Llamada en espera

| 4/9/2001 12:00:00 AM

Llamada en espera

Un año le tomó a Telecom desenmarañar los contratos de joint venture. El resultado puede ser un ahorro de US$800 millones, que no se girarían a los socios.

Si Eduardo Pizano y Gabriel Mesa, los dos últimos presidentes de Telecom, no se hubieran empeñado en entender qué se había estipulado en los 15 contratos de joint venture (riesgo compartido) que la compañía firmó en los pasados siete años, muy probablemente de las arcas de Telecom se habrían girado a partir de 2002 unos US$800 millones que la actual administración considera que no son procedentes.

Ahora, Telecom está embarcado en un arduo proceso de negociación con las 6 multinacionales que le ayudaron a expandir sus redes de telefonía local en los últimos años, pero existe la posibilidad de que la empresa se "ahorre" esos recursos si las conversaciones llegan a buen término.



Aunque los contratos de asociación a riesgo compartido fueron la mejor alternativa para ampliar la infraestructura de telecomunicaciones de la empresa estatal ante la apertura del sector, la administración de los mismos dejó mucho qué desear.



Los contratos firmados con Siemens, Itochu, Alcatel, Ericsson, Nortel y Nec buscaban la instalación de 1'790.000 líneas telefónicas y, al igual que sucedió con el sistema de concesiones viales, tuvieron desfases en los presupuestos proyectados, la demanda de las líneas, el tráfico, el consumo y el nivel de las tarifas.



De las líneas proyectadas, solo se instalaron 1'567.000. Y de estas, no fue posible vender 418.000. A este desfase se suma que el tráfico, el consumo y el nivel de las tarifas que se estimaron al momento de la firma de los contratos, fueron inferiores en la realidad en un 30% en promedio.



La conjugación de estos factores y la falta de seguimiento de los contratos hacen que las multinacionales estén esperando recibir US$800 millones que Telecom no está dispuesta a cancelar, porque considera que los contratos se firmaron bajo la modalidad de riesgo compartido y que, como tal, las dos partes deben asumir tanto los éxitos como los platos rotos.



La maraña



El diagnóstico de la situación de los contratos de joint venture, que se empiezan a vencer en el 2002, es un proceso que lleva más de un año.



En 1998 ya se empezó a replantear el negocio, porque no estaba dando los resultados económicos esperados, ya que el enfoque hasta ese momento había sido eminentemente técnico y las proyecciones financieras no estaban cuadrando. La revisión de los contratos se inició en forma en 1999 y, ante las dificultades para esclarecer los compromisos legales y financieros de Telecom, fue preciso conformar un equipo con consultores externos que descifrara la maraña de cláusulas y de modificaciones.



La tarea se encomendó al equipo financiero de Telecom, la Corporación Financiera del Valle, la firma de abogados Durán y Acero, la abogada Marcela Monroy y Alvaro Jaramillo, de Knowhow Estratégico, quien fue el encargado de coordinar el equipo y realizar las negociaciones con los socios de los joint ventures.



Desenmarañar el estado de los contratos y descubrir el desfase entre las cuentas de Telecom y las de los socios se logró en septiembre del año pasado. Y a partir de ahí, la empresa llegó a la conclusión de que no pactó garantizar la demanda de las líneas instaladas y no vendidas. Por tanto, no tiene por qué reconocer el valor de las proyectadas y las no instaladas.



Para las multinacionales el argumento es claro. Han invertido cerca de US$1.200 millones y quieren recuperar esa inversión. Pero para Telecom, los contratos que se firmaron son de riesgo compartido y, como tal, las dos partes deben asumir los costos del desfase.



Si bien el 70% de la suma que está en disputa corresponde a los contratos firmados con Nortel, Nec y Ericsson, las negociaciones más complicadas son con Itochu, Siemens y Alcatel.



Del éxito de estas negociaciones y de la solución que se dé al problema del pasivo pensional por $4,2 billones, depende que Telecom tenga un valor presente positivo, y que a todos los colombianos, de quienes se dicen son los dueños de la empresa, no les toque poner de su bolsillo para salvarla.



Estrategia redonda

La deuda pensional sigue siendo el mayor obstáculo que se le presenta a Telecom para garantizar su viabilidad futura. Los $4,2 billones que la empresa necesita provisionar para atender el pago de las pensiones actuales y de los empleados contratados antes de que entrara en vigencia la ley 100, tienen comprometida la generación de ingresos de la empresa.



La salida que se tiene es crear un patrimonio autónomo que se encargue de manejar los recursos pensionales de la empresa. Telecom le transferiría $1 billón, que ya provisionó para este fin, y la Nación destinaría cerca del 60% del valor que se obtenga por las licencias de PCS.



Se calcula que con estos recursos, la empresa podría atender sus obligaciones pensionales por cuatro años, al cabo de los cuales Telecom ya habría finalizado sus compromisos con los contratos de joint venture y podría hacer los giros correspondientes. De ahí, la importancia de que las negociaciones que se están adelantando con las seis multinacionales que se encargaron de la expansión de la red telefónica de Telecom lleguen a buen término.



Solucionar el pasivo pensional y los problemas con los contratos de joint venture le otorgarían a la empresa una viabilidad financiera, que le permitiría no solo competir eficientemente, sino garantizar el pago de sus obligaciones pensionales a futuro.



Y ahí viene el tema de la generación de ingresos, para lo cual se está estudiando la posibilidad de aprovechar las sinergias que tiene Telecom con sus teleasociadas. Actualmente, la empresa tiene control accionario prácticamente en 15 operadores de telefonía local, pero cada empresa se maneja independientemente.



Sería previsible fortalecer a Telecom como grupo y aprovechar las economías de escala y las ventajas que daría un manejo centralizado de estrategias. Adicionalmente, la empresa se centraría en negocios rentables.
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