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Constructora Bolívar, Prodesa, Integrar, Constructora Centenario y Colpatria, entre otras, están en la lista de firmas que buscan ejecutar los nuevos macroproyectos de vivienda.

| 6/22/2011 6:00:00 PM

Los macrosueños

Más de 30 macroproyectos de vivienda de interés social están pidiendo pista. ¿Quiénes van detrás de estos multimillonarios negocios?

Desde comienzos del año, cada sábado, un bus recorre un terreno de más de 200 hectáreas ubicado en el municipio de Soacha donde se construye el macroproyecto Ciudad Verde -el primero de gestión privada del país-, que en 2016 y tras el desarrollo de siete etapas, culminará con la construcción de 42.000 unidades de vivienda. Es decir, para esa fecha albergará a por lo menos 150.000 personas -una cifra superior a la población que hoy tiene el municipio de Chía-.

En plena operación, Ciudad Verde ofrecerá parques recreativos, ciclorrutas, canchas de fútbol, centro comercial, jardines infantiles, colegios, un instituto de educación técnica, un centro de salud de primer nivel y un hospital de tercer o cuarto nivel, e incluso una zona franca para generar fuentes de trabajo a sus habitantes.

Pero esta es solo una de las diez iniciativas que bajo el concepto de desarrollo integral de vivienda y creación de comunidad se ejecutan en el país. Otros nueve macroproyectos, algunos más avanzados que otros, se vienen construyendo desde 2009, promovidos por autoridades municipales en alianzas con fundaciones, constructoras, cajas de compensación y el gobierno nacional.

Concebidos en su mayoría para desarrollar por etapas entre cinco y siete años, las diez iniciativas de la primera generación de macroproyectos tendrán al finalizar un valor de ventas cercano a los $6 billones y generarán alrededor de 120.000 nuevas soluciones de vivienda.

Y no serán los únicos que impulsarán el nuevo estilo de la vivienda social en el país. La reciente aprobación de un proyecto de ley en el Congreso, -el 7 de junio- que subsana las fallas identificadas en marzo de 2010 por la Corte Constitucional en los decretos de 2007, que dieron vida a los macroproyectos, abren una nueva perspectiva a este sector.

De hecho, sin haber entrado en vigencia la ley -pasó a sanción presidencial y tendrá que ser publicada en el Diario Oficial-, ya son 32 los macroproyectos formulados que esperan surtir los pasos para su aprobación.

La ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, destaca el alcance de la nueva ley que, en su opinión, le permitirá al Gobierno contar "con las herramientas necesarias y suficientes para atacar las dos principales restricciones de la vivienda de interés social: la baja oferta de suelo urbanizable y la inexistencia de instrumentos financieros dirigidos a hogares de bajos ingresos vinculados a la economía informal del país".



El modelo

El interés es creciente entre constructores, bancos, fundaciones y gobiernos locales, pues la figura que abre paso a los llamados macroproyectos de segunda generación permitirá gestionar mayor volumen de suelo en las ciudades y además contempla mecanismos para que las familias de escasos recursos accedan más fácilmente a la financiación de sus viviendas.

El modelo de negocio trae beneficios para todos. A las constructoras les permite compensar el bajo margen de rentabilidad con el alto volumen de viviendas construidas, lo que de paso genera economías de escala y adecuados costos de materiales. En cuanto a los municipios, reduce la presión de falta de vivienda para familias de escasos recursos y, de paso, mejora los niveles de empleo durante la ejecución de los proyectos. Los bancos, a su vez, participan en estos proyectos en asocio con el Gobierno, que a su vez otorga los subsidios, lo que mitiga el riesgo en la colocación de la cartera.

Camilo Congote, presidente encargado de Camacol, el gremio que representa a los constructores, sostiene que el tamaño de los macroproyectos permite "la actuación de manera simultánea de varios desarrolladores o constructores, modalidad que genera variedad de productos, tamaños y diseños, con lo cual los compradores pueden escoger en el mismo lugar una vivienda que se adapte a sus necesidades y presupuesto".

Este fue el caso de Ciudad Verde, en donde la gestión estuvo a cargo de Amarilo pero se encargan de diseñar y desarrollar proyectos de vivienda constructoras como Bolívar, Marval, Urbansa, Coninsa Ramón H.-Mendeval, Ospinas, Soluciones Inmobiliarias y Prodesa, así como la caja de compensación Colsubsidio. De hecho, en este proyecto existen 24 apartamentos modelo que ofrecen una amplia gama de diseños y acabados a los potenciales compradores.

Amarilo incluso busca repetir el éxito de Ciudad Verde, y desde ya avanza en la definición de propuestas para la segunda generación de macroproyectos. Roberto Moreno, presidente de Amarilo, explica que actualmente la compañía tiene en estudio otros tres macroproyectos, uno de ellos en la región capital, otro en la Costa Atlántica y uno más en Panamá.

"Aunque tuvimos una muy buena experiencia con la primera generación, para esta segunda estamos esperando que esté lista la reglamentación a fin de estructurar muy bien los proyectos", explica.

Entre los 32 macroproyectos que piden pista para la segunda etapa están los de Constructora Bolívar, Prodesa, Integrar, Constructora Centenario y Constructora Colpatria, entre otras, que están adaptando sus iniciativas a los nuevos parámetros de la ley. Cifras preliminares indican que la oferta de vivienda de este grupo supera las 300.000 unidades.

La segunda generación de macroproyectos le permitirán al Gobierno cumplir la meta de 1 millón de viviendas en los cuatro años, les garantizará a las constructoras una dinámica creciente en la operación y a los bancos la colocación de cartera hipotecaria, que tradicionalmente es la más sana. Pero, lo más importante es que les facilita a miles de familias adquirir su vivienda en condiciones dignas y con una amplia ganancia en calidad de vida.

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