Revista Dinero

A finales del año pasado, José Miguel De la Calle, superintendente de Industria y Comercio, creó un grupo especializado en contratación, que ya inició averiguaciones preliminares en 30 de las principales obras de contratación pública y hasta el momento ha encontrado que cerca de la mitad tienen mérito suficiente para abrirles una investigación formal.

| 6/23/2011 2:00:00 PM

La cuchilla

En menos de un año, el Superintendente de Industria y Comercio ha fallado más de 30 investigaciones a empresas y gremios que hasta el momento parecían intocables. Esta es su apuesta.

José Miguel De la Calle Restrepo es un hombre de resultados. Acaba de cumplir diez meses como superintendente de Industria y Comercio y hasta el momento se ha pronunciado de fondo en más de 30 investigaciones sobre protección del consumidor, propiedad intelectual y competencia; ha puesto en cintura empresas que parecían intocables y ha comenzado a investigar algunos de los mayores entuertos que retrasan el desarrollo del país: la contratación pública y la salud.

Aunque la cifra de decisiones tomadas desde el 17 de agosto de 2010 por el Superintendente puede no decir mucho por sí sola, resulta muy relevante si se tiene en cuenta que sus antecesores producían en promedio diez fallos de fondo por año, debido a la complejidad de los temas que aborda esta entidad.

Y es que la oportunidad, pertinencia y eficiencia de la justicia son temas que obsesionan a este manizalita, graduado de abogado en la Universidad del Rosario y con maestría de la Universidad de Harvard y postgrado del London School of Economics. Este interés académico lo llevó a publicar hace un año el libro La justicia que necesita Colombia, editado por Legis, que recoge teorías clásicas y modernas de reconocidos autores internacionales, y las 'plataniza' para formular una ambiciosa propuesta de cómo debería funcionar el sistema judicial en el país para mejorar su desempeño económico y social.

Uno de los temas centrales de su libro resalta justamente el costo que sobre el Producto Interno Bruto del país tiene la falta de una justicia más pronta y eficiente y que ha sido reiterado por el estudio del Doing Bussines, del Banco Mundial, que ha insistido en que mientras no haya una justicia eficaz para hacer valer los contratos de negocios en el país, seguiremos en el último lugar en este indicador.

El interés por mejorar la justicia en Colombia también lo llevó en 2010 a tener un mayor acercamiento con el entonces candidato a la presidencia Juan Manuel Santos -a quien ya conocía de años atrás-, y quien buscaba sentar las bases de una propuesta de 'buen gobierno' que pasa por mejorar el sistema judicial. "Este es un asunto que debe preocuparnos a todos, porque es un hecho que para que alcancemos el grado de desarrollo que queremos, necesitamos que funcione mejor el sistema de justicia", explica De la Calle Restrepo.

Pero, ¿por dónde arrancar para mejorar la justicia en lo económico? El Superintendente de Industria y Comercio cree que un buen comienzo sería mejorar la resolución de las 'pequeñas causas', un tema que su despacho maneja a través de la delegatura de Protección del Consumidor. Por eso, una de las metas que se ha trazado es mejorar la eficiencia para atender y resolver las quejas que presentan los consumidores del país -que llegan a 30.000 al año-. "El colombiano tiene derecho a que sus reclamos sean resueltos y nosotros desde la Superintendencia tenemos esa responsabilidad", dice.

Pero el desafío no es solo resolver los reclamos sino la agilidad con que se haga. Mientras hoy las quejas de protección del consumidor toman entre seis y ocho meses en resolverse, De la Calle aspira a que en corto tiempo su trámite no demore más de dos a tres meses. Y lograr este resultado podría depender en buena medida de la aprobación del nuevo Estatuto del Consumidor, que solo está pendiente de un último debate para entrar a solucionar buena parte de las necesidades del país, al contar con un instrumento moderno que vele por los derechos de los colombianos.

El reto del Superintendente es lograr que esta vez el nuevo Estatuto del Consumidor no corra la misma suerte de al menos siete proyectos de ley similares que en las últimas dos décadas terminaron archivados en el Congreso de la República por el intenso lobby de algunos sectores que se sienten amenazados. Y la prueba de fuego la tendrá a partir del próximo 20 de julio, cuando el proyecto debe entrar a surtir su último debate en el Congreso.

Esta no será una tarea fácil y tampoco lo ha sido tomar decisiones de gran calado  como sancionar a las grandes compañías de oxígeno en el país por presionar a sus competidores para sacarlos del mercado; multar a Comcel por publicidad engañosa; y a los canales de televisión por prácticas restrictivas de la competencia.

El volumen de trabajo no lo trasnocha, aunque sí su tercer hijo, que acaba de cumplir un mes de nacido. Además de ser un 'hombre de familia', casado con Patricia Aparicio, es un gran aficionado al squash y a la lectura, principalmente de temas de política exterior en los que su autor preferido es Fareed Zakaria, el prestigioso columnista de Newsweek.

De la Calle ha mostrado su talante al iniciar investigaciones contra sectores o entidades que hasta el momento parecían intocables. Por ejemplo, una de ellas indaga si 14 EPS se habrían puesto de acuerdo para no prestar servicios y aumentar los recobros al Fosyga; y otra si 20 bancos establecieron un acuerdo de precios para fijar las tarifas interbancarias. Estas indagaciones tienen un ingrediente adicional: por primera vez incorpora a gremios como Acemi y Asobancaria, por el papel que tendrían en la configuración de estas posibles irregularidades.

Otras investigaciones que han 'levantado ampolla' buscan establecer si algunas de las mayores compañías de lácteos del país estarían utilizando lactosueros en sus productos sin dar suficiente información a los consumidores o si Quala, con su producto Ricostilla, hizo una promoción cumpliendo todas las normas exigidas de protección al consumidor.

Los crecientes escándalos de corrupción tampoco han pasado desapercibidos en su despacho. A finales del año pasado creó un grupo especializado en contratación, que ya inició averiguaciones preliminares en 30 de las principales obras de contratación pública y hasta el momento ha encontrado que cerca de la mitad tienen mérito suficiente para abrir una investigación formal. "Allí hay elementos de juicio serios que nos hacen pensar que vale la pena investigar a fondo", asegura.

Aunque ha 'pisado' callos de sectores poderosos, no le preocupa una reacción adversa pues asegura que las decisiones se han tomado con apego a la ley y respetando los derechos de todos, dos atributos que le han hecho ganarse el respeto y podrían ser la garantía de su continuidad.

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