Más vale tarde...

| 8/3/2001 12:00:00 AM

Más vale tarde...

Por fin se inició el proceso de capitalización de 4 de las 13 electrificadoras que está previsto privatizar en este gobierno. ¿Tendrá éxito?

Luego de casi 4 años de anuncios, el pasado 9 de julio se inició la capitalización de 4 de las 13 electrificadoras que se espera privatizar durante este gobierno. La Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, y las electrificadoras de Quindío, Meta y Cundinamarca fueron las elegidas para desentrabar el proceso que busca reducir la participación de la Nación en el sector eléctrico. Del resultado que tenga su oferta en el sector privado dependerá el futuro del esquema.

Aunque se había hablado de privatizar estos activos, se decidió que la mejor alternativa era emitir nuevas acciones a un inversionista para que asuma el control de las respectivas empresas. La razón es que estas entidades necesitan recibir con urgencia recursos frescos para mejorar su situación financiera y, por ende, su capacidad de inversión. De hecho, este proceso ha permitido que el sector financiero no embargue a la CHEC, debido a su alta cartera con el sistema.



"Si la capitalización de estas empresas tiene éxito, como esperamos, dará un impulso y creará confianza en un proceso que necesita credibilidad. Así, con este impulso y esta credibilidad, se extendería la capitalización a otras empresas", afirma el ministro de Minas y Energía, Ramiro Valencia Cossio.



La pregunta que ronda es si el 11 de septiembre, fecha prevista para el cierre del proceso, habrá oferentes para que la subasta tenga éxito, dado lo convulsionado que ha estado el sector en los últimos meses.



El mismo gobierno está consciente de este peligro. Por eso, no solo les está apuntando a inversionistas extranjeros, sino que Rothschild, la banca de inversión encargada del proceso, está promoviendo la capitalización entre firmas locales de ingeniería que tienen capacidad de gestión.



Las trabas



En este momento, la traba para la privatización de las electrificadoras es la misma que llevó a Rothschild a frenar el proceso hace un año: la regulación. Por un lado, el límite de participación en el sector no permite que los operadores tengan más del 25% del mercado y, por otro, la estructura tarifaria, en especial en lo que tiene que ver con el cargo de distribución, que no deja incorporar a la tarifa todos los costos que representa llevar la energía a las zonas rurales, entre otros.



Y, en medio de este panorama, están la discusión académica y política sobre el tema. La primera se relaciona con la conveniencia de hacer modificaciones en la participación con el único propósito de darles espacio a los jugadores que están en el país para que oferten en la capitalización. La segunda se refiere a la conveniencia de propiciar un aumento en las tarifas en época preelectoral, cuando el tema de los servicios públicos se ha convertido en un caballito de batalla para conseguir votos.



Pero más allá de estas cuestiones, la realidad muestra que la situación de las distribuidoras de energía se ha deteriorado significativamente en el último año. De acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, Asocodis, el margen operacional de las empresas en el 2000 fue de -7,64%, mientras que el del sector real estuvo en el orden del 6,30%.



Casi todos los jugadores de la cadena eléctrica coinciden en que hay factores que están perturbando el sector, como la politización del tema tarifario, el aplazamiento del desmonte de subsidios, la proliferación de iniciativas parlamentarias para modificar las reglas de juego, la tentación de quitarle autonomía a la Comisión de Regulación y la debilidad técnica de la Superintendencia de Servicios Públicos. Y, en el caso específico de los generadores, hay una preocupación adicional: que el Gobierno opte por solucionarles el problema a las electrificadoras para poder llevar a cabo el proceso de capitalización, a costa de la actividad de generación.



Sin duda, los problemas en que se encuentran las empresas del sector eléctrico generan ruido para el proceso de capitalización y lo más probable es que el proceso fracase, si no se modifica la regulación tarifaria y de participación en el mercado. Pero también es cierto que las 13 electrificadoras incluidas en la privatización tuvieron durante el 2000 una pérdida operacional de $143.874 millones, mientras que entre 1992 y 1998 la Nación tuvo que inyectarles $644.872 millones en subsidios, asunción de pasivos y garantías de obligaciones de las empresas. Y ante la complicada situación fiscal del país, a la Nación no le conviene seguir asumiendo esa bomba de tiempo, por lo que necesita que la capitalización de la CHEC y las electrificadoras de Quindío, Cundinamarca y Meta sea un éxito para jalonar los demás procesos. Por eso, no se descarta que salga del impasse político que implica un aumento en las tarifas, mediante un esquema escalonado que permita empezar a hacer los incrementos en el siguiente gobierno, con el fin de darles seguridades a los inversionistas sin arriesgar el capital político en plena época preelectoral. De esta manera, todo el sector se beneficiaría, siempre y cuando el esquema incluya a todos los actores de la cadena.



Lo cierto es que, como dice Rodolfo Martín Villa, presidente de Endesa, las empresas no se deben contentar con quejarse ante el legislador. "Hay eficiencias que se pueden lograr con soluciones domésticas".



El cronograma

El 9 de julio se inició el proceso de capitalización de la CHEC y las electrificadoras de Quindío, Meta y Cundinamarca. La precalificación está prevista para el 23 de agosto y para el 11 de septiembre, la presentación de ofertas.



Los problemas

El ambiente para el proceso está enrarecido por las dificultades del sector, que han deteriorado los resultados de electrificadoras y generadoras.



El camino

Hay consenso en que la capitalización se facilitaría, si el límite de participación de los operadores en el mercado se aumenta del 25 al 30% y si se modifica el esquema tarifario para darles oxígeno a las empresas.







Medidas extremas

Además de la crítica situación de Emcali, el caso más publicitado en los últimos días es el de Electrocosta y Electricaribe, las empresas que resultaron de la privatización de las electrificadoras de la Costa y que fueron compradas al inversionista privado inicial por la multinacional española Unión Fenosa.



Estas compañías se vieron abocadas a hacer un corte masivo del servicio en las zonas subnormales, porque las conexiones ilegales de estas áreas les cuestan más de $200.000 millones al año y en la regulación no hay nada que les permita compensar estas pérdidas. "Le estamos inyectando mensualmente $40.000 millones a la empresa y la mitad de esa suma es para pagar el servicio en las zonas subnormales", explica José María Bustillo, presidente de Electrocosta y Electricaribe.



Algunos jugadores consideran que esta situación no es nueva, porque Unión Fenosa la conocía cuando compró la empresa. Aunque Bustillo comparte esta opinión, explica que cuando vieron que la operación no era viable y que así no podían entrar al país, "la respuesta del gobierno fue asegurar que iba a solucionar el problema".
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