| 5/15/2014 2:20:00 PM

El genoma criollo

Las semillas son uno de los factores que tienen con los pelos de punta a los campesinos colombianos. Este mercado mueve $250.000 millones al año. Radiografía del polémico negocio, dominado por empresas locales.

Contrario a lo que se podría pensar, los mayores vendedores de semillas en Colombia no son las grandes multinacionales, como Monsanto, sino firmas colombianas que llevan más de 30 años invirtiendo en crear nuevas variedades, principalmente de arroz.

Aunque este es un país agrícola, las grandes extensiones están sembradas con productos que tienen investigación interna, como es el caso de café, banano y caña, cuyas semillas son vendidas por sus respectivas federaciones. En los otros cultivos es donde está la competencia entre los productores de dicho material genético, que se disputan un mercado de $250.000 millones, con todo y que Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayores problemas de piratería y contrabando de estos productos.

La Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología (Acosemillas) estima que en las hortalizas es en donde menos se usa material certificado o legal, apenas 30% de los cultivos, mientras que en palma ese uso es de 99%, lo que explica la alta competitividad de este producto. “Quien invierte en palma para un cultivo de 30 años no puede correr el riesgo de que la base, que es la semilla, le salga mal”, explica Juan Manuel Monroy, gerente de Acosemillas.

Aunque están claras las ventajas del uso de semillas certificadas, pues traen tecnología, lo que hace que produzcan más y requieran menos abonos e insecticidas, su uso es uno de los factores que ha promovido los recientes paros campesinos. El argumento de los cultivadores es que no deberían pagar por una semilla, que fácilmente pueden obtener tras la cosecha y que en muchos casos es nativa.

El costo de las semillas depende del cultivo y va entre 10% y 15% del valor total de producción, lo que puede ser muy oneroso para los pequeños cultivadores. Obviamente, el diferencial de precio con la semilla pirata o la de contrabando (que se trae de Venezuela o Ecuador) hace que el problema sea mayor. Sin embargo, los empresarios invierten en promedio entre $4.000 millones y $5.000 millones por cada variedad nueva, cada una de las cuales les toma más de cinco años, lo que hace que pidan una retribución por su esfuerzo de investigación.

La polémica por la legalidad de las semillas se agudizó no solo por el paro agrario, también por la divulgación de un documental sobre una resolución de 2010 (la 970 del ICA), con la que se busca hacer un mayor control de la producción y comercialización de semilla certificada. En el video se ve a la Policía destruyendo toneladas de semillas de arroz en Campoalegre (Huila). El malestar se generó porque las semillas fueron tiradas a un botadero y para algunos el problema no era solo que se botó comida “para complacer a las empresas productoras de semillas”, sino que además se les negaba a los campesinos el derecho a reservar los mejores granos para guardarlos como semillas. El escándalo llevó a que la resolución entrara a estudio para ser modificada.

Temor por el cambio

Luis Humberto Martínez, director del ICA, explica que la resolución 970 fue mal interpretada, pues la entidad no puede obligar el uso de semilla, sino sugerirlo, dado que la agricultura es una actividad privada y cada quien es responsable de los insumos que utiliza; lo que sí hacen como autoridad es vigilar a los agrocomercios para castigar la venta de semilla ilegal. Por eso, aclara, que en el video se ve policías destruyendo una semilla, que fue obtenida irregularmente y que no era apta para consumo humano, ni para cultivarla, pues estaba contaminada.

Sin embargo, Agrega que se decidió modificar la resolución para separar las semillas nativas de comunidades indígenas y afro, que son manejadas bajo otros parámetros. El cambio está a punto de ser firmado, luego de haber incluido comentarios de los interesados.

No obstante, los 25 empresarios de las semillas temen que se afloje en el control y lo que piden es que su uso se vuelva obligatorio, tal como en Ecuador, país que solo entrega subsidios si se usa semilla certificada. La respuesta del ICA es que ellos no pueden convertirse en policías de las semillas y que lo que deben hacer los empresarios es mejorar su servicio postventa, para que los campesinos se convenzan de la necesidad de usar sus semillas.

Aunque es un gremio, Fedearrroz actúa como una empresa en la venta de semillas y es la de mayor facturación en el país, con 60% del mercado. Luego le siguen empresas como Semillano, que lleva 40 años, Organización Pajonales (que pertenece a Corficolombiana), Cultivos y Semillas el Aceituno y Semillas Valle, con ventas superiores a los $20.000 millones. Entre las colombianas producen 85% de la semilla certificada en el país, el otro 15% es de las multinacionales. De ellas, la que más vende es Syngenta.

Esta industria dice que está tan afectada como la editorial o la de música por la piratería, que en su concepto no solo pone en riesgo su negocio, sino la productividad del campo, más ahora que arrecia la competencia por los TLC. Sin embargo, a diferencia de los libros o de los CD, que han bajado sus precios para combatir la piratería y ganar por volumen, los semilleros argumentan que no pueden bajar precios porque el mercado es pequeño. Para destrabar este enredo, valdría la pena que los cultivadores se comprometieran con las semillas certificadas y los empresarios redujeran sus márgenes.
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