| 9/19/2013 6:00:00 AM

Señal interrumpida

Las empresas de telefonía celular están contra la pared por cuenta de la Corte Constitucional y la Superintendencia de Industria. La incertidumbre ronda al sector, pero los usuarios al fin sienten que alguien los defiende.

El sector de telefonía celular está hoy en un torbellino. Las recientes decisiones que tomaron la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) –al aplicarle a Claro una de las multas más altas en la historia– y la Corte Constitucional –sobre la reversión de activos– pueden tener impactos insospechados y frenar las inversiones en momentos en que las críticas por la mala calidad del sistema están en su punto más alto.

Estas dos determinaciones sacudieron el mercado y se convierten en la antesala de lo que pasará en marzo de 2014, cuando a Claro y MoviStar se les venzan los contratos y quede sobre la mesa la discusión acerca de prorrogar la concesión.

Tal vez la más sonada fue la multa de la SIC a Claro por más de $87.000 millones debido a conductas que limitan la libre competencia por vender celulares con bandas cerradas y obstaculizar la portabilidad numérica; es decir, que las personas puedan cambiar de operador de telefonía sin perder su número. Para Claro, que anunció que interpondrá todos los recursos, se trata de una medida desproporcionada pues las denuncias se basaron en el testimonio de ocho usuarios y de la actuación de apenas uno de los 152 distribuidores con que cuentan en el país.

Sin embargo, más allá de la discusión sobre el monto y el número de las denuncias, esta es una sanción sin precedentes por lo que representa y los alcances que pueda tener. La decisión de la SIC tendría una carga de profundidad muy alta, pues de acuerdo con el artículo 43 del decreto 741 de 1993, una de las causales de caducidad de los contratos de concesión es “la violación a la prohibición de incurrir en prácticas monopolísticas impidiendo la libre competencia en los términos establecidos en la ley, el presente decreto y el pliego de condiciones de la licitación”.

Es decir que el mercado podría estar ante la eventual caducidad del contrato de concesión de Claro. “Y no habla de una violación sistemática sino que con una falla podría perder la licencia”, le explicó a Dinero un abogado del sector.

No obstante, su aplicación no es inmediata y en el contrato se establece que esa causal debe afectar de manera grave y concreta la ejecución del contrato. “Es causal, pero eso no opera de manera automática. El Ministerio tendría que iniciar una investigación y, a partir de ella, determinar si esa conducta puede afectar de manera grave la ejecución del contrato y, si es así, declarar la caducidad, mediante una resolución, acto al que le pueden interponer los recursos previstos en la ley”, agrega otro experto.

Al ser consultada Claro sobre esta posibilidad, la compañía respondió que tiene la certeza y convicción de haber actuado siempre dentro del marco legal. “En tal sentido se adoptaron las medidas para dar cumplimiento a intempestivos cambios en la regulación, situación que no fue valorada por la Superintedencia de Industria y Comercio en la actuación que dio lugar a la sanción en revisión”. Según la firma, actuó de manera decisiva y con celeridad para dar cumplimiento a la obligación de desbloqueo de los terminales y para multar “ejemplar y oportunamente” a uno de sus distribuidores cuestionado por prácticas comerciales no autorizadas. La compañía interpondrá los recursos convencida de que la decisión adoptada será revisada.

¿Cuáles son las salidas para Claro? En ese escenario no podría aspirar a la prórroga del contrato, que se vence el año entrante. La opción, a juicio de algunos analistas, sería ajustarse al nuevo régimen fijado por en la Ley 1341 de 2009 que prevé un esquema de transición para que los jugadores pasen a un régimen de habilitación general –título habilitante–. La zanahoria para que las empresas hagan esta movida es que los tributos son de un poco más de 2%, mientras en los contratos está en 5%.

Esta discusión puede generarle al Gobierno trabas adicionales. Primero, porque no está claro cuál es el valor que tendrá el espectro al pasar al régimen de título habilitante –incluso ante la eventual prórroga–, cómo se definirá ese precio en el futuro y cuáles serían las condiciones después de marzo de 2014; y, segundo, porque no necesariamente va a poner en las mismas reglas a los operadores más grandes. Para Telefónica (MoviStar) podría existir la posibilidad de prórroga y quedaría en concesión; Tigo estaría amparado en la ley de PCS, y Claro eventualmente en régimen de habilitación general.

La decisión de la Corte

La otra gran preocupación, que también sufre Telefónica, es que la Corte Constitucional determinó que no solo el espectro revierte al Estado al vencerse los tiempos de las concesiones, sino también las redes creadas para operarlos.

Los operadores estaban confiados en que la demanda de la Contraloría ante la Corte por este tema no prosperara, pero en una reñida votación de 5-4 y en vísperas de vencerse los términos, la Corte acogió los planteamientos del órgano de control.

La incertidumbre hoy en el mercado es qué implicaciones puede tener el fallo, cuyo texto final aún no se conoce: si es únicamente para el periodo comprendido entre 1994 y 1998 o incluye los procesos hasta la prórroga que se hizo efectiva en 2004, o la determinación afecta hasta 2014.

Según algunos analistas, lo que se revierte estaría planteado en el primer escenario, pues posteriormente las leyes 422 y 1341 dejaron en firme la devolución del espectro, pero no la infraestructura.

¿Esto qué significa? Para algunos que “se devolverían las cáscaras. Fueron tecnologías iniciales que ni siquiera están hoy en operación porque este es un sector dinámico y con muchos cambios, a diferencia de la infraestructura vial, donde las carreteras se mantienen en el tiempo. En ese sentido el efecto del fallo terminaría siendo inocuo”, dice un reconocido experto del sector. Además, ¿qué va a hacer el Estado con redes y equipos viejos? O, incluso, si revierten equipos más modernos. ¿Montará una empresa de telefonía”, se pregunta irónicamente.

Para empresas del sector, el tema técnico aún es más complejo porque –según ellas– las redes no se diseñaron para ser revertidas y en una misma estructura puede tener transmisión de 2G y de 3G “y partir esas inversiones no es difícil, es imposible”, dice uno de sus voceros. Además, la preocupación es que el fallo incorpore las nuevas tecnologías y desarrollos. “No es bueno porque atenta contra la seguridad de los inversionistas, contra la confianza y sobre todo contra el principio de buena fe con el que todos obramos. Puede ser, incluso, un golpe al Gobierno en su estrategia de acceder a nuevas organizaciones como la Ocde”, asegura un vocero empresarial.

Jurídicamente, la determinación de la Corte puede generar un problema mayor y está relacionado con el valor del espectro que se cobró, pues una cosa es con reversión y otra sin ella. De hecho, podría ser un tema sensible en la discusión del tribunal de arbitramento en el que están Tigo y el Gobierno por el valor de la prórroga. El desequilibrio económico puede volverse una de las principales discusiones, pues al quitar la reversión de los activos se cambia la regla de valoración del espectro.

Pero, sin duda, la mayor amenaza se cierne sobre las inversiones. Cuando salieron las leyes que determinaron que solo revierte el espectro las inversiones pasaron de $1,5 billones, en 1997, a $2,5 billones en 1998. Sin embargo, en 2003 y 2004 –años en los que hubo incertidumbre por las condiciones para la prórroga–, las inversiones en cada uno de esos años no llegaron a $1 billón.

Ahora, con el desarrollo de 4G, las inversiones previstas de Claro y Telefónica, solamente, superan los $3 billones. El mercado, como se tenía planteado antes de esas decisiones, suponía que entre junio y diciembre de 2014, la voz se iba a volver ilimitada, todo se iba a montar sobre redes de LTE y, como es por datos, los problemas de terminación de llamadas en una red u otra se volverían irrelevantes. Los operadores tendrían que volver a ‘sembrar’ antenas y cambiar la infraestructura activa.

“Pero ahora hay que ver los escenarios y como los dos grandes tienen títulos en 4G, qué pasa si les quitan los de 3G; qué inversiones van a hacer en voz para atender las grandes dificultades en la calidad del servicio”, dice el experto.

Además, ya deben venir los primeros desembolsos para el tema de 4G, “pero hay mucha incertidumbre de acuerdo con el alcance del fallo de la Corte y habría que esperar, pues en gran parte de la infraestructura actual se montarían las redes de 4G”, dice un empresario. Y, para terminar, gran parte de la infraestructura fue entregada a terceros, como American Tower, que opera parte de las antenas de MoviStar y la mayoría de las de Tigo y que, al parecer, avanzaba en negociaciones con Claro. ¿Qué va a pasar con estas operaciones?

Aunque este ha sido tradicionalmente un sector muy dinámico y en evolución, es tal vez el momento de mayor incertidumbre en los casi 20 años de sus operaciones. Ojalá después de esta tempestad la calma llegue y las reglas del juego sean claras para todos. La pregunta que muchos se hacen es cuánto durará la turbulencia.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?