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Claro anunció que el tiempo de discutir se acabó y que ya está aplicando los planes para acatar las medidas regulatorias.

| 3/8/2013 10:00:00 AM

¡Qué pelotera!

La pelea entre las empresas de telefonía celular está más candente que nunca. Las medidas contra la posición de dominio de Claro, la licitación de 4G y la ley antimonopolio avivan la polémica. Así va la historia.

En las dos últimas semanas de febrero, Claro –antes Comcel– lanzó sus nuevos planes para telefonía celular. Seamos Claro, como se denomina la campaña, es la respuesta a las medidas que adoptó el regulador para corregir las fallas del mercado derivadas de su posición dominante. En concreto, se trata de una reducción de tarifas para las llamadas a otros operadores del mercado y de estos a la red de Claro.

Las medidas llegan tras más de tres años de debates y procesos jurídicos como la recusación del anterior director del organismo de regulación por parte de Claro, que metieron en el congelador las medidas y solo se destrabaron tras el retiro del funcionario de la entidad. Al cierre de esta edición, otros operadores como MoviStar y Tigo preparaban sus planes para enfrentar a Claro, que lidera el mercado.

Pero el escenario de va más allá de la guerra tarifaria. El sector tiene en su agenda otras dos grandes decisiones que están en pleno debate: la licitación de espectro para los servicios de internet a alta velocidad (4G); y la discusión al interior del Congreso sobre una Ley Antimonopolio.

¿Serán suficientes?

Las medidas establecen tres hechos claves. Uno, que los usuarios de otros operadores puedan llamar a Claro a unas tarifas más competitivas. “Eso se hizo al bajar $40 el cargo de acceso”, explica Pablo Márquez, director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Dos, que usuarios de Claro se beneficien de mejores precios impidiéndole a la empresa discriminar la tarifa que se aplica en su propia red frente a la que se da a las demás redes. Y, por último, que los ahorros en términos de ingresos que se generen deben irrigarse directamente a los usuarios con precios y tarifas más competitivas.

La preocupación hoy es si las medidas serán suficientes para corregir las fallas del mercado. “Los diferenciales entre los cargos de acceso deben ser superiores a los que hay en este momento. Es una medida que, por ahora, si bien va en la dirección correcta, no va a tener efectos radicales en el mercado”, explica Marc Eichmann, presidente de UNE.

La CRC anunció que hará evaluaciones mensuales y presentará informes semestrales sobre la evolución de la medida. “Además, no tiene vigencia. Tal y como salió, la medida cesa cuando termine la falla del mercado. Luego no es tan cierto que se acabe en 2015, como se ha dicho. Lo que pasa es que muy posiblemente en 2015 habrá una convergencia de los cargos de acceso”, asegura Márquez.

Sin embargo, como toda medida en el sector, ha despertado inquietudes jurídicas. Primero fue Claro, que solicitó aclaración de términos, pero la CRC la negó. Luego pidió plazos adicionales para adecuar sus sistemas y la entidad de regulación negó, en dos ocasiones.

“Cuando se dio el momento de discutir, discutimos. Ya el momento de discutir se acabó y estamos acatando”, afirma Santiago Pardo, vicepresidente de relaciones institucionales de Claro.

Ahora parece que el turno es para otros operadores. Aunque están de acuerdo con trasladar los beneficios a los clientes, han mostrado su inconformidad porque a su juicio –en este aspecto– quedaron mal regulados y se asemejan al dominante. “Por ejemplo, tenemos que entregar los planes de tarifas dos meses antes al regulador y el operador dominante tiene la posibilidad de conocerlos. Estamos de acuerdo en trasladar los beneficios a los clientes y que todos puedan hablar con todas las redes. Pero la regulación, como salió, nos genera una carga administrativa y exigencias que se aplican a los dominantes”, dice Alfonso Gómez, presidente de Telefónica en Colombia.

Claro también se ha pronunciado. “Nos preocupa que nuestros competidores, de esa decisión en particular, solicitaron la revocatoria. Le hemos dicho a la autoridad que nos parece básico que se haga ese monitoreo, porque si no se traslada a los usuarios, no se va a corregir la falla y nosotros vamos a quedar sujetos a esta medida eternamente. Si la plata se queda en los operadores y no la transfiere a los usuarios eso se convierte en un subsidio de un operador a otro, lo cual no está bien, pero además no ayuda a solucionar el problema”, asegura Pardo, de Claro.

Los otros operadores se defienden y señalan que lo que se ha visto es un traslado del Ebitda de ellos al dominante. “No queremos un traslado de Ebitda. Lo que queremos es competir y usar la medida en todos los frentes. Decir dónde la voy a usar es incomprensible”, dice el directivo de una compañía móvil. La solicitud está en manos de la CRC y, al cierre de esta edición, se esperaba su respuesta.

Sin embargo, estas no son las únicas medidas. En la agenda de la CRC está el proyecto de separación contable que, aunque está contemplada en la Ley 1341, no se había cristalizado. Va a esculcar la contabilidad de las empresas para determinar cuáles son los costos asociados con cada tipo de servicio y verificar si hay subsidios cruzados que sean anticompetitivos.

4G y Antimonopolio


Al mismo tiempo, otros dos frentes se abren en la discusión: la licitación de espectro para el desarrollo de internet de alta velocidad, conocido como cuarta generación (4G) y la ley antimonopolio.

Para Claro, el tema en 4G es ajeno a la discusión de mercado de voz. “A nosotros nos preocupa que se vincule un tema –el de las medidas regulatorias contra la posición de dominio– con el de 4G para tratar de justificar un trato diferencial a un operador. La falla se identificó en un mercado relevante que se llama de voz saliente. La subasta de 4G es para prestar servicios de datos inalámbricos”, explica Pardo.

Precisamente, uno de los retos en el proceso de subasta es evitar que exista un contagio o un riesgo de contagio entre el mercado de voz y datos. “Eso puede pasar, pero también puede pasar en sentido contrario, de datos a voz. Probablemente en un año se va a poder prestar servicios de voz a través de una red de datos en LTE y eso va a permitir que, en unos pocos años, la voz podría ser gratis y sea un elemento más de los datos”, dice Márquez, de la CRC.

Para evitar que se repita el tema de posiciones de dominio en 4G, se han establecido dos temas clave en las normas: acceso a roaming y compartición de infraestructura. “Son muy buenas en su concepción. Ahí, lo único es que no está reglamentado y el miedo es que, como ha ocurrido en el sector, cuando se reglamente queden salidas para dar la vuelta a la medida”, dice Eichmann, de UNE.

Pardo, de Claro, por su parte señala que la compartición de infraestructura puede generar incentivos negativos en materia de inversión, pues los dueños de ella pueden decidir no seguir invirtiendo ya que otros la explotarán y puede que no la remunere adecuadamente, y a los terceros les sale más barato usar la de otro y no generar redes propias.

Por si fuera poco, se empiezan a alistar las baterías para los debates en el Congreso sobre la Ley Antimonopolio. ¿Dónde van a estar las discusiones? Ahora no solo se habla de poner límites a la telefonía móvil, sino también a todos los servicios del sector. Otro factor a discutirse es si efectivamente se hacen topes como los que funcionan en energía, o se colocan unas condiciones adicionales a quienes superen barreras por encima, por ejemplo, de 30%.

En medio de este panorama todavía no hay nada despejado y lo que veremos los colombianos en los próximos días serán debates más intensos. Por ahora, la llamada sigue en espera.
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