| 6/1/1995 12:00:00 AM

LINEA CALIENTE

Una sociedad de las empresas telefónicas de locales de Bogotá, Cali y Medellín busca montarle la competencia a Telecom. El gobierno nacional no los ha dejado.

El debate sobre el futuro de las telecomunicaciones vuelve a encender se. Una tema conformada por las empresas locales de telefonía fija de Bogotá, Cali y Medellín ha comenzado a ejercer presiones sobre el alto gobierno para acabar con una situación que consideran desigual y comprometedora. Colombia insiste en confiar casi exclusivamente a Telecom el impulso y desarrollo del sector quizás más estratégico del país de cara al siglo XXI, sin reparar en los riesgos de la postura monopolística.

Y esto sucede justo cuando el mercado internacional tiende a la diversificación y a la libre competencia. Aunque es verdad que controlar los medios transportadores de información y comunicación otorga poder, también es cierto que con la protección a ultranza se impide la competitividad, y, por ende, se sacrifican la calidad, los buenos servicios, la eficiencia y la posibilidad de bajos costos. Pero el gobierno, colombiano se ha valido con otros operadores y, a través de impuestos y licencias, captar recursos. Las actuales discusiones entre las empresas locales y las autoridades nacionales tienen que ver con la autorización hecha a Telecom para construir una red de fibra óptica entre los principales centros urbanos del país. Este caso de preferencia margina de cualquier posibilidad de participación a nivel nacional a avanzados sistemas de telecomunicaciones como los de Medellín y Cali. "Hemos hecho cuantiosas inversiones para permanecer en una posición de liderazgo", dice Samuel Velásquez, gerente de Telecomunicaciones de Empresas Públicas de Medellín. "No podemos, entonces, pensar solamente en nuestra ciudad, sino que debemos ofrecer a nuestros usuarios acceso al país y al mundo. Con este corte de alas, nos vamos a ir a pique".

Para Telecom, el costo de montar su red nacional de fibra óptica entre troncales se calcula en unos US$200 millones. Tender ñuna red paralela desde el occidente colombiano no sería mas barata, pero Calí y Medellín, asociadas a través de una empresa mixta llamada Emtelco, dicen estar en condiciones de financiarla, y defienden su propuesta con el argumento de que Colombia no puede depender de un solo proveedor de telecomunicaciones. Además, si finalmente se produce la apertura en el campo de la telefonía de larga distancia nacional e internacional, como está previsto desde 1990, estas ciudades quisieran contar con la infraestructura moderna para prestarla.

En contraste con la conexión vía satélite, limitada en capacidad y costosa en operación, o con la de microondas, poco fiable y congestionada, la de fibra óptica es rentable por donde se le mire. Sólo a través de una de las 36 fibras contenidas en un cable óptico se realizan 1.200 conversaciones simultáneas. O sea que a través de las 36 la capacidad se eleva a 43.200. Y ya existe la tecnología para multiplicar ese factor por cuatro, ocho y hasta por 32, con la garantía adicional de una vida útil indefinida. Un satélite, en cambio, maneja alrededor de mil canales, y a los diez años puede extinguirse.

En su momento, los servicios de Bogotá, Cali y Medellín intentaron unirse para ofrecer una alternativa a Telecom, pero el gobierno central les impidió hacerlo. Según las disposiciones vigentes, no se permiten fusiones de este tipo si las empresas interesadas controlan, conjuntamente, el 45% de las líneas instaladas en el país. Solamente Bogotá, con 1.500.000 abonados, posee el 40% del total nacional. Así las cosas, Cali (con 300.000) y Medellín (con 700.000) terminaron juntándose en Emtelco. Y es a través de este nuevo ente que las dos ciudades buscan montarle la competencia a Telecom.

Emtelco propone, inicialmente, un enlace de fibra óptica entre las dos capitales regionales, para luego ampliarlo a Bogotá y en un futuro a Barranquilla, donde se uniría al cable interoceánico que conecta con Miami y, desde allí, con Europa. Esto le permitiría al occidente colombiano, donde se concentra gran parte de la industria y muchas empresas de servicios del país, disponer de una alternativa nacional que los mantenga al día en comunicaciones, con tecnología de punta. "El país está despertando vertiginosamente, y nuestros usuarios nos exigen estar a la par con los desarrollos mundiales", dice Velásquez. "Si no nos movemos en esa dirección, nos vamos a quedar en la parroquia".

En uno de los documentos internos preparados para presionar al gobierno de Samper, los interesados dicen que el país necesita una segunda red de telecomunicaciones, que minimice el peligro de quedar incomunicados por una huelga o cualquier otra presión de tipo político. Pero más importante aún es brindarle al abonado otras opciones, un excelente servicio y precios justos.

Colombia paga altísimos costos en la telefonía nacional e internacional, y pese a que hace cinco años se planteó la apertura en estos servicios, no ha sido posible materializarla. El ingreso de nuevos proveedores se ha pospuesto para 1997, supuestamente mientras se fortalece la capacidad técnica de Telecom en detrimento de las empresas locales.

Que exista competencia abierta, con un ente estatal, no es el problema. Lo cuestionable para las empresas de telecomunicaciones de Bogotá, Cali y Medellín es la condición preferencial de Telecom. El ministro de Comunicaciones, quien encabeza el órgano controlador, es a la vez presidente de la junta directiva de Telecom, la empresa operadora. Y esa misma cartera también es la voz sonante de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la encargada de determinar qué servicios presta quién y cómo. El Esta-do, dicen, debe ponerse en su sitio, y ser o regulador u operador.

Pero en una reciente entrevista con representantes de las empresas locales, el ministro Armando Benedetti confesó que la autorización dada a Telecom para construir la red de fibra óptica -con todas las facilidades crediticias y financieras del caso- es un "hecho cumplido".

La estrategia ahora es acudir directamente al presidente Emesto Samper para, si no frenar el monopolio de Telecom, por lo menos permitir la existencia de operadores paralelos nacionales, en igualdad de condiciones. Y las empresas locales han sabido cómo presionarlo.

Una de las metas del actual gobierno es duplicar el número de abonados telefónicos a nivel nacional. Actualmente, Colombia llega con líneas particulares a nueve de cada cien colombianos. La meta, antes de terminar el período, es subir el promedio a dieciocho. En una carta enviada a Samper, y firmada por los alcaldes y gerentes de telecomunicaciones de las tres ciudades, le advierten al presidente: si el gobierno quiere "lograr avances sustantivos en la universalización de los servicios, debe definir las estrategias claras para fortalecer las empresas locales de telecomunicaciones, estableciendo así una política integral para todos los operadores del sector".

Y la acción más importante, en opinión de los firmantes, es autorizarles para ejercer sus derechos constitucionales de competir con una amplia gama de servicios, gama que les permita obtener economías de escala y la utilización adecuada de su infraestructura técnica y humana. Así se lograrían los ingresos necesarios para poder asumir las inversiones que requiere la universalización del servicio, o sea, una de las metas de Samper.

Y señalan que otra decisión del alto gobierno -la de suspenderles, a partir de enero de 1996, el actual sistema de participaciones por llamadas de larga distancia a través de Telecom- va a obligarlos a elevar las tarifas del servicio de telefonía local por encima de las metas de inflación del gobierno, "con el consecuente efecto negativo para el Pacto Social".

Para rematar, le dicen que, en tales condiciones, deberán disminuir sus inversiones para ensanches de líneas, en particular para los sectores menos favorecidos, y reducir el ritmo de crecimiento de cobertura en telecomunicaciones en sus ciudades, con incidencia negativa en su desarrollo económico y en el mercado potencial del servicio de larga distancia, la columna vertebral de Telecom. "Evite", le subrayan al mandatario, "que Colombia desemboque en esa situación".

"Solicitamos su intervención directa para que los encargados de preparar la reglamentación de las leyes y de concebir y ejecutar las políticas gubernamentales de telecomunicaciones nos permitan participar en la determinación de las políticas que han de regir el sector y acceder en condiciones de equidad al nuevo ambiente de apertura y liberalización", concluyen.

Un grupo de ellos, al responder a la pregunta de DINERO de si su reacción puede interpretarse como un arrinconamiento del alto gobierno en puntos que lo tocan en sus fibras más íntimas, respondieron enfáticamente. "Hemos descubierto que nuestra mejor defensa es el ataque".
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