| 8/30/2007 12:00:00 AM

Móviles y fijos un nuevo round

Orbitel y la ETB estudian la posibilidad de demandar a Comcel y Telefónica Móviles Colombia (MoviStar) para que compensen los daños que le habrían ocasionado al mercado de la telefonía fija.

Los operadores de telefonía fija y celular han casado varias peleas desde que estos últimos obtuvieron en 1994 su licencia para operar en el país. Han chocado por interconexión, tarifas, regulación y cargos de acceso. Los  rounds  más recientes tienen como escenarios la Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En el pleito en la Súper, se llegó a la conclusión de que las empresas de  telefonía celular hicieron acuerdos de precios, que fueron perjudiciales para los intereses de la telefonía fija. En el del Tribunal se resolvió una acción popular que reconoció la competencia de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) para regular la tarifa de las llamadas de fijo a móvil.

Estas dos sentencias generarán cambios importantes en el negocio de las telecomunicaciones en Colombia. La disposición de la Superintendencia les da argumentos a los operadores fijos para iniciar acciones legales contra los celulares y, la del Tribunal, les abre la posibilidad a las empresas de telefonía fija de entrar al negocio del mercado mayorista de minutos de celulares.

Mientras ETB, Orbitel y Telecom, que son las directas beneficiadas con estas decisiones, hacen cuentas para evaluar la bondad de entrar a la comercialización de minutos celulares, y algunas ya anuncian demandas, MoviStar y Comcel tienen una batería de argumentos para justificar sus acciones.

El efecto del Tribunal
El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resuelve una acción popular interpuesta en el año 2004 con el fin de lograr la intervención judicial en la regulación de las tarifas de fijo a móvil. Fruto de esto, el Tribunal le ordenó a la CRT que analizara junto con los operadores de telefonía móvil y los de pública básica conmutada, la posibilidad de comercializar llamadas móviles mediante el sistema de reventas de minutos. Y si fuera necesario, para mejorar la competencia y la regulación del mercado, que procediera a regular ese sistema de comercialización. Esto implica que los operadores de telefonía fija podrían comprar paquetes de minutos a las compañías de celulares para ofrecer mejores precios a sus usuarios. Este tipo de negociación hasta ahora no se había podido concretar entre las partes, las cuales están a la expectativa de ver cómo evoluciona este tema.

De otro lado, en el marco de este mismo proceso, se obtuvo un dictamen pericial para determinar si Comcel y MoviStar generaron perjuicios por las tarifas que cobraron en las llamadas de fijo a celular. Los peritos establecieron que ETB, Orbitel y Telecom dejaron de percibir $3,29 billones, mientras que los usuarios pagaron de más $1,85 billones porque al ver que las tarifas de fijo a celular eran más altas que las de celular a celular, optaron por hacerlas por esta segunda vía. Por esta razón, Orbitel emprenderá acciones legales contra las compañías de telefonía celular, como se lo confirmó a Dinero Jaime Andrés Plaza, especialista de asuntos regulatorios. Entre tanto, la ETB analiza la misma posibilidad, según lo reveló el secretario general, Andrés Pérez Velasco. Telecom, que ahora hace parte del grupo que también es dueño de MoviStar — Telefónica Móviles Colombia, empresas que ahora operan bajo una perspectiva de integración estratégica, no tomará acciones en este sentido, como lo dio a conocer un vocero de la empresa. Para Velasco, “el dictamen del peritaje que ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,  independientemente de la cuantía, evidencia que sí es posible determinar que existió un perjuicio”.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de la Industria Celular en Colombia (Asocel), Tulio Ángel, desestimó cualquier acción legal que pudieran emprender la ETB y Orbitel por considerar que en ningún momento el Tribunal los condenó en este sentido. Explica que la sentencia estableció claramente que “no basta presumir que los operadores de la telefonía básica conmutada, por efectos de la disminución del número de minutos al aire, como por la diferencia tarifaria, tienen derecho a ser indemnizados, máxime, si se mira que ese comportamiento de aminoración de llamadas fijas no se da solo en Colombia, sino en el mundo entero, como lo demuestran los propios estudios de la CRT”. A su vez, la magistrada que manejó el caso, Nelly Yolanda Villamizar, aclaró en días pasados que si Orbitel y la ETB quieren reclamar indemnización a Comcel y MoviStar tendrán que aportar pruebas adicionales al dictamen pericial que solicitó ese tribunal. 

Pero los celulares también salieron airosos frente a las pretensiones de los fijos en este caso. En declaraciones al periódico El Tiempo, la jurista recordó que luego de analizar los argumentos de las partes, el Tribunal determinó que no era posible determinar si los celulares violaron o no las normas de libre competencia en el tema tarifario, y que el organismo competente en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio. El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca también descartó amenazas para los celulares, como la que consistía en la adopción de medidas regulatorias que permitieran a los usuarios que quieran cursar una comunicación de teléfono fijo a uno móvil, y visceversa, escoger la red (larga distancia o celular) a través de la cual quiera cursar su llamada. Así como tarifas más equilibradas para las llamadas de fijos a celulares, como las que rigen cuando se utiliza únicamente la red celular, entre otras.
 
Pasado en presente
En lo que no salieron bien librados los celulares, fue en la investigación que adelantó la SIC y que dará pie a nuevas interpretaciones en las reglas del juego. Este nuevo episodio comenzó a raíz de que Orbitel y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (Andesco) lograron que la SIC volviera a revisar una resolución mediante la cual aceptó las garantías que ofrecieron las compañías en agosto de 2000, a cambio de que cesara la investigación que se adelantaba contra ellas por supuestos acuerdos de precios contrarios a la libre competencia. De esta manera lograron revivir un debate de finales de los 90, que tiene que ver con las tarifas que impusieron las compañías  de telefonía celular  para llamadas de fijo a celular y de celular a fijo. Las empresas ofrecieron constituir garantías, que incluyeron pólizas de seguros, comprometiéndose a suspender o modificar la conducta investigada. La investigación administrativa había sido abierta oficialmente por la SIC el 30 de abril de 1999, y cobijaba en su momento a Comcel S.A., Occel S.A., Celumóvil (hoy Movistar) S.A., Celcaribe y Cocelco. Pero Andesco y Orbitel, a través de un derecho de petición en 2003, argumentan y solicitan que se reanude la investigación, pues consideraban que los operadores de telefonía móvil no cumplieron con los compromisos adquiridos. Y, en efecto, la SIC decidió investigar, pero fue necesario nombrar al Superintendente de Sociedades como Superintendente de Industria ad hoc, luego de que este último se declarara impedido.

La investigación administrativa concluyó que entre 1998 y 2005 hubo un acuerdo entre las compañías mencionadas, que consistía en incrementar cada año las tarifas de las llamadas de fijo a celular, en tanto que disminuían las de móvil a fijo, lo que a juicio de los investigadores “ahondó más la brecha entre usuarios de uno y otro servicio”. Tal conducta solamente cesó con la expedición de la resolución 1296 del 13 de septiembre de 2005, mediante la cual el Estado, a través de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), dispuso que la tarifa máxima a cobrar al usuario que haga llamadas de fijo a móvil no podrá exceder de $392 el minuto.

Este hecho, sin embargo, fue negado rotundamente por el presidente de Asocel, Tulio Ángel, quien explicó que en un mercado de competencia los precios son parecidos como sucede en cualquier otra categoría como el de las gaseosas y bebidas, por ejemplo. No obstante, tras considerar que se violaron las normas sobre libre competencia a través de acuerdos discriminatorios y concluir que no cumplieron con el compromiso de suspender las conductas por las cuales fue abierta la investigación, el superintendente ad hoc impuso las multas a las compañías Telefónica Móviles Colombia S.A. (antes Celumóvil, luego Bellsouth  y ahora MoviStar) y Comcel (absorbente de las sociedades Occel S.A. y Celcaribe S.A.) por $572 millones y $1.716 millones respectivamente. Igualmente, les ordena a las mismas abstenerse en el futuro de repetir actuaciones similares, específicamente las que tengan por objeto o como efecto determinar condiciones de venta o comercialización discriminatoria para con terceros.

Ángel advirtió que apelarán hasta las últimas instancias pues considera que se violó el debido proceso y que el procedimiento está plagado de irregularidades. Entre ellas menciona que la acción ya había prescrito pues para hacer efectivas las garantías, la SIC tenía plazo hasta 2003, por lo cual la vigencia de las pólizas también expiró. “El superintendente puso como referencia de la caducidad el año 2005, cuando la CRT fijó las tarifas de las llamadas de fijo a celular, lo que consideramos un grave error”, dijo.
Para el dirigente gremial, también constituye una equivocación el hecho de que la entidad no hubiera abierto una nueva investigación, como era lo previsible, según él, en este caso, y que se haya impuesto a Comcel una multa de $1.700 millones cuando la base máxima de sanción es de 2.000 salarios mínimos vigentes, unos $800 millones, aproximadamente. Sin embargo, para el superintendente ad hoc,  Hernando Ruiz López, si bien es cierto que la vigencia de las pólizas constituidas expiró, esto no significa que también desaparezca la potestad de la SIC de verificar el cumplimiento de los ofrecimientos efectuados por las investigadas y, de ser el caso, imponer las multas que correspondan. Y así procedió.

Si bien esta sanción, una de las más altas impuestas en el negocio de las telecomunicaciones, no tendrá un efecto sobre el valor de las llamadas de fijo a celular, sí les da más argumentos a los operadores fijos para iniciar acciones legales, como lo han advertido voceros de la ETB y Orbitel. De esta manera nace un nuevo capítulo en esta guerra sin cuartel que se libra desde 1994, mientras que el round de la Superintendencia de Industria y Comercio va para largo.

Esta situación demuestra lo que se ha contado reiteradamente sobre el sector: una regulación que avanza en forma lenta y no se adecúa a las transformaciones tecnológicas. El no tener una regulación más amplia y flexible, como en otros mercados desarrollados, la justicia y los organismos de control están siendo, en últimas, los encargados de establecer las reglas del juego en materia comercial.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?