| 7/1/1993 12:00:00 AM

Los Fondos sin fondo

A cuánto ascienden los fondos que maneja la Presidencia, en qué se gastan y a quién benefician.

Con lo ocurrido recientemente en Brasil, Venezuela y Guatemala, el tema de los fondos que manejan los presidentes y la presunta corrupción en su destino son el tema de moda. La polémica sobre Colfuturo, la fundación creada por la Primera Dama y empresas privadas para otorgar becas para estudios de postgrado en el exterior, así como las denuncias formuladas por algunos precandidatos que se quejan de la utilización de recursos públicos para favorecer determinadas campañas, han echado más leña a ese fuego. ¿Qué hay de verdad sobre lo que se dice y cuáles son los fondos que maneja la Presidencia de la República?

Todo el asunto tiene tanto de largo como de ancho. A finales de la administración de Belisario Betancur, se trasladó a la Presidencia uno de los programas banderas de su gobierno, el PNR, Plan Nacional de Rehabilitación, todavía vigente, que buscó complementar la acción de pacificación a través de planes de apoyo e inversión a zonas marginadas del país. Dado que el PNR implicaba coordinar la acción de diversas entidades públicas en regiones donde la presencia del Estado era insuficiente o inexistente, se consideró, en ese momento, que si su manejo se adscribía a la Presidencia, esa tarea de coordinación se facilitaba. Después de todo la autoridad del Presidente movía montañas.

Pero adicionalmente a programas como el PNR considerados prioritarios, se añadieron otros cuyo objetivo era el de dar atención- rápida a situaciones de emergencia. Un antecedente a este respecto fue la Corporación para la Reconstrucción y el Desarrollo del Departamento del Cauca, creada en 1983 con el propósito de reconstruir a Popayán después del terremoto que la semidestruyó. Otro antecedente fue Resurgir, creado a finales de 1985 para atender la emergencia ocasionada por la catástrofe de Armero. El hecho de adscribir estas entidades o fondos a la Presidencia constituía una clara señal para el país de la importancia que el mismo Presidente le asignaba a la atención de las situaciones de emergencia y de su intención de asegurar que los recursos llegaran rápido a donde urgentemente se requerían.

De ahí en adelante, en las administraciones Barco y Gaviria, fueron varias las Consejerías que se crearon, así como los programas que se adscribieron al Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE. Tal es el caso de la Consejería Presidencial para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos y de la Consejería para la Defensa y la Seguridad Nacional. Por otro lado, se fortaleció el PNR, el cual cuenta hoy con una Dirección General, y se establecieron el Programa de reinserción a la vida civil de guerrilleros desmovilizados; el Programa para la juventud, la Mujer y la Familia; y el Programa para Medellín y su Area Metropolitana. Igualmente se puso en funcionamiento un Fondo de Solidaridad y Emergencia Social, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo Transitorio 46 de la nueva Constitución.

Con las mayores responsabilidades crecieron los recursos disponibles. Mientras que desde 1985 la inflación se ha multiplicado por seis, los recursos a disposición de la Presidencia se han multiplicado por treinta. La gran variedad y complejidad de los compromisos presupuéstales adquiridos llevó a la creación, en julio de 1991, de un Fondo Especial de la Presidencia que funciona como un establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica y patrimonio propios. A través de este fondo se maneja actualmente la mayor parte de la inversión, pues los gastos de funcionamiento son los del Departamento Administrativo de la Presidencia.

Dentro del laberinto de consejerías, programas, subprogramas, fondos y subfondos se han presupuestado para este año recursos por un total de $75.521 millones, cuya distribución muestra a una Presidencia comprometida en gastar en lo divino y lo humano. En funcionamiento se han presupuestado $21.289 millones de pesos, de los cuales en simple nómina, suministros y materiales y otros gastos de administración se van $7.110 millones. De los $12.466 millones de pesos restantes de funcionamiento, $8.426 millones se destinan al PNR (de los cuales $6.700 millones se canalizan al Programa de Reinserción a la vida civil). Sin embargo, quedan otros dos renglones grandes en funcionamiento: uno por $1.990 millones para la financiación de estudios en el exterior (Colfuturo?) y otro por $3.500 millones para "algo" que se llama "Programas Especiales para la Paz" que no está incluido dentro del PNR.

Esto en cuanto toca a funcionamiento. En cuanto toca a inversión, en total $ 54.232 millones, la cuestión es más compleja. Hay toda clase de partidas, desde caminos vecinales, pasando por proyectos de beneficio para la juventud, la mujer y la ancianidad, hasta un programa para la prevención de la salud oral, visual, auditiva y ortopédica.

Una de las características de la . inversión de la Presidencia es la gran de cantidad recursos destinados a contratos de asistencia técnica, estudios, diagnósticos o difusión de tetras de índole muy general. Por ejemplo, a "planeación global y desarrollo socio económico" se dedican $2.975 millones casi en su totalidad destinados a estudios. Lo mismo se puede decir del renglón de "información y procesamiento de datos" ($663 millones), ole -investigación y divulgación científica y tecnológica" ($301 millones), y de "desarrollo y administración de la justicia" o derechos humanos ($195 millones).

Pero también hay una serie de partidas que entran bajo la denominación de "asistencia a proyectos

integrales" en el caso de las comunidades indígenas en distintas zonas del país y que ascienden a $992 millones.

Sin embargo. el renglón más significativo es el llamado -integración y desarrollo de comunidades" que asciende,¡ $38.255 millones. Allí hay de todo. Cerca de $1.440 millones se destinan a estudios y divulgaciones del programa de la juventud, la mujer y la familia, y para la "implantación, asistencia y capacitación de agrupaciones musicales y ole orquestas sinfónicas juveniles e infantiles en Colombia".

Otros $16.077 millones de ese renglón de "integración y desarrollo de comunidades" van para un subcapítulo igual de ambiguo al capítulo general: "servicios comunitarios, integración de servicios y participación comunitaria". ,Qué clase de gasto es éste? Especialmente "asistencia técnica a proyectos especiales" del PNR diseminados por todo el país (quién presta esta asistencia?), pero también se encuentran recursos cuantiosos para rubros tales como la instalación de servicios comunitarios en Medellín y sus áreas metropolitanas, o para el "aprovechamiento de proyectos especiales del programa presidencial para la juventud, la mujer y la familia", o para la "implantación ole un programa de bienestar social para el mayor a nivel nacional" (,,todos somos mayores?), o para el `aprovechamiento de proyectos para la promoción y desarrollo productivo ole las familias lideradas por mayores", o para la "asistencia ambiental y mejoramiento del habitat para la mujer en Colombia", etc, etc.

El otro capítulo importante del renglón de "integración y desarrollo de comunidades" es la constitución del Fondo de Solidaridad y Emergencia por valor de S16.800 millones. Según la nueva Constitución, este fondo "financiará proyectos de apoyo a los sectores más vulnerables de la población colombiana". O sea que se puede utilizar prácticamente para todo. Por ahora se sabe que se han recibido 1.600 solicitudes de todas las regiones del país por un valor total de $27.000 millones (hay muchos colombianos que se sienten vulnerables). El 58% de las peticiones tienen que ver con agua potable y saneamiento ambiental, el 25% con educación y deportes, y un 9% para salud. Para terminar con el renglón de "integración y desarrollo de comunidades", por ahí también se financian caminos o caminitos vecinales por valor de $1.300 millones.

Aparte de todo lo anterior hay $2.576 millones para financiar estudios y diseños de acueductos y alcantarillados en las zonas del PNR; $1.700 millones para el desarrollo e investigación agrícola en varios departamentos, de los cuales la mayoría son programas de asistencia técnica a pequeños productores; $1.547 millones para el mejoramiento integral de barrios subnormales en Medellín; $822 millones para contratos de asistencia técnica en comercialización agropecuaria; $717 millones para la conservación de recursos naturales especialmente microcuencas; $450 millones para el fomento de la cultura; $300 millones para la promoción y desarrollo productivo de la juventud; $70 millones para la educación sexual a nivel nacional, y $30 millones para programas de recreación para niños entre 5 y 13 años en época de vacaciones a nivel nacional. Y quedan en el tintero varias otras partidas igual de llamativas o exóticas.

¿Qué hace la Presidencia de la República metida en todas estas actividades? ¿Quiénes son los beneficiarios de la multitud de estudios y "asistencias" presupuestadas en las áreas más disímiles imaginables? Ciertamente la Presidencia se ha convertido en una especie de ministerio ejecutor del gasto, donde el Secretario General ya no es el funcionario que manejaba la Junta de Licitaciones y Adquisiciones para las "cositas" de escritorio y cuyo poder residía en su acceso directo al Presidente. Ahora se trata de una especie de superministro con capacidad para repartir presupuesto a los políticos.

Lo más complicado de esta situación es que cualquier problema que se llegare a presentar en la ejecución de ese gasto, afectaría directamente al Presidente. Un programa, tal como el de la 'juventud, la mujer y la familia", mal diseñado por cuanto cubre casi el universo de la población colombiana, y dada su ambigüedad y excesivo alcance de sus objetivos, se puede prestar a toda clase de contratos de dudosa utilidad pública. Entonces, las fallas y los abusos que pudieran presentarse comprometerían directamente al Presidente de la República, con las graves implicaciones políticas que ello conllevaría.
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