| 4/25/2008 12:00:00 AM

Las barras en remojo

De la nueva ola de nacionalizaciones en Venezuela no se escaparon ni los empresarios argentinos afectos a los Kirchner, los grandes aliados de Chávez en Suramérica.

Pocos creen que el escarmiento en cabeza ajena funciona. Sin embargo, en Venezuela ya es casi una convicción en el sector empresarial, a raíz de la nueva ola de expropiaciones desatada por el presidente Hugo Chávez el pasado 3 de abril sobre las cementeras Cemex, Holcim y Lafarge y que el 9 de abril incluyó a la principal siderúrgica de este país, Sidor, que tiene entre sus accionistas empresarios argentinos y brasileños.

Pero esta última expropiación podría resultarle cara al presidente Chávez, no sólo en términos económicos, sino también políticos, por el mensaje que está enviando al exterior: nadie está a salvo de su política de estatizar empresas en sectores considerados estratégicos por su gobierno. Ni siquiera sus más cercanos aliados. De hecho, la Unión Industrial Argentina condenó "la actitud ambigua" de Chávez para con sus socios del Mercosur, que va en contravía de su tradicional discurso que promueve la integración suramericana.

La presidenta argentina, Cristina Kirchner, se encuentra hoy literalmente acorrala por este tema, pues mientras en su país los empresarios le reclaman una mediación efectiva para evitar su salida de Venezuela, no está en capacidad de recriminar a quien se ha convertido en su principal aliado económico y político de la región, por cuenta de la ayuda financiera y energética que le ha brindado a Argentina en los últimos años.

En Venezuela, tanto los trabajadores de Sidor como el vicepresidente Ramón Carrizales, ven este proceso como una justa reacción a lo que califican de abusos que venía cometiendo la administración, que tras unos 15 meses de negociaciones con sus trabajadores, todavía no lograba un acuerdo laboral.

Pero los empresarios argentinos no son los únicos que tienen algo qué perder. "Aquí la apuesta que se hace todo el mundo es cuál será la próxima (expropiación) que se anunciará. Si será Polar, o una empresa de comercio e incluso se habla de un banco", comenta el profesor de economía de la Universidad Central de Caracas, José Guerra. Pocos dudan de que pueda hacerlas efectivas, ya que en estos momentos las arcas de Venezuela se mantienen boyantes, alimentadas por un precio internacional del petróleo que superó los US$110 el barril.

El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, dijo sobre la expropiación de las cementeras que "esto no es contra ningún país ni contra ninguna empresa. Sencillamente necesitamos el control de esas cementeras, para impulsar nuestros planes de infraestructura"

Miguel Octavio, analista de BBO Servicios Financieros, calculó para El Universal de Caracas, que fueron US$15.000 millones los costos de las expropiaciones adelantadas por el gobierno venezolano hasta 2007. Y para este año cree que podrían llegar a US$20.000 millones si se incluyen las cementeras, Sidor y otras compañías sobre las cuales el gobierno venezolano ha mostrado interés. El mero costo de las cementeras —en las que el Gobierno planea obtener al menos el 60%— fue estimado en unos US$1.200 millones por la firma de consultoría Análisis Venezuela, mientras que por la acerera se estima que el gobierno tendría que pagar unos US$1.600 millones.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Exportadores de Venezuela, Avex, Francisco Mendoza, este nerviosismo se traduce en menor movimiento de capitales extranjeros. Según el Banco Central de Venezuela, de una inversión directa de US$4.701 millones en 2000, Venezuela pasó a US$646 millones en 2007.

Soldado avisado

El tema de las nacionalizaciones no es nuevo en Venezuela. Desde 2005 hasta hoy, más de un centenar de empresarios, entre venezolanos y extranjeros, han tenido que negociar su salida de emblemáticas compañías que van desde los teléfonos hasta las fincas de vocación agropecuaria. Otros no han contado con esta suerte y hoy siguen reclamando por las expropiaciones de las que han sido víctimas.

Las mayores nacionalizaciones se han dado a partir de 2005, cuando el presidente Chávez lanzó su proclama de establecer el 'Socialismo del Siglo XXI'. Pero, desde su llegada al poder en 1999, ya había anunciado su intención de promover el desarrollo de la producción nacional e ir, paulatinamente, reduciendo su dependencia de capitales y productos extranjeros, en lo que llamó su modelo de 'desarrollo endógeno'. Incluso, en 2001 logró que la Asamblea Nacional le aprobara 49 reformas para impulsar un nuevo modelo de desarrollo social, que incluía una polémica 'Ley de Tierras', en la que se consignaba puntualmente que nadie podía ser propietario de fincas de más de 5.000 hectáreas. En el campo es donde ha sido más fuerte la política de nacionalización.

En 2005 fueron confiscadas plantas de la compañía de alimentos Polar en el estado Barinas; de la multinacional estadounidense Heinz; de la Unión Cooperativa Agroindustrial del Cacao e incluso una hacienda del grupo inglés Vestey, con 27.000 hectáreas. También fueron sujeto de expropiación la productora de papel Venepal, hoy transformada en Invepal y la Constructora Nacional de Válvulas, hoy Inveval.

En 2007 hubo tres casos muy sonados: Cantv, por la que el Estado pagó US$1.300 millones por el 79,62%; Electricidad de Caracas, por la que Petróleos de Venezuela, Pdvsa, pagó a la estadounidense AES US$739,2 millones; y los contratos de concesión petrolera en la Faja del Orinoco con las compañías Chevron, Exxon Mobil, Total, BP, Statoil y Conoco Philips. Estas habían requerido inversiones iniciales por unos US$15.000 millones. El gobierno les planteó a las empresas que se podrían quedar pero con una participación minoritaria y logró negociar con cuatro de ellas. Exxon Mobil y Conoco decidieron acudir a los tribunales internacionales sin haber conseguido hasta el momento una compensación.

Este año, el Gobierno venezolano inició procesos para expropiar a Lácteos Los Andes, una de las principales productoras del país; el Centro de Almacenes Congelados, Cealco, y Hato Frío, una de las mayores haciendas agroindustriales del país.

Aunque los trabajadores aplauden el esquema, muchos cuestionan los resultados. Para el profesor José Guerra, el proceso ha llegado demasiado lejos y podría implicar un desmantelamiento del aparato productivo y el marchitamiento de la inversión foránea. Sin embargo, el ministro de trabajo, José Ramón Rivero, confía en que el futuro resulte promisorio para los trabajadores de estas compañías porque pasarán "de una relación de explotación a otra protagónica y de participación en una empresa nacional de propiedad social".
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