No hay ninguna Ley que pueda cambiar las leyes del mercado. Rodolfo Daníes Lacoutoure

| 4/11/2003 12:00:00 AM

La nueva Ley 550

La Supersociedades prepara un régimen más ágil que equilibra a deudor, acreedor y gestión empresarial para sustituir la Ley 550.

En agosto de 2000, Acerías Paz del Río se acogió a la Ley 550 de reestructuración empresarial que el gobierno creó para salvar a las compañías en crisis. Aunque la ley solo daba 4 meses de plazo para fijar los derechos de votos de los acreedores e iniciar el diseño del plan de salvamento, apenas el pasado 10 de marzo se culminó este trámite. Las objeciones de 3 acreedores dilataron el proceso 27 meses. Ahora, por fin, podrán negociar el acuerdo de reestructuración, para lo cual tienen 3 meses de plazo. Pero si es impugnado, la situación se prolongará más.

Paz del Río es un claro ejemplo de los problemas de la Ley 550, concebida para salvar las empresas en crisis pero en muchos casos usada para prolongar los conflictos entre deudores y acreedores. Ahora, la Superintendencia de Sociedades prepara un proyecto de ley que modificará este régimen transitorio vigente hasta diciembre de 2004, por uno en el cual se sabrá en 3 meses si la empresa se reestructura o se liquida.

El régimen de insolvencia, que reemplazará la 550, reúne los procedimientos para atender una empresa que incurre en cesación de pagos o incapacidad de pago inminente. "Con un procedimiento ágil, seguro y transparente, esta propuesta orienta la negociación para que haya un justo equilibrio entre el empresario, el acreedor y la gestión empresarial y se conserve el valor de los activos productivos", afirma Rodolfo Daníes, superintendente de Sociedades.

La agilización del proceso es solo uno de los puntos que replantea el proyecto de ley. El cambio fundamental está en el objetivo de la norma, la cual pasa de tener una visión prodeudor a una proacreedor, para evitar que los accionistas de las empresas manipulen las mayorías en detrimento de los acreedores.

El proyecto también introduce un procedimiento único para resolver las disputas, cambia la responsabilidad y la función del promotor, restablece el proceso de quiebra, las sanciones penales y medidas cautelares para el quebrado y propone un régimen de insolvencia transfronteriza. La gran pregunta es si estos mecanismos serán suficientes para lograr el equilibrio necesario entre las partes interesadas y mantener el valor de los activos para que la empresa salga adelante o, en caso de quiebra, los acreedores puedan recuperar su dinero.



Los cambios

La diferencia entre la Ley 550 y el nuevo proyecto está en sus fines. El actual régimen busca mantener la empresa como base generadora de empleo. Pero el gran cuestionamiento es que la 550 ha aliviado a los accionistas, a costa de los acreedores. Por esto, el proyecto protege el crédito. Los acreedores, sin contar con el voto del accionista como ocurre en la Ley 550, decidirán si la empresa se reestructura o se liquida, con base en su viabilidad. Este cambio evita que los accionistas manejen las votaciones a su favor, como ha sucedido hasta el momento.

No obstante, Luis Fernando Alvarado, abogado asesor de empresas en Ley 550, cuestiona el énfasis que la ley le ha dado a la salvación de las acreencias. "Es más importante proteger a la empresa para así rescatar el crédito", afirma.

Una de las grandes reformas acelera los acuerdos de recuperación y de quiebra para preservar el valor de los activos. Datos de la Supersociedades muestran que los procesos tardan entre 10 y 12 meses y quiere reducirlos a 6. Por ello, limita el tiempo de los involucrados para protestar las decisiones y dilatar el proceso. Esto se logra con audiencias en las que se resuelven las disputas en un solo día tanto para la calificación de votos como para la homologación del acuerdo.

La Ley 550 enseñó que para que no haya demoras, el proceso debe estar basado en la transparencia de la información: "por eso, incluimos una norma que salvaguarde la confianza en la contabilidad del comerciante", afirma Daníes. También se está pensando en una visita para verificar la información suministrada por la empresa.

Otro punto controversial en la Ley 550 es el papel de los promotores. "Los promotores deben defender el pago de las acreencias, pero también deben ayudar a la empresa a recuperarse. Pero esa posición neutral no siempre se logra", dice Omar Jiménez, promotor y socio de Glieser & Jiménez Asociados. Si hoy el promotor es un amable componedor entre las partes, en el proyecto, sus funciones y responsabilidades cambian para darle más imparcialidad: "el promotor será el agente de insolvencia, un auxiliar de la justicia que depende del juez y está sujeto a un régimen disciplinario", comenta Daníes.

El proyecto cambia el proceso liquidatorio por el de quiebra y establece sanciones penales para la quiebra dolosa. Esto evitaría casos como los de las empresas que utilizaron mal la Ley 550, en detrimento del mercado y de sus competidores. Se espera que al agilizar los procesos de quiebra, máximo en 7 meses, se paguen las deudas.

Por último, este régimen introducirá la insolvencia transfronteriza. Así, acreedores tanto extranjeros como nacionales serán tenidos en cuenta a la hora de liquidar una empresa en el país o fuera de este. Según Francisco Reyes Villamizar, abogado y profesor visitante de la Universidad de Louisiana, "a Colombia le ayuda mucho tener esos mecanismos, ya que le permiten mayor entendimiento y reciprocidad para la colaboración entre las autoridades competentes".

Para mejorar la propuesta, hay que considerar el uso de las mayorías, la remoción de la administración y la venta de activos. Según Jiménez, la mayoría del 50% más uno permite que el accionista manipule el acuerdo de reestructuración. "Por esto, sería bueno subir la cuota a 70 u 80%". Al respecto, la Supersociedades analiza salidas para que todos los accionistas tengan una relación pareja, aumentar la vigilancia y evitar que un accionista influya en los votos o los compre.

Varios expertos en Ley 550 opinan que la recuperación de la empresa sería más factible si se remueve la administración. Ante esto, el Superintendente opina que no es posible desprender al empresario de los bienes, porque le quita sentido de pertenencia. Esto solo se debe hacer cuando sea incapaz de manejar sus bienes y generar riqueza. El problema es crear un mecanismo claro para probar esto. Hasta el momento, y eso se mantiene, solo se puede hacer si se comprueban malos manejos.



Problema de fondo

La crisis en las empresas -más que una solución de procedimiento- requiere una solución empresarial. El mayor problema es la falta de recursos frescos. Según la Supersociedades, de $9,6 billones de activos en reestructuración, solo se recibieron $85.000 millones en recursos nuevos, y de ellos, una sola empresa absorbió $65.000 millones. Aunque el problema de los recursos frescos no se soluciona con una ley, la Supersociedades trabaja para aliviarlo con créditos avalados por el Fondo Nacional de Garantías y figuras como contratos fiduciarios. "Aunque no podemos ponerlo en la ley, podemos iniciar una labor para hacer viable la consecución de recursos frescos", afirma Daníes.

El proyecto de ley de insolvencia debe pasar un largo examen antes de llegar al Congreso. Si bien recoge las experiencias adquiridas en los pasados regímenes, los empresarios temen que el cambio de finalidad les impida a las compañías en crisis salir adelante, al darles prioridad a los acreedores sobre la recuperación de la empresa.
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