| 1/29/1999 12:00:00 AM

La ley es para todos

Las medidas contra la competencia desleal empiezan a verse, como prometió el gobierno nacional. Nuevas oportunidades para todos los empresarios e industriales del país.

En su primera entrevista como Presidente de la República, concedida a Dinero, Andrés Pastrana fue claro en afirmar que en su gobierno se garantizaría la libre competencia y que su propósito era tomar severas medidas antimonopolio para proteger la democracia y la riqueza del país.



Pasó del dicho al hecho. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió investigación para indagar si Panamco-Indega, Bavaria y Postobón acordaron un precio para sus gaseosas incurriendo en prácticas comerciales restrictivas. También abrió investigacion por colusión a varias compañías de los grupos Bavaria y Ardilla Lülle en el caso de la publicidad para los canales privados de televisión.



Abren investigaciones



Incluso antes de la publicación del Plan de Desarrollo, que contiene expresamente la intención del gobierno de hacer cumplir las leyes en materia de libre competencia y antimonopolios, Emilio José Archila, superintendente de Industria y Comercio, abrió investigaciones. La idea es clara, el gobierno tiene el firme propósito de hacer valer los derechos de los consumidores y de paso, proteger la riqueza del país. Pero, además, el hecho de tomar severas medidas que garanticen la libre competencia es una determinación fundamental si el país pretende realizar nuevos acuerdos comerciales con la comunidad internacional, ya sea de libre comercio o de integración.



La SIC tiene entre sus funciones, según el decreto ley 2153 de 1992, que desarrolló el derecho constitucional de la libre competencia: "iniciar de oficio, o por solicitud de un tercero, averiguaciones preliminares sobre infracciones a las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas..." y ya cursan en esta institución 10 casos que han superado la etapa preliminar y a los cuales se les ha abierto investigación.



A pesar de la notoria intención del actual gobierno de hacer cumplir la ley, algunos ven con escepticismo que estas nuevas investigaciones se lleven hasta las últimas consecuencias, pues no se tiene conocimiento de algún caso que haya llegado a la fase final en Colombia, es decir, a la sanción. Pero hay que esperar para ver los resultados que produzca Archila, quien es experto en competencia y fue uno de los artífices del decreto 2153.



Acuerdos para los precios de gaseosas



Con base en el decreto 2153 y en concordancia con la ley 155 de 1959, se consideran contrarios a la libre competencia los acuerdos que tengan por objeto o como efecto la fijación directa o indirecta de precios. Por tanto, están sujetas a sanciones las empresas infractoras por ejecutar o tolerar conductas violatorias de las normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas.



Según la resolución de la SIC, el aumento de precios de los últimos dos años de las bebidas suaves ha sido fruto de un acuerdo entre Panamco-Indega (Coca-Cola), Postobón y Bavaria (Link), las principales empresas de este sector en el país. De comprobarse este hecho, podría acarrear sanciones para estas compañías que van desde 3.000 salarios mínimos mensuales hasta su liquidación.



La investigación se remonta a 1997, cuando los dos primeros días del mes de mayo, Panamco el 1 y Bavaria y Postobón simultáneamente el 2 incrementaron el precio de sus gaseosas. Las tres compañías coincidieron en el precio de la presentación de un litro, mientras Postobón y Panamco fijaron precios iguales para las presentaciones de 2 litros, litro y medio, 12 onzas, 6 y media onzas, y en la presentación en lata. En junio 13 de 1998 las tres compañías, de manera simultánea, incrementaron el precio de las gaseosas de nuevo y lo mismo ocurrió el 12 septiembre de ese mismo año.



Estos hechos permitieron abrir la investigación, pues la ley protege la libre competencia, en la cual los precios dependen de la oferta y la demanda y pueden variar según las regiones. Un acuerdo entre empresas para fijar precios es considerado por la ley como una conducta contraria a la libre competencia.



Para los próximos días se esperan las reacciones de los implicados, por intermedio de sus abogados. Empresas como Bavaria han acudido a expertos en el tema de competencia, para que emprendan la defensa de sus intereses.



Al mismo tiempo, la SIC investiga a cada una de estas empresas por repartición de mercados, es decir, por llegar a acuerdos que tienen por objeto o como efecto la repartición de mercados entre productores o entre distribuidores. La SIC encontró evidencias de que las tres empresas asignan zonas exclusivas y excluyentes a sus distribuidores, los cuales son empresas independientes y que tienen derecho a la libre competencia, estipulada claramente por la ley.



Ojo a la pauta



Otro de los casos en que se abrió investigación tiene que ver con el acuerdo entre distintas empresas pertenecientes a los grupos Bavaria y Ardila Lülle para restringir la pauta publicitaria a sus canales de televisión, Caracol y RCN, respectivamente.



En este caso, la SIC investiga a empresas como Bavaria, Sofasa, Celumóvil, Comunican, Cromos, PCA, Leona, Incauca, Postobón y RCN Radio, por acordar condiciones discriminatorias para la venta y comercialización de la contratación de pauta publicitaria en todo el país, y favoreciendo a Caracol Televisión y a RCN Televisión y perjudicando a las programadoras del Canal A y de la Cadena Uno.



Un observador desprevenido podría pensar que las empresas tienen derecho a pautar en el canal de su preferencia. Esto es cierto, pero lo que no se puede hacer es que dos partes lleguen a un acuerdo para desfavorecer a una tercera, lo que legalmente se conoce como colusión.



Además, para la ley colombiana, la publicidad es un insumo productivo pues "se aporta para la utilización del aparato productivo de la empresa", como se explica en la resolución 43 de enero 6 de 1999 de la SIC. En otras palabras, un medio de comunicación vive de la publicidad y no es legal hacer acuerdos para bloquear ese insumo básico.



El asunto tiene otra punta. Para la SIC, el acuerdo de reciprocidad, es decir, que las empresas de un grupo pautan en el canal del otro y viceversa, viola las normas de contratación de publicidad que se aplican en nuestro país y, junto a las demás irregularidades, se ha abierto investigación en este asunto que podría llegar a tener las mismas consecuencias del caso de las gaseosas.



Mano dura y buen camino



La ley sobre libre competencia no es nueva en nuestro país. Pero no ha sido efectiva hasta el momento, por falta de respaldo de los gobiernos en las investigaciones y por la aplicación de trucos jurídicos que terminaban por entorpecer los procesos legales. Uno de los casos recientes es el de las cementeras, por la distribución del cemento gris, una situación parecida a lo que sucede con las gaseosas. Aunque esta investigación se inició hace varios años, aún no se ha terminado el proceso.



Si se comprueban los hechos en los casos de gaseosas y de pauta publicitaria, las sanciones podrían llegar hasta la liquidación de las empresas. Pero, además, las compañías implicadas podrían llenarse de demandas de aquellos consumidores que se sientan afectados por el control sobre los precios, en el caso de las gaseosas. O también, recibir demandas por acciones populares en las que cualquier ciudadano puede entablar una acción legal en contra de la empresa representando los intereses de una comunidad.



De estas investigaciones se espera lograr que en Colombia se empiecen a tomar en serio las normas de libre competencia y antimonopolios, lo cual se ha constituido en la principal tarea de la SIC, pues el complemento ideal de la liberación de mercados, como el de la gasolina, los pasajes intermunicipales y las drogas, es el control que garantice la libre competencia. Las investigaciones en curso indican una cosa: se acabó la fiesta para los empresarios que estaban acostumbrados a violar las leyes sobre competencia. En una economía globalizada es indispensable organizar la casa para que se respeten los derechos de los consumidores, como ocurre en los países civilizados.
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