| 1/23/2014 2:00:00 PM

El club secreto

El Superintendente de Industria y Comercio cuenta con un comité asesor de 5 expertos que le ayudan a definir sanciones por violación de la libre competencia, tema clave para la entrada de Colombia a la Ocde.

El esquema de recolección de basuras implementado por Gustavo Petro, que produjo el pronunciamiento de la Procuraduría en torno a la destitución del alcalde y su inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos –decisión que se encuentra en medio de una controversia jurídica–, también está en la mira de otras autoridades. Una de ellas es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que por su reciente récord de multas y sanciones se ha convertido en el nuevo ‘coco’.

Los $87.750 millones con los que multó a Comcel (hoy Claro) por abuso de posición de dominio; los $32.000 millones con los que sancionó al Grupo Nule por colusión o acuerdo anticompetitivo en contratación, y los $10.700 millones con los que castigó a Telmex por el incumplimiento de condicionamientos en una integración empresarial, entre otras sanciones, no son un buen precedente para Petro, pero sí lo son para las demás empresas del país que se sienten amenazadas por prácticas anticompetitivas.

Estos resultados se atribuyen a la labor del actual superintendente de Industria y comercio, Pablo Felipe Robledo, a quien incluso un medio le confirió ‘poderes de superhéroe’, por su labor en defensa de la libre competencia y del consumidor.

Pero, así como detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, detrás de Robledo hay un consejo asesor de competencia, que él mismo califica como un dream team.

Se trata de un grupo de cinco expertos en materias económicas, empresariales o jurídicas, que son designados directamente por el Presidente de la República y que acaba de ser reorganizado, pues el presidente Santos nombró a finales del año anterior a tres nuevos integrantes.

Ellos son Edgardo Villamil Portilla, expresidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia; el exministro de Hacienda,Guillermo Perry, y Hernán Eduardo Vallejo González, profesor de los Andes.

Los otros dos miembros del consejo asesor son el exsubdirector de Planeación, Andrés Escobar –designado en 2010 por Álvaro Uribe–, y el decano de Economía de la Universidad Externado, Mauricio Pérez, nombrado en 1999 por Andrés Pastrana.

El consejo se reúne cuando el superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, Germán Enrique Bacca, presenta un informe motivado sobre alguna de las investigaciones que realiza la SIC por violación a la libre competencia; es decir, por acuerdos, carteles o abusos de posición dominante. La idea es que entre todos tomen la decisión sobre el castigo a imponer, más si se tiene en cuenta que la Superindustria puede sancionar hasta con 100.000 salarios mínimos (unos $61.600 millones) por violar la libre competencia y si la utilidad obtenida por el infractor es mayor a dicha suma, la multa puede ser de hasta 150% de la utilidad.

Este tema se vuelve crucial ahora que el país aspira a ser aceptado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), organismo que cree firmemente que un buen sistema de competencia promueve los precios bajos de productos y servicios en un país.

Aunque el Superindustria no está obligado a acatar la recomendación del consejo, hasta ahora ni Robledo ni sus antecesores han ido en contra de sus sugerencias.

Además del proceso Petro, cuya definición pasó a manos del supersociedades Luis Guillermo Vélez, como superintendente ad hoc, pues Robledo se declaró impedido, el consejo tendrá que definir, entre otras investigaciones, si existe un cartel para obstruir las importaciones de azúcar y repartirse la producción por parte de 12 ingenios, dos empresas del sector y un gremio.

Así mismo, deberán determinar si hay un cartel de precios y repartición geográfica del mercado entre cinco cementeras. Otro tema álgido es si hay abuso de posición dominante por parte de la concesión del Aeropuerto de San Andrés.

En el caso del alcalde de Bogotá, la SIC no solo tienen la facultad de imponerles sanciones millonarias a él y a 10 de sus funcionarios y exfuncionarios, sino que podrá ordenar el desmonte inmediato de su esquema de basuras. Pulso y mucho tecnicismo en esta y las demás decisiones que deberán tomar.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?