| 7/20/2006 12:00:00 AM

Paz del Río

En agosto deben enviarse las invitaciones formales a los inversionistas para la venta de la compañía, que estuvo al borde de la quiebra y logró darle un vuelco a su situación, gracias al compromiso de los trabajadores y el gobierno.

Roque Contreras es minero, como lo fue su papá. Y al igual que él, ha estado trabajando toda su vida en Acerías Paz del Río. Primero, extrajo carbón de las entrañas de la tierra durante 10 años y luego, en 1985, empezó a obtener mineral de hierro. Entró al sindicato en 1994 y durante todo este tiempo ha defendido la causa de los trabajadores.

Se diferencia de los dirigentes sindicales de otras compañías en que conoce de primera mano los indicadores de gestión de la siderúrgica, sigue con ansiedad el movimiento en los precios de la acción y del precio internacional del acero, y está muy interesado en que el desempeño de Paz del Río sea lo suficientemente bueno como para que algún inversionista internacional se interese y compre. "Pero que sea una empresa que tenga capacidad financiera para que incremente la producción, explote a gran escala los yacimientos de carbón coquizable y así se asegure el futuro de la empresa, que es lo más importante", afirma.

Contreras hace parte de la nueva generación de trabajadores de Paz del Río, que incluye a cerca de 3.000 empleados y pensionados de la siderúrgica, quienes a partir de 2003 se hicieron al 33,9% de la propiedad de la empresa, convirtiéndose en los mayores accionistas de ella. También hace parte de una de las fuerzas responsables de que Paz del Río se haya quitado de encima el fantasma de la liquidación, y esté hoy con grandes perspectivas de ser vendida a buen precio.

Según el último cronograma de venta, definido en la segunda semana de julio en Bogotá, "para agosto se deben estar enviando formalmente las invitaciones a los inversionistas, abriendo el cuarto de datos y firmando los acuerdos de confidencialidad", explica Mauricio Cabrera, vocero de los trabajadores. "Este es un proceso muy complejo porque involucra una gran cantidad de inversionistas al tiempo, como son los trabajadores. Además, implica definiciones estratégicas frente a la forma como se va a hacer, si con una Oferta Pública de Adquisición (OPA) o una subasta pública", advierte Hugo Díaz, socio de Latinvesco, la banca de inversión que está llevando a cabo el proceso.

Hoy el porcentaje que saldría a la venta sería del 43%, ya que a las acciones de los trabajadores se suma la participación del IFI. Pero, si se logra definir el futuro del 20% de las acciones que están en litigio entre el Instituto Financiero de Boyacá (Infiboy) y Productividad, la Promotora de Microempresas de Boyacá, se podría salir a vender un paquete por el 63% de la compañía, lo que mejoraría la negociación para los inversionistas. Aunque hay consenso en que esta opción sería deseable, también lo hay en que esta indefinición no va a retrasar el proceso.



Momento de vender

Las condiciones para la venta de Paz del Río están dadas. Si bien a principios de julio se especuló sobre si habría alteraciones en el proceso por el vencimiento del plazo acordado entre el IFI y los trabajadores para vender conjuntamente sus acciones, lo cierto es que las dos partes mantienen intacta la intención de vender. Además, habría un sentido de urgencia para colocar este paquete, ya que si el porcentaje de los trabajadores no se ha vendido para diciembre de 2007, las acciones tendrían que repartirse entre sus cerca de 3.000 dueños, lo que haría inviable una negociación con un inversionista estratégico.

En el mercado internacional, también es un buen momento, porque la industria se está consolidando.

Aunque las invitaciones a los inversionistas solo se harán en agosto, ya hay apuestas en el mercado sobre los potenciales interesados. Por un lado, está Gerdau, que está en el país y que podría estar interesada en consolidar su posición en Colombia y neutralizar el ingreso de un posible competidor. Y por otro, estarían Mittal Steel y Techint. Los 10 grandes grupos siderúrgicos concentran el 30% del acero, mientras que las 5 principales compañías automotrices, sus principales compradores, concentran el 70% de las compras. Por esto, se espera que continúe la consolidación.

El grupo brasileño Gerdau, dueña de Diaco en Colombia, compró el 50% + una acción de Siderperú por unos US$60,6 millones, y se comprometió a asumir una deuda por US$102 millones y a invertir US$100 millones en los próximos 5 años.

Siderperú es una empresa del tamaño de Paz del Río, y para algunos analistas podría ser un indicativo del precio que se obtendría por esta. Para Mauricio Cabrera, sin embargo, las dos compañías no son comparables, porque mientras Paz del Río tiene sus propios yacimientos de mineral de hierro, carbón coquizable y caliza, Siderperú debe comprarles a terceros su materia prima.

El talón de Aquiles es su lejanía de los puertos, lo que encarece los costos de exportación. Pero, como explica Luis Guillermo Parra, presidente de la compañía, el mercado interno en Colombia es muy atractivo, porque el país importa el 50% de las 2,2 millones de toneladas que consume, y ahí la siderúrgica tiene un reto enorme para ampliar sus ventas.



El giro

Aunque hoy Paz del Río está en la mira de los inversionistas, hace 6 años nadie daba un peso por su futuro y los gobiernos se pasaban la papa caliente de cómo liquidarla. El giro radical que dio es una muestra de cómo la colaboración entre gobierno y trabajadores puede transformar una empresa, eso sin olvidar que el buen comportamiento de los precios del acero también puso su grano de arena en este proceso.

El soporte de la Nación se empezó a dar en la campaña para la presidencia 2002-2006, cuando el entonces candidato Álvaro Uribe se comprometió a no liquidar la empresa. Una vez en la presidencia, encargó a José Roberto Arango de encontrar las fórmulas para sacarla adelante. El tema no era fácil, porque el grueso de los $56.000 millones del endeudamiento de la empresa en 2003 estaba en la DIAN, el Seguro Social y el pasivo pensional, que son obligaciones con limitantes jurídicas muy grandes porque no se pueden negociar. La fórmula de Arango fue maniobrar con los únicos recursos que eran negociables: los que la empresa le adeudaba al IFI y que con intereses llegaban a $43.000 millones, y con el esfuerzo que podían hacer los trabajadores al ceder en algunos puntos de la convención colectiva. Así, el IFI vendió sus acreencias por el 25% del capital adeudado, y el 100% de la deuda se capitalizó a favor de los trabajadores y los pensionados, lo que les permitió comprar más acciones por menos dinero. "El problema que tenía el IFI era cuántas personas iban a participar en ese proceso, porque era inmanejable que tuviera que entendérselas individualmente con cada trabajador o pensionado", recuerda Claudia Álvarez, quien fue asesora de Paz del Río y luego contralora del acuerdo, además de ser una pieza clave en la transformación. Por eso se montó un esquema fiduciario para que administrara los pagarés con los trabajadores y pensionados para pagarle la acreencia al IFI. El esquema fue tan exitoso, que lograron pagarle al IFI no en 10 años como era el supuesto original, sino en 2,5 años.

Los trabajadores se comprometieron, entre otras cosas, a renunciar, durante la vigencia del acuerdo, a la prima de Navidad, y renunciaron al incremento salarial para 2003 y 2004. A estas reducciones, se sumó un incremento de ingresos, gracias a que se prendió el horno eléctrico, que estaba apagado, y se compró una fragmentadora, lo que permitió incrementar la producción. Además, los trabajadores mejoraron su desempeño. "Pasar de simple obrero a socio de la compañía implica que el trabajador tenga un sentido de pertenencia, le ayuda a ser más eficiente, a vigilar los procesos, a que no se malgaste. Cualquier proceso tiende a mejorar y el trabajador quiere ver cada día mejores resultados", afirma Roque Contreras.

"El punto fundamental fue el código de buen gobierno corporativo, porque una empresa manejada con reglas claras necesariamente tiene que generar buenos resultados", explica Álvarez.

Esta combinación de factores, unida al aumento en el precio internacional del acero, permitió que entre 2003 y 2004 los ingresos operacionales aumentaran 54,7% al llegar a $400.871 millones; la utilidad operacional pasara de $11.700 millones a $92.945 millones, y la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones creciera 132%, al llegar a $124.695 millones. También hizo posible financiar con caja la reconversión industrial que debe entrar en operación en el primer trimestre de 2007, y que permitirá aumentar la producción en 40.000 toneladas, para llegar a cerca de 400.000 toneladas anuales.

El cierre de este proceso debería ser la venta de las acciones de los trabajadores, sin que esto lleve a que se produzca una burbuja especulativa en Boyacá derivada del ingreso de esos recursos a la economía regional. Si bien es lógico que ese dinero ayude a mejorar la calidad de vida de los accionistas, también lo es que si parte de esa suma se destina a actividades productivas, se estaría contribuyendo a un desarrollo más permanente de sus familias y de la zona.
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