| 4/17/2009 12:00:00 AM

Motor a media marcha

Las dificultades en la financiación y la lentitud en la estructuración de los proyectos viales harán que el plan de choque del gobierno se demore en reactivar la economía.

El consenso entre los banqueros de inversión y los empresarios es que los proyectos que moverán los negocios y la economía en 2009, son los relacionados con la infraestructura. Y aunque el gobierno lanzó a principios de año un plan de choque destinado a impulsarlos, hay dudas sobre el verdadero efecto que este tendrá en el corto plazo. La razón es que de los $55 billones que están contemplados en el plan, la mitad corresponde al sector de Minas y Energía, que tiene un bajo impacto en la generación de mano de obra, mientras que sectores que serían un verdadero motor, como infraestructura vial, tienen problemas para su rápida ejecución.

Además, el 58% de los recursos del plan de choque debe ser conseguido por el sector privado, justo en momentos en que los mercados de crédito internacionales están cerrados, y los locales son cada vez más selectivos. Además, dentro del capital que tendrá que poner el sector público, salvo el caso de Ecopetrol, el grueso está a cargo de entidades que tienen graves problemas en su ejecución como el Invías y el Inco.

Precisamente, en el tema vial es donde se ven los mayores obstáculos para la financiación porque si bien los fondos de pensiones, los financiadores naturales, tienen recursos y están interesados en diversificar su portafolio, no ven que existan proyectos bien estructurados para invertir. "Los proyectos viales se adecuan al perfil de inversión de un fondo de inversiones, pues tienen ingresos estables en pesos, a largo plazo y su rentabilidad no se mueve con otros activos. Sin embargo, la institucionalidad del sector hace que hoy no haya proyectos bien estructurados para poder invertir en ellos", afirma Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.

Al hacer un balance de las partidas que se destinarán en el plan de choque a los distintos sectores de la economía, se observa que en general, la mayoría de los recursos se estaría ejecutando en el segundo semestre del año, mientras surten efecto los trámites legales para la apertura de licitaciones y la contratación. Por tanto, la participación del sector privado y el ritmo de los negocios este año dependerá de la velocidad con que el sector público actue.

Minas y energía $27,3 billones

Casi el 50% de las inversiones contempladas en el plan de choque reposan en el sector de Minas y Energía, y de estas el 86% ($23,6 billones), corresponden a la industria petrolera. En este sector, la inversión pública está concentrada en el presupuesto de Ecopetrol, una empresa que se ha caracterizado por sus altos niveles de ejecución.

Ecopetrol planea invertir US$6.224 millones este año y de esta suma, producción y exploración son las que van a canalizar los mayores esfuerzos (44% y 17%, respectivamente). Del sector privado se espera que se inyecten recursos por $10.8 billones.

Estas proyecciones se presentan en una coyuntura de bajos precios del crudo,estimados para este año, de dificultades de acceso a la financiación y de una reducción en los presupuestos de inversión de capital para exploración y producción a nivel global. Según la Asociación Colombiana del Petróleo, la caída en Colombia sería del 11% si se cumple la totalidad de la programación estimada.

Vivienda $11,6 billones

El 90% de la inversión en vivienda correrá por cuenta del sector privado. Sin embargo, la acción del sector público será fundamental para dinamizar la construcción, y con esto se movilizarán los $10,5 billones presupuestados para este actor.

Aunque la construcción creció 18% el año pasado, el último trimestre registró una caída de 0,6%, lo que prendió las alarmas en el Gobierno. Con el fin de evitar un frenazo mayor, lanzaron dos medidas en las últimas semanas que buscan generar confianza entre los colombianos de ingresos medios y bajos para que adquieran vivienda. En el primer caso, se lanzó un programa de cobertura de tasa a través de la cual el Gobierno asume entre 3 y 5 puntos de la tasa de interés de los créditos para adquirir vivienda nueva, (ver Agenda Pública). "Son $500.000 millones y con este impulso se espera que las edificaciones crezcan entre 8% y 10% este año", explica el viceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao.

En el segundo caso, se aumentó el monto de los subsidios para las cajas de compensación familiar, de tal manera que se reduzca la necesidad de crédito de quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos. Esta medida es retroactiva con respecto a los subsidios que se entregaron en 2007. La actualización de los subsidios les representa a las cajas $130.000 millones y con esto se moverían 30.000 subsidios, que equivaldrían a una inyección de $310.000 millones.

Agua $3.3 billones

El grueso de la inversión estimada en agua para este año correrá por cuenta del sector público ($2,2 billones). Actualmente, hay 373 proyectos en obra física, los cuales suman $956.000 millones. Sin embargo, como parte de estos recursos se empezaron a desembolsar en noviembre y diciembre del año pasado, en la práctica, en lo que va del año, las inversiones ascienden a $676.000 millones.

En este momento se encuentran en proceso de licitación 239 proyectos por un monto total de $487.614 millones. El objetivo es iniciar obras a más tardar en junio.

Esto quiere decir que todavía hay pendientes por ejecutar cerca de $1,1 billones para el segundo semestre del año. Los problemas de ejecución podrían provenir de la falta de suficientes diagnósticos de los municipios en cuanto a tener el nivel de detalle que se requiere en los diseños de los planes de agua para poder abrir los procesos. Para contrarrestar esta situación, el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Agua decidió contratar directamente los diseños en todo el país, lo que representaría unos $500.000 millones. Si todo marcha bien, en agosto se abriría el proceso licitatorio, y en noviembre y diciembre se empezaría la obra pública. De acuerdo con la viceministra de Agua, Leyla Rojas, se ha pensado aumentar del 30% al 50% el anticipo para acelerar la ejecución.

Quedarían pendientes obras por $500.000 millones, de las cuales se están buscando diseños en los bancos de proyectos.

Infraestructura vial $5,5 billones

Las mayores dudas sobre la efectividad del plan de choque se centran en la infraestructura vial, debido a los bajos niveles de ejecución que ha demostrado el Invías, y a la pobre estructuración de los proyectos, principal escollo para que las obras no se hayan ejecutado.

En total, los compromisos del gobierno ascienden a $3,4 billones, de los cuales el Invías debe invertir $2,1 billones, cuando su nivel de ejecución ha sido tradicionalmente bajo.

En corredores para la competitividad, el presupuesto es inyectar $400.000 millones este año y si bien a principios de abril se presentaron 81 proponentes a la licitación, la Cámara Colombiana de la Infraestructura ve muy difícil que en la práctica las obras se comiencen este año. Esto se debe a que, por un lado, los diseños de las vías no tienen ingeniería de detalle, y por otro, se construirán en concreto y no en asfalto, un material mucho más exigente. Si se tiene en cuenta que las obras del plan 2.500 eran más sencillas y en promedio los diseños duraron 6 meses en estar listos, es poco probable que los de los corredores de competitividad estén antes de noviembre, suponiendo que los contratos se firmen en junio. Esto hace pensar que en movimiento de tierra no habría nada este año.

En el tema de las adiciones de concesiones, la meta son casi $700.000 millones para ejecutarse en 2009. Y si bien ya el Conpes le dio seguridad técnica al proceso, todavía falta que el Inco negocie las condiciones con los concesionarios, y ese trámite va a durar varios meses. Por otra parte, el impacto de estas obras en la competitividad del país y en la dinamización de la economía no es tan claro, ya que se trata de corredores existentes, y por tratarse de adiciones. La cantidad de obra que van a mover no es significativa.

Telecomunicaciones $3,9 billones

Las inversiones del sector público en telecomunicaciones ascienden a $700.000 millones. De esta suma, hay en ejecución proyectos por $100.000 millones, y contratos firmados por $155.000 millones, por lo que estos recursos estarían entrando a la economía en los próximos meses.

Todavía queda un saldo que corresponde a $445.000 millones repartido principalmente entre el programa de internet social de Compartel ($110.000 millones), la puesta en órbita del satélite de telecomunicaciones ($170.000 millones) y la licitación del cable de San Andrés ($52.000 millones). Este último es el proyecto más adelantado, ya que la licitación se cerró el 13 de abril.

En el caso de Compartel, hay pliegos en borrador y se estima que la licitación se abrirá en mayo para ser adjudicada entre junio y julio.

La licitación del satélite, por su parte, debe abrirse en junio. Estaría adjudicada en julio-agosto.

De acuerdo con el viceministro de Comunicaciones, Daniel Medina, lo único que podría demorar el proceso es que alguna de las licitaciones se declare desierta.

El otro programa importante del Ministerio es el de Computadores para Educar. Hasta el momento, se han irrigado recursos por $16.000 millones, y hay abierta una licitación que representaría $15.000 millones más para este año. Esto quiere decir que faltarían por ejecutar $40.000 millones, lo que requeriría una nueva licitación que se realizaría en el segundo semestre del año.

La inversión en televisión digital, de unos $ 125.000 millones, está pendiente de la decisión sobre las frecuencias que tome la Comisión Nacional de Televisión. Esta entidad también está por decidir la licitación del tercer canal de televisión.

Por su parte, se calcula que el sector privado invertirá $3,2 billones. De acuerdo con el viceministro de Comunicaciones, Daniel Medina, el Gobierno se ha reunido con todos los operadores y, salvo Comcel, ninguno ha anunciado recortar su inversión. ETB, Une y EPM tienen asegurada su financiación, y Telefónica refinanció su endeudamiento, por lo que se espera que los recursos se desembolsen sin ningún contratiempo.

Transporte Urbano  $1,5 billones

El Gobierno Nacional ha sido un promotor activo de los Sistemas de Transporte Masivo (STM). Este año se estima que la inversión pública sea de $1,5 billones, incluyendo la tercera fase de Transmilenio en Bogotá, y que entren en operación los STM de Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Medellín. Con la excepción de Cúcuta, los proyectos cuentan con convenios de cofinanciación y están en ejecución. También se le dará un impulso a Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) en ciudades más pequeñas como Pasto, Santa Marta, Armenia, Valledupar, Popayán y Montería.

A pesar de esto, el Gobierno espera que este año el sector privado invierta alrededor de $1,1 billones en estos sistemas. La celeridad en las inversiones dependerá de que los gobiernos locales estructuren los proyectos y ejecuten las obras rápidamente y sobre todo de la velocidad con la cual los transportadores locales entiendan la transformación del negocio.

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