| 8/8/2014 6:00:00 AM

Los privados

Francisco Lloreda y Santiago Ángel acaban de asumir los cargos como presidentes de los poderosos gremios petrolero y minero. El panorama no pinta nada fácil para estas industrias.

Aunque sectores como la infraestructura y la vivienda están jalonando el crecimiento económico, las miradas se posan sobre lo que pueda pasar con el petróleo y la minería, pues allí las alarmas están encendidas.

El petróleo representa –entre regalías, impuestos y dividendos– cerca de $32 billones para las finanzas públicas; mientras que en el caso del sector minero, solo con regalías e impuestos son más de $4,2 billones. Cambiar esta estructura en el corto plazo no resulta fácil y seguirán siendo sectores clave para el sostenimiento de las finanzas públicas.

Precisamente los dos gremios que representarán a las empresas de estos sectores están estrenando dirección: Francisco Lloreda es el nuevo presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP); y Santiago Ángel dirigirá la recién integrada Asociación Colombiana de Minería (ACM), que reunió a los los tres gremios existentes en el pasado: el Sector de Minería a Gran Escala, Asomineros y la Cámara Colombiana de Minería.

Para estos dos ejecutivos los retos son enormes, pues los dos sectores atraviesan serias dificultades y enfrentan grandes amenazas debido a los cambios en la canasta energética mundial y la caída en los precios internacionales. A los problemas reiterados como las dificultades en la expedición de licencias ambientales, las relaciones con las comunidades y los temas de seguridad que han limitado las producciones, tanto de petróleo como de minerales, se suman otros estructurales.

Desde hace casi tres décadas el país no encuentra un gran yacimiento de hidrocarburos ni minero. En el caso del crudo, las alertas son aún mayores pues las reservas garantizan autosuficiencia solo para 6,6 años, el indicador más bajo en la historia reciente.

Los hechos recientes también generan preocupación. La ronda petrolera que acaba de darse –y que según cálculos del Gobierno podría significar unos US$2.600 millones en inversión–, no tuvo el apetito esperado y atraería en recursos apenas un poco más de la mitad de esta cifra. Los niveles de ejecución de los presupuestos de inversión se han desacelerado, con menores exploraciones sísmicas y de pozos exploratorios, a tal punto que la inversión extranjera en este sector cayó 9% el año pasado. Y ahora tendrá nuevos competidores como México, que con los cambios en la política de exploración y producción de hidrocarburos podría convertirse en el imán de la inversión petrolera.

Por el lado minero, las dificultades no son pocas. Sus empresas tendrán que comunicar y desarrollar con mayor éxito una estrategia sostenible, con esquemas de autorregulación y estándares internacionales que garanticen el aprovechamiento de esas riquezas en las próximas cinco décadas.

Muchos de los planes de expansión están en stand by por licencias y consultas, no hay claridad jurídica, por ejemplo, en el Código Minero que viene de 2001 y que no pudo ser reformado y en su mayoría tampoco ha sido reglamentado.

El país está a la espera de la anunciada ronda minera que permita otorgar nuevos bloques para la exploración y explotación de minerales y convertir este sector en un soporte de los encadenamientos productivos y del desarrollo de otros con alto potencial. Solo un ejemplo: 58% de los títulos mineros en el país corresponden a materiales de construcción; es decir, mucho más que carbón y oro.

Las tareas que vienen para estos dos nuevos dirigentes gremiales no serán sencillas, pero de su articulación con el Gobierno y del entendimiento con los otros actores del sector dependerá que no se acabe con la gallina de los huevos de oro.
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