¿Salvar a Emcali o a Cali?

| 3/2/2001 12:00:00 AM

¿Salvar a Emcali o a Cali?

Más allá de la naturaleza jurídica de la empresa, está en juego la prestación de los servicios públicos en la ciudad.

Cali puede verse sometida a razonamientos escalonados de energía en cualquier momento y eso parece no importarles al alcalde ni al gobierno nacional. Los dos están más preocupados por el costo político de tomar una decisión sobre Emcali que por solucionar de una vez por todas el tema de los servicios públicos en la capital del Valle.

Hace un año, el gobierno decidió intervenir la empresa de servicios públicos más grande del occidente del país con el fin de garantizar la prestación de los servicios y, desde entonces, no ha hecho sino esperar a que el mandatario de turno se decida a tomar cartas en el asunto. Y esto no ha sucedido.



Tras estudios, debates e investigaciones, y cuando por fin el gobierno planteó la necesidad de privatizar Emcali, el mandatario de turno Gustavo Cobo se abstuvo de hacerlo porque estaba al final de su período. Y ahora, meses después, John Maro Rodríguez no quiere desgastar su capital político que construyó oponiéndose a la privatización.



Precisamente, el carismático alcalde acaba de hacerle una propuesta al gobierno para evitar que Emcali sea privatizada y el municipio no pierda su mayor activo. En esencia, la propuesta, poco novedosa, busca entregarle al gobierno o poner bajo su aval los malos negocios que hoy tienen Emcali en la peor crisis de su historia: una deuda interna y externa que supera los US$480 millones, un pasivo pensional por US$440 millones que crece a un ritmo del 20% al año y obligaciones por más de $380.000 millones.



¿Intervenir para qué?



Los expertos consultados por Dinero coinciden en que una de las decisiones más desafortunadas del gobierno fue intervenir Emcali, pues por querer garantizar la continuidad de los servicios a los caleños, terminó metido en un conflicto del que no va a salir ileso. En términos reales, nacionalizó un problema regional y, por su falta de decisión, le ha dado a la clase política caleña una excelente arma en contra del proceso de capitalización y un excelente mecanismo distractor.



A casi un año de la intervención, las acciones de la Superintendencia de Servicios Públicos no han tenido un impacto trascendental en Emcali: no hizo ningún ajuste tarifario importante, a pesar del rezago en el que se encuentra la ciudad; la estructura de la empresa sigue igual y se ha hecho muy poco en cuanto a los ajustes administrativos, financieros y de personal requeridos.



Lo cierto es que Emcali, a pesar de tener congeladas la mayoría de sus obligaciones por estar intervenida, no tiene un flujo de caja suficiente para funcionar, lo que pone en peligro la prestación de los servicios. Por eso, el gobierno no puede seguir sacándole el cuerpo a una decisión que involucra la estabilidad de la tercera ciudad más importante del país por querer ir de la mano con la clase dirigente local.



A partir de todas las propuestas y estudios hechos sobre el tema, prácticamente hay un consenso sobre la necesidad de sacar los negocios de energía, telecomunicaciones y aguas de Emcali, y con esa o esas empresas cero kilómetros, iniciar un proceso de capitalización. Ningún inversionista ni el mismo Estado están dispuestos a ponerle plata limpia a una empresa que es inviable y con unas prestaciones sociales más onerosas que las de cualquiera de las empresas más ineficientes liquidadas o privatizadas.



El problema es que el alcalde está convencido de que no tiene sentido vender todo para pagar las obligaciones bajo un esquema en el que no sabe si los recursos alcanzarán para pagar todas las acreencias. "Por eso, está proponiendo que la empresa no deje de ser de índole municipal ni oficial, y está buscando aliados como EPM, Ecopetrol o la Empresa de Acueducto de Bogotá, para blindar a Emcali del manejo de la politiquería regional y sacar adelante una empresa que tiene 500.000 usuarios", dice Jaime Albán, cercano colaborador del alcalde.



Pero la realidad es que el municipio, dueño de Emcali, está quebrado; la empresa no tiene suficientes recursos para responder por las acreencias y a duras penas está cumpliendo sus obligaciones desde la intervención, y el Estado difícilmente podrá ayudar. No hay que hacerse ilusiones. Si el gobierno mantuvo su posición de no avalar la refinanciación de empresas como Corelca, Epsa o la Empresa de Energía de Bogotá, es poco probable que se meta la mano al bolsillo para sanear Emcali.



"La gente debe entender que en este momento nadie está en condiciones económicas de invertir miles de millones de pesos en una empresa que no es viable como está. Si se liquida, eso no significa terminar. No entiendo por qué esa palabra genera tanta angustia, cuando lo que debería preocuparles es que en cualquier momento los servicios se podrán suspender. Los caleños deben entender que Emcali ya no existe, y que mantenerla solo busca garantizar el privilegio de unos pocos", dice un alto funcionario del Ministerio de Minas.



Un ex asesor de la Creg reconoció que si no se hacen ajustes en Emcali, los caleños deberán comprar, en un mediano plazo, cantidades alarmantes de velas frente al apagón que se les avecina, pues la empresa cada vez hace mayores esfuerzos para cumplir sus pagos en las fechas límites. Muchos creen que la cesación de pagos, que de inmediato obliga a la restricción de energía, es cuestión de tiempo.



A pesar de esto, el propio alcalde sabe que si gana tiempo podrá sacar mayores dividendos. Primero, porque cada vez más pondrá al Gobierno en una situación de angustia, frente al vencimiento del plazo que le da la ley, ya sea para privatizarla o para liquidarla. Y segundo, frente a una posible refinanciación, el gobierno central deberá cargar todo el peso político de la decisión.



Por esto, el gobierno ha tratado de llegar a un consenso con el alcalde y la clase dirigente regional, pues sabe que tomar cualquier decisión en su contra pondría a la ciudad en marcha contra Bogotá.



Salida del túnel



Sin importar si la empresa es pública o privada, los caleños deberán estar preparados para pagar el aumento de las tarifas de los servicios públicos que, según los expertos, puede ser hasta del 80% en los próximos dos años.



Para que los aumentos no generen un empobrecimiento de los caleños, el gobierno podría pensar en reservar una parte de la empresa para los usuarios, para que con el pago de cada recibo obtengan acciones a cambio, pero esto debería ser de un negocio saneado, pues incluso una inyección de capital popular como la de ISA tendría mínimos efectos en Emcali. Además, debido a su actual situación jurídica, este esquema no sería posible.



Ahora bien, entre los negocios de Emcali, el de telecomunicaciones es el más amenazado. En los últimos dos años, la empresa perdió el 25% de su mercado, según cifras de Planeación Nacional, y cada vez perderá más si no consigue un socio estratégico de talla mundial, ya que difícilmente en Colombia hay una empresa que esté en capacidad financiera y técnica de soportar un negocio que requiere millonarias inversiones. Incluso EPM, una de las empresas más poderosas del país, se encuentra en la misma situación: o busca un socio estratégico o la viabilidad de su negocio está amenazada. Lo otro cierto es que sin importar quién entre en este negocio, lo hará tomando el control.



En energía, el negocio para Emcali no es muy eficiente porque no es un gran generador, pero sí lo es para alguien que pueda sumar en su cadena de generación y distribución. Si bien cada día que pase es más difícil conseguir un comprador o un socio estratégico, Cali es, posiblemente, el último gran mercado en el Pacífico.



Futuro político



Para la mayoría de los expertos, cada vez es más claro que la decisión sobre el futuro de Emcali es política y no técnica. Con excepción del alcalde y el ministro de Trabajo, los de Hacienda, Desarrollo, Comunicaciones y Minas, el director de Planeación y el Superintendente están de acuerdo en que la mejor salida para la ciudad es buscar la capitalización de Emcali.



Pero mientras la administración municipal y el gobierno no tomen su primera decisión sensata en meses, Emcali perderá valor y la situación se agravará más para la empresa y para la ciudad. Ya se perdió un año y, como dijo un líder gremial, "parece que necesitamos un apagón y una revuelta en Cali para que el gobierno sea capaz de tomar una decisión".



En definitiva, el gobierno y la alcaldía deben pensar en los usuarios. Por eso, la separación de las empresas y su capitalización no puede esperar, y las decisiones, aunque tengan un alto costo político ahora, sembrarán el futuro de una mejor ciudad, tal como quiere el alcalde John Maro.



La indecisión



El gobierno intervino a Emcali y, después de un año, la empresa sigue sin cambios trascendentales.



Los alcaldes de Cali solo han buscado dilatar la decisión sobre el futuro de Emcali.



Los efectos



Los caleños están en peligro de un racionamiento.



La empresa ha perdido valor y sigue sin rumbo.



La solución



Refinanciar los negocios de telecomunicaciones y energía, dar en concesión aguas.
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