| 9/18/2014 6:00:00 AM

Los tiempos no cuadran

La planta de regasificación que se ubicará en la Costa Caribe no entrará en operación a finales de 2015. Las fechas se están corriendo y están pendientes definiciones como la licencia ambiental y la firma del contrato. En abril de 2016 podría estar funcionando la primera fase.

La planta de regasificación en la Costa Caribe, considerado uno de los proyectos claves para garantizar el suministro de gas a las empresas termoeléctricas que brindan el respaldo de energía al país, no estará lista en diciembre de 2015, como estaba presupuestada inicialmente.

Se habla ya del primer trimestre de 2016, en el mejor de los casos. E, incluso, también se menciona la posibilidad de que se extienda hasta más allá de abril de ese mismo año. Después de darle vía libre en los primeros meses de 2014, este proyecto, como muchos otros de infraestructura en el país, no ha estado ajeno a las dificultades.

Retrasos en el proceso licitatorio, en la evaluación de las ofertas y en el marco regulatorio han atrasado el inicio de las obras. A estas dificultades se suman otras como la expedición de la licencia ambiental que se espera obtener a más tardar a finales de este año o principios del siguiente. Los retrasos ya se acercan a los seis meses.

Por otro lado, el contrato que vincula al denominado Grupo Térmico (GT) –compuesto por las empresas de generación térmica que lideró el proceso y adjudicó la obra–, y la Sociedad Portuaria El Cayao, conformada por Promigas y los fondos de inversión Barú Investments y TAM LNG Holding, que ganó la licitación, aún no está firmado y se espera que quede cristalizado a mediados de octubre.

Además del retraso en la entrada en operación, surgen nuevas discusiones a partir de la interpretación de la regulación y de los efectos que pueda tener en el contrato, pues los diez años que tiene de vigencia empezarían a correr, tal y como están las cosas hoy, en diciembre de 2015 y no cuando entre en operación la planta.

El proyecto y los pendientes

La planta –cuya inversión supera los US$600 millones– es una de las más importantes iniciativas en materia energética en el país: le da confiabilidad al sistema térmico pues le garantizará –vía importación–, combustible permanente para sus plantas de generación, más ahora que se advierte la declinación de campos tradicionales y cuando aún no hay grandes hallazgos de hidrocarburos. Esto permitiría liberar la demanda interna y atender con mayor tranquilidad la industria, los vehículos y el sector residencial, sin tener que llegar a situaciones como la de hace más de cinco años, cuando en medio de un Fenómeno del Niño fue necesario suspender el servicio para los industriales y los carros y garantizar el suministro de gas a los térmicos y evitar posibles racionamientos de energía.

El proyecto consiste en construir un terminal de regasificación de gas natural licuado, con una capacidad de almacenamiento de 160.000 m3 y de regasificación de 400 millones de pies cúbicos por día.

Está contemplado en dos fases: la primera corresponde a la construcción de las facilidades y obras marinas en lo que respecta principalmente a un muelle especial para descargar el gas natural licuado y unos gasoductos que se interconectan con el gasoducto principal de Promigas en Mamonal. El valor es de unos US$150 millones.

La segunda fase –cuya inversión ascendería a US$450 millones– consiste en construir el tanque de almacenamiento en tierra y los trenes de regasificación. Mientras se avanza en este proceso se traerá un barco regasificador de gas natural licuado que quedaría parqueado de manera permanente en el muelle.

Sin embargo, la lista de pendientes –al cierre de esta edición– no se ha solucionado y ya registra retrasos en la obra. Por una parte, la licencia ambiental está en manos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y del Ministerio de Ambiente. Los empresarios estiman que, por ser un proyecto estratégico para el país, la licencia debería estar lista al finalizar este año o al menos a principios del año entrante; es decir, el proyecto tendría licencia ambiental en unos seis meses.

La construcción de la primera fase duraría entre 16 y 18 meses, a partir del momento de la entrega de la licencia. Así las cosas, si los tiempos avanzan como está previsto hasta ahora, la primera fase estaría operando en el mejor de los escenarios en el primer trimestre de 2016. Además, en paralelo, se está a la espera de la solicitud que se realizó ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para obtener la concesión portuaria.

Pero este no es el único inconveniente. El contrato entre el GT y la Sociedad Portuaria de El Cayao todavía no está firmado. Según le confirmó a Dinero José Luis Montes, representante de la Sociedad Portuaria, el contrato debe estar firmado el 15 de octubre y establece un servicio en el que la terminal provee la infraestructura necesaria para recibir, almacenar, regasificar y transportar el gas que porten los térmicos hasta el sistema nacional de transporte.

El valor de ese contrato, diferente al de la construcción de la obra de infraestructura, es de unos US$800 millones y tiene una duración de diez años; es decir, US$80 millones por año. Según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se dieron incentivos en la asignación de obligaciones del cargo por confiabilidad y un ingreso regulado a partir de diciembre de 2015.

Sin embargo, y dados los retrasos, cumplir esa fecha será materialmente imposible. En ese sentido, de acuerdo con la CREG, para hacerse beneficiario a los incentivos, el GT debe haber presentado manifestación de interés, situación que ya ocurrió, y entregar el contrato de construcción con el constructor de la infraestructura a finales de octubre de 2014. “En caso de atraso de la entrada del proyecto frente a la fecha de inicio de las obligaciones se deberán aportar garantías de construcción”, dice la CREG en un pronunciamiento a Dinero.

Y ese es precisamente, uno de los puntos más controvertidos en la discusión. El contrato debe ser auditado por una firma escogida dentro de la lista que ha emitido el Centro Nacional de Operaciones que asesora en términos operativos y técnicos a la comisión. Y cualquier auditor notará que el contrato efectivamente no entrará en operación en esa fecha y hará efectivas unas garantías que en el caso de la sociedad portuaria sería de unos US$40 millones, y, de otra parte, los generadores térmicos tendrían que poner unas garantías adicionales que pueden superar ese monto.

“Le estamos solicitando a la Comisión de Regulación dos temas: uno, que se corra la fecha de entrada a los contratos para que cuando se inicie la auditoría efectivamente audite que el proyecto puede entrar en 2016 y no exactamente el primero de diciembre de 2015. Y dos, que en el contrato los ingresos que vayamos a percibir sean por la totalidad de los 10 años, no por 9 años y medio que es lo que en principio nosotros recibiríamos. Estos ajustes son los que estamos solicitándole a la Comisión para poder efectivamente iniciar la ingeniería de detalle y tener todos los contratos definidos”, dice Montes.

Si bien para esta coyuntura del Fenómeno del Niño la planta regasificadora no estará operando, es fundamental que hacia el futuro los procesos se destraben y las reglas del juego queden claras, más si se está analizando la posibilidad de construir otra planta en la Costa Pacífica y cuando, hoy más que nunca, se requiere darle confiabilidad al sector energético nacional.
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