| 11/1/1994 12:00:00 AM

Narcotráfico y democracia

El narcotráfico es la peor amenaza a la democracia de países débiles como Colombia. La lucha mundial contra las drogas no ha dado resultados.

LOS HECHOS



Los efectos del narcotráfico sobre los regímenes democráticos que lo sufren son devastadores (se entiende por narcotráfico el comercio ilegal de coca, heroína, marihuana y otros productos análogos, genéricamente denominados droga). He aquí las razones:

1. Los comerciantes de la droga están buscando influir en los procesos electorales de nuestras democracias con el fin de que sean elegidos a las corporaciones legislativas, o a cargos de la rama ejecutiva, personas favorablemente dispuestas a sus intereses, o que son ellas mismas narcotraficantes. Para ello se valen del dinero que en algunos casos compra voluntades, y de diversas formas de intimidación y violencia. Así lo demuestran dos hechos: primero, docenas de políticos, candidatos y autoridades elegidos por voluntad popular -algunos de ellos de los más honestos y capaces-, han caído bajo las balas del narcotráfico. Segundo: en contraposición, un número no muy claro, pero no despreciable, de representantes del narcotráfico ha sido elegido como legisladores o como autoridades en otros cargos públicos.

2. Los narcotraficantes están corrompiendo o intimidando a un número apreciable de funcionarios de la administración pública, no sólo aquellos que ocupan un rango jerárquico inferior, sino aun a quienes

ejercen el más alto nivel de mando. Esto preocupa particularmente cuando se trata de instituciones pilares de la defensa nacional, el orden interno y la juricidad, tales como las Fuerzas Militares, los cuerpos de Policía, y los organismos judiciales. Dentro de esta campaña de corrupción e intimidación, varios centenares de funcionarios públicos -ministros, magistrados, jueces, oficiales del ejército, agentes de policía, etc.- han sido asesinados por las bandas de narcotraficantes.

3. La LUCHA adelantada por Colombia y por otros gobiernos democráticos del continente contra el narcotráfico está interfiriendo gravemente en las relaciones de unos Estados con

otros, y de todos ellos con Estados de otros continentes. En la agenda internacional, intereses de gran trascendencia para nuestros pueblos están siendo relegados a segundo orden ante la prioridad asumida por la lucha contra el narcotráfico.

4. LA lucha contra el narcotráfico está desviando hacia ella sumas sustanciales del presupuesto público, las cuales podrían estar atendiendo otras necesidades prioritarias de la población, o, de no tener que gastarse, permitirían alivio en la carga impositiva.

5. EL flujo ilegal de dólares hacia las economías de algunos países, por ejemplo hacia la economía colombiana, reduce considerablemente las alternativas gubernamentales de manejo de las políticas cambiaria, crediticia y monetaria, en detrimento del desarrollo eco-, nómico y del bienestar social de la población.

6. EL TRÁFICO DE DROGAS alimenta sustancialmente las arcas de los grupos subversivos de algunos países, incrementando así de manera extrema su capacidad para golpear los respectivos gobiernos democráticos. El caso colombiano es elocuente a este respecto.

7. La lucha contra la producción, distribución y consumo de la droga ha conducido a una enorme congestión en los órganos judiciales, y como consecuencia a un incremento de la impunidad.

8. Los narcotraficantes han creado organizaciones criminales de cobertura internacional, que cuentan con enormes recursos y que están dispuestas a cualquier acción violenta, ante las cuales la capacidad disuasiva de nuestras autoridades democráticas con frecuencia es nula o muy débil.

9. Los Narcotraficantes están buscando intimidar, y en parte lo están logrando, a los agentes de los medios de comunicación, con el fin de que no informen, o no opinen, sobre hechos de corrupción y violencia realizados por aquellos.

Conviene subrayar, por último, que en un buen número de casos los hechos anteriores están teniendo lugar en el seno de Estados débiles, es decir, en Estados cuyas capacidades económicas, administrativas y políticas para proteger a sus ciudadanos y combatir a los delincuentes, son escasas o en gran parte inefectivas. Lo grave es que la democracia política no puede prosperar en sociedades donde actores extremadamente bien dotados de recursos, y carentes de escrúpulos, pueden o anular las expresiones de la voluntad popular o impedir que las autoridades las tengan en cuenta.



LAS POLÍTICAS



Las políticas antinarcóticos de tipo represivo y las de erradicación y sustitución de cultivos han demostrado ser ineficaces para debilitar los efectos corruptores y violentos del narcotráfico sobre nuestras democracias. Después de más de cinco años de lucha particularmente intensa contra el narcotráfico:

1. Los estimativos de producción mundial de droga para 19881993 muestran niveles relativamente estables para la producción de opio y hoja de coca, y apenas un ligero descenso en la producción de marihuana.

2. LA DROGA que se logra decomisar anualmente no parece alcanzar siquiera a una cuarta parte de la producción mundial.

3. LA DEMANDA por cocaína aparentemente está disminuyendo en Estados Unidos, pero se está registrando un incremento en la cantidad y pureza de la heroína que entra a esa nación. Parece, pues, que se está dando no tanto un fenómeno de disminución en el consumo de droga sino uno de sustitución de un estimulante por otro.

4. EN LOS ÚLTIMOS cinco años el consumo de narcóticos ha aumentado considerablemente en Europa, Japón y en los principales países productores de droga.

5. No hay indicio alguno sólido de que la actividad de lavado de dólares esté disminuyendo. Algunos piensan que, más bien, se ha incrementado y se ha refinado aún más en sus procedimientos.

6. HAY quienes estiman que más de una tercera parte de los homicidios en el mundo está hoy relacionada, de una u otra forma, con la producción, comercialización y consumo de sustancias sicoactivas ilegales.



EL CAMBIO



Ante los costos tan altos que está causando, y que seguirá causando, el narcotráfico a los gobiernos democráticos, y ante la ineficacia comprobada de las políticas prohibicionista y de erradicación y sustitución de cultivos, se impone un cambio radical. A grandes males, grandes remedios.

Es hora de ensayar una legalización controlada de la producción, distribución y consumo de la droga, pero establecida mediante un acuerdo de las naciones involucradas en el problema. La efectividad de una política de legalización que llegue a adoptar un país sin la cooperación de los otros, es muy limitada.

Así pues, la legalización que se propone debe ser pactada en términos generales entre los principales países productores, intermediarios y consumidores, y debe dejar abierta la puerta para que cada gobierno reglamente las condiciones y controles específicos que a bien tenga en relación con las diversas sustancias sicoactivas. Esta propuesta, por lo tanto, no implica cancelar por completo las políticas de interdicción, las cuales podrán adoptarse en los casos especiales que así lo ameriten. Por otro lado, la legalización propuesta deberá ir acompañada de un incremento sustancial en las políticas preventivas, educativas y de rehabilitación, para que aquella pueda surtir el efecto deseado.
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