es posible pensar, por ejemplo, en la realización de unas audiencias a lo largo del camino, en las cuales se van tomando decisiones que tienen certeza judicial.



No en todos los casos se ha logrado mayor transparencia en la información. ¿Hay quejas sobre negociaciones en las cuales unos grupos de acreedores hacen alianzas en la votación para imponer acuerdos a otros?



Hay que resaltar que el acreedor minoritario no está indefenso. Ya hay fallos que castigan el abuso de las mayorías. Por otra parte, los acreedores no siempre usan su derecho de voto. Para actuar como disidente frente a una mayoría, un acreedor debe votar en contra de un acuerdo, pero esto no siempre ocurre. Las entidades financieras, que son las que tienen este tipo de quejas, muchas veces no votan. Ellas tienen el 35% de los derechos de voto, pero solo participan en 24% en las votaciones. Y se comportan así porque, al marginarse del acuerdo, se reservan la posibilidad de actuar contra el codeudor para resarcir la deuda.



Las audiencias a lo largo del proceso sacarían a la luz esas alianzas en etapas tempranas. Eso aumentaría la transparencia para que los demás acreedores se enteraran de ellas, antes de que los acuerdos sean hechos consumados. También sería útil exigir mayorías calificadas en cada grupo de acreedores (por ejemplo, con el 75% de la votación), para evitar que los grandes acreedores consoliden sus intereses en contra de los pequeños.



Actualmente, los acreedores que tienen garantías reales prefieren no hacer parte de los acuerdos. ¿Eso limita desde el momento inicial el alcance de cualquier acuerdo?



Hace falta mayor equilibrio. Por un lado, el mecanismo debe buscar que todos los acreedores entren en la negociación. Por otro, es necesario respetar las garantías. Un paso hacia adelante sería separar la desvalorización de las garantías, de su repartición; algo similar a lo que proponemos en las liquidaciones. Las garantías podrían realizarse en el mercado para evitar que pierdan valor, pero se pagan solo en el contexto de un acuerdo.



Otra queja de los acreedores es que los dueños de las empresas se niegan a tomar las decisiones administrativas y gerenciales que harían posible una verdadera recuperación.



En este sentido, la Ley 550 es un avance frente al concordato pues el voto del dueño se establece en función del valor patrimonial, mientras que en el concordato tenía el 50% del poder, lo que prácticamente le daba veto en todos los casos. Pero el dueño sigue siendo el dueño. Una buena reestructuración no depende del promotor, sino de los dueños. Cuando se buscan las diferencias entre las empresas que tuvieron que entrar a Ley 550 y las que no lo hicieron, es evidente que en todos los sectores hay empresas que han salido adelante porque han dado prioridad a la eficiencia y competitividad. En Ley 550 hay empresas que en el pasado tuvieron que recurrir repetidamente a apoyos para salir de distintas crisis en el pasado, desde la década del 80.



Esto es algo que los acreedores deben aprender a evaluar muy bien, antes de entrar a un acuerdo. Entender bien si la empresa está esperando que pase la tormenta o si, en realidad, está esperando que llegue un milagro. Y deben entender que tratar de eludir el costo de una liquidación no es una buena motivación para entrar en un acuerdo.



¿Qué mejoras deberían introducirse en la figura del promotor?



El promotor cumple un papel vital: recibe información de cada acreedor y la pone de nuevo a disposición de los demás. Eso ayuda a resolver la asimetría de información que reinaba en los concordatos. Además, el promotor es mejor facilitador de un acuerdo que un juez. Pero hay que trabajar varios aspectos. Por ejemplo, la idea inicial era que la remuneración del promotor no dependería de la firma de un acuerdo, sino de lograr la recuperación de la empresa. Eso no se ha dado. Por otro lado, hay que elevar los requisitos de acceso a la lista de promotores.



¿Qué más se debería tener en cuenta en la reforma?



La Ley 550 plantea unos objetivos muy amplios, que incluyen mejorar la competitividad de las empresas y fortalecer los sistemas de organización y control. Esta es una oportunidad para adoptar un marco legal que ponga a Colombia a tono con las exigencias que se plantean en el mundo entero sobre gobierno corporativo, información contable y mecanismos de liquidación. Ahora se trata de un régimen permanente. Las facultades no deberían enfocarse únicamente en resolver la situación de empresas enfermas, porque se induciría un riesgo moral, es decir, se enviaría el mensaje de que lo mejor es estar enfermo para lograr apoyo. El régimen debe mejorar la competitividad de todas las empresas.
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