A la oficina de Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura, llegó el viernes 31 de agosto un grupo de inversionistas con una mala noticia: decidieron congelar una inversión por más de US$200 millones de un proyecto agroindustrial.
Este fue el primer efecto de la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequibles los artículos 60, 61 y 62 del Plan de Desarrollo, que buscaban dar soporte a los Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal (Pedaf) flexibilizando el uso de las denominadas Unidades Agrícolas Familiares (UAF).
La iniciativa pretendía que las familias que están allí ubicadas bajo el modelo del antiguo Incora o del Incoder de hoy, pudieran aportar esas tierras –consideradas inicialmente solo para su sustento–, asociarse y vincularse a megaproyectos agroindustriales que permitieran generar producción con economías de escala.
A pesar de la importancia de la decisión, la Corte solo expidió un comunicado y, al cierre de esta edición, aún no se conocía el fallo.
Los artículos fueron demandados por el senador Jorge Enrique Robledo, el representante Wilson Arias y la presidente del Polo, Clara López, que buscaban que se prohibiera a compañías extranjeras adquirir tierras agrícolas en Colombia.
Según el ministro Restrepo, el fallo lo que hace es confinar al receptor de una parcela a un microfundio constituido por una UAF “y de ahí no puede salir”.
La decisión de la Corte –que fue aprobada en una votación 5 a 4 en la que los magistrados Mauricio González, Gabriel Mendoza, Jorge Pretelt y Humberto Sierra salvaron sus votos– también declaró inexequible la posibilidad de que el Estado se reserve la propiedad de las tierras fiscales. Para el Ministro esto significa que toda tierra baldía inexorablemente tiene que adjudicarse en una UAF.
Además, Restrepo considera que se le dio un golpe a la transparencia y claridad del modelo, pues con estas decisiones se evitaba el fraccionamiento y testaferrato que hoy muchas empresas usan para desarrollar sus proyectos agroindustriales y que están en investigación.
Los Llanos Orientales, la última frontera agrícola del país y donde se estima que hay más de 4 millones de hectáreas cultivables, se ha convertido en uno de los objetivos de grupos económicos y jugadores internacionales.
De hecho, el Grupo Sarmiento –a través de Corficolombiana– es propietario de Mavalle, la mayor plantación de caucho en Colombia, en donde también está vinculada la empresa Pajonales. El Grupo Santo Domingo, con Valorem y Refocosta, está explorando el negocio agroforestal y tiene entre su estrategia una alianza con Riopaila, empresa que, a su vez, tiene dos proyectos: uno, para suministrar materia prima a la destilería Bionergy, de propiedad de Ecopetrol, para el desarrollo de biocombustibles y, el segundo, en el Vichada, que está en etapa de formulación del modelo.
El Grupo Manuelita, por su parte, tiene dos cultivos de palma en el Meta y en Casanare para atender la producción de biocombustibles. También Germán Efromovich, que tiene negocios en aerolíneas y hoteles, entre otros, está mirando con interés el sector agrícola. Además, firmas internacionales como Mónica, Cargill, Amaggi y Merhav han venido analizando inversiones en Colombia para sus negocios.
El impacto
Los efectos de esta decisión se pueden ver desde dos ángulos: el primero, de desarrollo económico y de inversión en el sector; y, el segundo, como uno de los insumos que se colocará en la mesa de negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla, pues la agricultura es el punto que lidera la agenda en las conversaciones.
Desde el punto de vista económico, el ministro Restrepo calcula que quedaron en el congelador inversiones iniciales entre US$500 millones y US$800 millones.
Carlos López, presidente de Refocosta, señala que por el lado del Grupo Santo Domingo quedan en el congelador inversiones por US$200 millones que tenían con aliados internacionales.
“Incluso, hace un par de meses –sin conocerse aún el fallo– la firma chilena Arauco anunció que no entraba a Colombia porque el país no tiene unas reglas de juego claras en cuanto al tema de posesión de tierras”, le dijo a Dinero un empresario del sector que prefirió mantener su nombre en reserva.
Por su parte, Argos, que tiene más de 6.700 hectáreas sembradas en el sector forestal, como mecanismo de compensación ambiental y proyecta sembrar mil hectáreas más, considera que el fallo afectará negativamente la inversión en el campo. “En caso de no poder impulsar nuevos proyectos de este tipo, desviaríamos nuestras actividades sociales a otros campos”, dice Camilo Abello, vicepresidente de asuntos corporativos de Argos.
En el tema económico puede darse un daño colateral adicional: que los proyectos de infraestructura programados en zonas como los Llanos para sacar esas producciones se posterguen en el tiempo.
Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, califica como un “desastre” la medida. “Echar para atrás estos artículos es volver al siglo antepasado y no ayuda a reducir la pobreza en el campo. Es un freno en seco al desarrollo agrícola”.
Agro y paz
¿Cómo impactará la decisión de la Corte el nuevo entorno en el que la agricultura es un tema clave en la negociación con la guerrilla?.
Al lado del punto de tierras está la seguridad alimentaria que se da en alimentos básicos. Todo dependerá de las eficiencias que alcancen esos cultivos. Allí, el punto es establecer dónde está la despensa o si seguimos importando. Hay que confiar en la sabiduría de los legisladores y negociadores, pues seguramente la guerrilla no va a preferir que le compren el grano a Estados Unidos”, señala Jaime Liévano, del Grupo Aliar.
Para el Ministro el tema es claro: “la política agraria del Gobierno no se enmarca en un solo esquema. Los elementos que se declararon inexequibles no son el todo, son una parte; y Colombia tiene un territorio muy grande en el que todos cabemos. Los esquemas son grandes, versátiles y variados”, dice Restrepo.
Por ahora, los grandes grupos están a la expectativa de la redacción del fallo para buscar un plan B y mirar cómo se pueden rescatar esas inversiones, mientras el modelo agrícola está sobre la mesa de negociación.