| 6/23/2011 7:00:00 AM

¿Otro apagón?

Crece la preocupación en el sector eléctrico por la suspensión indefinida del proyecto de generación Porce IV, a raíz de las invasiones de poblaciones, y recientemente de Quimbo, por parte del Minambiente. Hay temor por una futura crisis energética

El pasado 10 de diciembre, Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció la suspensión indefinida del proyecto de generación Porce IV, con una capacidad de 400 megavatios y que debería entrar en operación en diciembre de 2014.

El censo de población en la zona del proyecto creció dramáticamente. De 2.800 personas censadas en 2006, han llegado a cerca de 15.000 que están detrás de las indemnizaciones que pagaría EPM por reubicación, lo que ha hecho inviable al proyecto.

Pero no ha sido la única señal de alerta. Ituango, el proyecto de mayor tamaño en todo el país y que también realizará EPM, ha registrado en los primeros meses de este año invasiones y procesos de desalojos.

Y, más recientemente, el Ministerio de Ambiente puso nuevas condiciones ambientales y sociales a Quimbo, en Huila. Según la resolución 1096, el ministerio ordenó a Emgesa detener la compra y negociación de predios pues está ocasionando una cadena de impactos no previstos en el estudio ambiental, como el desconocimiento de las actividades económicas de pobladores de la zona que está poniendo en riesgo la estabilidad económica de las comunidades. También se le ordenó suspender la extracción de materiales y la operación de la zona industrial, hasta presentar las acciones de manejo preventivas.

Estos son tres de los denominados proyectos mayores –junto con Sogamoso– del total de más de 3.000 megavatios de capacidad que se espera sean instalados entre 2012 y 2018, y que representa energía en firme por 16.261 gigavatios hora año, cuyas inversiones se acercan a US$6.000 millones.

Mientras Quimbo e Ituango, a pesar de las difíciles negociaciones ambientales y sociales, avanzan y no han presentado retrasos –al igual que los otros seis proyectos que hacen parte de la subasta de 2008–, Porce IV definitivamente no estará para la fecha prevista y tiene un retraso de más de 500 días. De hecho, ya se inició un proceso administrativo entre la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y EPM para establecer las obligaciones que tiene la empresa. Se está evaluando si es necesario ejercer el cobro de la garantía que inicialmente ascendería a US$14 millones.

Estas circunstancias han encendido alertas en torno a si se cumplirá o no la generación de energía que requerirá el país en el futuro, en un escenario de crecimiento de la demanda interna y de la interconexión con Panamá, y si –dados estos hechos– la inversión extranjera le apostará a las nuevas subastas, la primera de ellas programada para diciembre de este año.

Los problemas

En el corto plazo, la primera preocupación es el debate jurídico que está por empezar entre el gobierno y EPM. ¿Por qué? Ya se inició el proceso administrativo que la Creg adelanta. “El asesor que sigue el desarrollo de los proyectos reporta que Porce IV tiene un retraso insalvable de más de un año”, dice Javier Augusto Díaz, director de la Creg.

Esto trae consecuencias. Todo proyecto tiene una garantía  que es igual al primer año del cargo por confiabilidad que recibe la planta por proveer la energía en firme. En el caso de Porce IV es, inicialmente, de US$14 millones, que puede llegar a ser hasta de tres veces si supera el año de retraso. Además, si no entra en la fecha pierde la obligación de pago que ganó en la subasta, que normalmente va por 20 años y debe buscar un respaldo de energía en firme.

EPM prefirió mantener reserva sobre este proceso. Sin embargo, expertos del sector aseguran que va a ser un “pleito grande y largo” porque la compañía paisa argumentará fuerza mayor.

“La zona sigue siendo bastante compleja: hay minería ilegal, desplazamientos de gente que viene del sur del país para sembrar cultivos ilícitos y, además, confluyen bandas criminales y guerrilla, y las presiones sobre las autoridades locales son muy fuertes”, agrega un experto.

Incluso, se han intentado desplazar hacia Porce IV e Ituango comunidades afrocolombianas e indígenas para buscar mecanismos de consulta previa.

Además, hay temor porque el debate electoral toma fuerza y las próximas elecciones locales serán claves en el futuro de los proyectos.
“Los censos en Quimbo ya están cerrados, elevados a escritura pública.
El censo es la herramienta definitiva para hacer que un proyecto sea viable. Tenemos un censo de 3.000 personas, pero si aparecen 2.000 nuevas harían inviable el proyecto”, dice Lucio Rubio, director del Grupo Endesa en Colombia, al que pertenece Emgesa, quien asegura que las nuevas peticiones del Ministerio de Ambiente no retrasarán la obra.
En el mediano y largo plazo, las expectativas están sobre los procesos que vienen y las estrategias para garantizar los proyectos.

Díaz, de la Creg, confirmó que en diciembre de 2011 se realizará una nueva subasta para proyectos que deben entrar entre 2015 y 2016. Aseguró que no se trata de una subasta de reconfiguración que busca hacer ajustes de corto plazo. “Tenemos un horizonte de cuatro o más años para ir ajustando el sistema a la demanda y si aparecen necesidades se hace una subasta”, agrega el funcionario.

María Zulema Vélez, presidente de Acolgen, dice que la subasta de diciembre servirá para atenuar la salida de Porce IV, atender las necesidades de exportación de energía y satisfacer la demanda. El otro aspecto es el cuidado y vigilancia de las zonas de los proyectos. Para Vélez, se dio un gran paso con el decreto de amparo policivo de mayo de este año que, “ante la eventualidad de que la policía municipal no esté en condiciones de proteger y actuar, permite que se escale a la gobernación o al orden nacional; y, además, habilita al dueño del predio y al que tenga la declaratoria de utilidad pública a que actúe”, explica la dirigente gremial.

¿Estos hechos atentan contra el suministro de energía hacia el futuro? La Creg asegura que la visión a mediano y largo plazo permite ir ajustando el sistema con nuevas subastas. Sin embargo, para Rubio, de Endesa, “retrasos en los procesos de construcción o la no ejecución de algunos de ellos estarían poniendo en riesgo cómo se abastece el incremento de demanda previsto para esos años”.

Otra duda es hasta qué punto los inversionistas podrían limitar su llegada. Sin duda, este es un negocio atractivo, pues el cargo por confiabilidad asegura ingresos por, al menos, 20 años. Algunos, han hecho grandes apuestas por sacar adelante esos proyectos. Endesa, en Quimbo, destina US$143 millones para atender temas ambientales y sociales, que corresponden a 17% del costo total de la obra, uno de los más altos en el país.

No obstante, el reto para el Gobierno es asegurar que estos procesos no se repitan y garantizar a quienes están desarrollando proyectos y a los que participarán en las subastas futuras que, lo que se ha denominado como el ‘fenómeno de Porce IV’, no se consolide y, además, hacer más ágiles y expeditas las normas ambientales y sociales.

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