| 5/26/2006 12:00:00 AM

Medicamentos decisión polémica

El debate por la entrada de 19 nuevos medicamentos al Plan Obligatorio de Salud (POS) dejó más ganadores que perdedores. Discusión saludable.

Desde cuando la Ley 100 de 1993 le dio vida al actual sistema de seguridad social del país, su Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud (POS) ha sido actualizado apenas 4 veces. La primera en 1997 (Acuerdo 83); la segunda en 2002 (Acuerdo 228); la tercera en 2004 (Acuerdo 282) y la cuarta, la semana pasada (Acuerdo 275). Sin embargo, esta última —del 19 de mayo de 2006— causó especial revuelo pues en esta ocasión el gobierno trató de convocar a todas las partes para llegar a una propuesta de consenso, la cual trabajó durante más de un año.

De hecho, el proyecto finalmente evaluado por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) y que dio pie a la aprobación de los 19 nuevos medicamentos en el POS, tuvo participación directa o indirecta de las diferentes fuerzas que conviven en el sector, y que muy pocas veces han tenido la oportunidad de sentarse a negociar. Aunque el resultado —como es usual— no dejó contentos a todos, ni logró conciliar muchos de sus puntos de vista, sí puso a pensar al sector en general en soluciones encaminadas a obtener el bien común. No en vano, la polémica de estas últimas semanas evidenció una gran cantidad de aspectos por mejorar en la parte de medicamentos del sistema de salud colombiano y la voluntad del sector de ponerse de acuerdo para buscar soluciones.

Tras el debate quedó claro que en medio de las posiciones divergentes hay intereses comunes en torno a que el sistema avance al mismo ritmo de los adelantos de la ciencia médica y a que mejore su costo-efectividad. "Necesitamos que el sistema funcione de manera idónea para los usuarios, pero sin perder su viabilidad", afirma un ejecutivo de un laboratorio multinacional. Aunque las coberturas del POS vienen siendo actualizadas cada vez con mayor frecuencia —en 2004 se sumó otra molécula, por un fallo del Consejo de Estado—, en el sector hay consenso en cuanto a que la revisión del plan obligatorio debería ser integral y mucho más frecuente. "Amerita una revaluación de principio a fin, idealmente, cada 6 meses", opina una fuente especializada.

El problema es que los criterios para evaluar el contenido en medicamentos del POS no siempre son claros. "Es indispensable tener en cuenta los 3 elementos de juicio mundialmente aceptados por la comunidad médica: el factor epidemiológico —incidencia de las enfermedades, según la población—, el científico y el económico. Consideramos que la conformación hace un par de años de una Comisión Técnico Científica de medicamentos y tecnología ha mejorado significativamente la visión en los 2 primeros; pero en el último todavía falta", opina Óscar Andia, director de la Federación Médica Colombiana.

El debate

Precisamente, el reciente proceso para aprobar los nuevos medicamentos del POS demostró los avances del sector en la búsqueda de consensos científicos e incluso, epidemiológicos. Con respecto a este último factor, es importante anotar que el gobierno nacional avanza en la implementación de un proyecto de US$8 millones para montar un sistema de información que, alimentado por todos los médicos del país, mostrará a futuro y con lujo de detalles de qué se enferman los colombianos. "El problema entonces sigue estando en que las decisiones desde el punto de vista técnico y económico no siempre son las más acertadas, pues deberían consultar más el interés de la salud pública", agrega Óscar Andia, de la Federación Médica Colombiana.

La polémica al respecto en el sector es palpable. "En general, el gremio está de acuerdo con que las tecnologías costo-efectivas dirigidas a tratar enfermedades prioritarias de los colombianos se incluyan en el POS. Pero siempre y cuando la decisión sea tomada teniendo en cuenta el costo que va a generar para el sistema y su impacto en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). De no ser así, la ampliación del plan de beneficios está en conflicto con la ampliación de cobertura a todos los colombianos", asegura Augusto Galán, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).

"En este punto, me parece importante hacer claridad en un aspecto. Cuando la Ley 100 se puso en marcha, se realizaron estudios y cálculos que determinaron cuáles eran los recursos disponibles para cubrir el gasto en salud y con ellos qué servicios, procedimientos y medicamentos podrían incluirse en el plan de beneficios, teniendo en cuenta las enfermedades más frecuentes y las necesidades más sentidas de la población para tener impacto sobre ellas. Desde luego, todos anhelaríamos tener una cobertura total de servicios de salud, pero hay una limitante de recursos, incluso en los países más ricos del mundo. En ese orden de ideas, nosotros no nos oponemos a la entrada de nuevos medicamentos al POS, siempre y cuando estén debidamente financiados y no se ponga en riesgo el equilibrio económico del sistema", agrega Carlos Palacino, presidente ejecutivo de la EPS SaludCoop.

A raíz de esta discusión, en la pasada actualización de medicamentos del POS el gobierno decidió aumentar la UPC, que es el dinero que entrega por cada afiliado al sistema, en 0,43%. La idea es mantenerlo en ese valor entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del año en curso. "Pensamos que en una primera fase las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deberán asumir un costo adicional por la entrada de los nuevos medicamentos al POS pero, de acuerdo con el estudio presentado por el grupo técnico al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), ese valor adicional después de los 6 meses contemplados se transformará en ahorros, al evitar procedimientos posteriores mucho más costosos. A partir de ahí, la UPC volverá a su nivel actual", explica Alfredo Rueda, director general de gestión de la demanda en salud de la secretaría técnica del CNSSS, del Ministerio de la Protección Social.

La exclusividad

Otro de los puntos de discusión con respecto a la entrada de nuevos medicamentos fue la aprobación de aquellos que no tienen competencia y están protegidos por el decreto 2085, es decir, tienen 20 años de protección de patente y la posibilidad de 5 más de protección de datos. "Esto representa una paradoja, en la cual el atribulado sistema de salud de un país pobre termina financiando los altos gastos de mercadeo y ventas de las compañías multinacionales. Para evitar este tipo de situaciones, es necesario que el Estado estimule la competencia y se encargue de asegurar una correcta toma de decisiones mediante estudios fármaco-económicos, que con especial atención a los altos precios de esos medicamentos, comprueben si esas nuevas entradas revisten un mejoramiento real en las condiciones del paciente o son solo desarrollos marginales de medicinas ya existentes", alerta un vocero del laboratorio nacional Tecnoquímicas.

Para los laboratorios internacionales, en cambio, la calidad y el avance científico de sus productos terminan garantizando mayores eficiencias al final. "El avance de la investigación clínica y del desarrollo médico nunca se detendrá en el mundo; hoy más que nunca asistimos a la aparición de nuevas generaciones de alternativas de tratamientos mejores en su costo-efectividad. Por ello, la revisión permanente del POS es una tarea necesaria por llevarse a cabo cada año en el CNSSS, a la vez que las nuevas técnicas de medición científica de los resultados de los tratamientos modernos servirán para evaluar los beneficios para los pacientes y los ahorros para los sistemas; bien se sabe de los ahorros que se generan en gastos de hospitalizaciones y complicaciones cuando se utilizan terapias más efectivas. Además, es importante precisar que muchos de los medicamentos innovadores han entrado al mercado con precios incluso inferiores a los de sus competidores genéricos", responde María Claudia García, presidenta ejecutiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (Afidro).

"Aunque el costo de los medicamentos puede parecer demasiado alto para el pagador, o para el paciente, el costo de las complicaciones médicas, hospitalizaciones o incapacidad, entre otros, tiene un mayor impacto económico y social", agrega Ximena Burbano, MD, especialista en economía de la salud e investigadora asociada de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El problema en Colombia es que los precios de los medicamentos son demasiado variables, situación que en muchas ocasiones aprovechan los actores del sistema en su beneficio. "En términos técnicos, los precios no se definen por los costos del medicamento, sino por los poderes del mercado", asegura un funcionario de Med-Informática Editores, compañía poseedora de la más antigua y grande base de datos de medicamentos disponibles en el país. Los estudios de precios que esta organización realiza permanentemente muestran productos que pueden ser vendidos, sin ninguna diferencia entre sí, a $400 en un canal y a $2.500 en otro, por unidad.

Ahí lo que juega es la ética de cada compañía farmacéutica, que en caso de ser monopolio puede poner el precio que quiera a sus medicamentos; de cada EPS e IPS (clínicas y hospitales), que a la hora de recobrar al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) por las medicinas entregadas por tutela, puede cobrar al precio máximo al público —muchísimo superior al que los compra como mayorista—, y así sucesivamente, de todos aquellos que en un momento dado puedan tener una posición de poder para vender los medicamentos. No obstante, el sector viene tomando conciencia de que este tipo de atropellos solo deterioran y ponen en riesgo la viabilidad futura del sistema.

El choque de poderes que encarnan desde siempre gobierno, entidades promotoras de salud (EPS), proveedores de medicamentos, instituciones prestadoras de salud (IPS), médicos y entidades de vigilancia continúa, y sus intereses opuestos seguirán siendo la base necesaria para un sano debate y una efectiva autorregulación del sector. Sin embargo, el sistema siempre debe tener claro que su única razón de ser son los usuarios y que cualquier acción emprendida debe estar encaminada hacia su satisfacción y su bienestar. Porque, en palabras de Darío Mejía, secretario general de la Defensoría del Pueblo, "aquí las cuentas no se hacen en pesos, sino en vidas".
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