| 1/21/2016 12:00:00 AM

HeH quiere consolidar su presencia en Colombia

Hidalgo e Hidalgo, constructora ecuatoriana clave en Colombia en proyectos de infraestructura, tiene problemas en Panamá. Su caso reabre el debate sobre qué debe hacerse con empresas con líos fuera del país.

El cierre de 2015 no fue fácil para la empresa constructora y de ingeniería ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo (HeH) en su estrategia de negocios en Panamá. Un proyecto de riego por US$155 millones puso a la compañía en el ojo del huracán por el supuesto pago de una coima para quedarse con el contrato que, además, hoy por hoy no es viable, pues los predios en los que se iba a desarrollar no están disponibles ya que el gobierno del vecino país no gestionó su expropiación.

HeH es una compañía que tiene ingresos anuales por US$1.000 millones, con presencia en Ecuador, Perú, Honduras, Paraguay, Bolivia, Panamá y Colombia, y crecimientos anuales cercanos a 15%.

En Colombia inició en 2010 con un proyecto de riego en el Tolima, con Fonade, por $125.000 millones; luego en Invías con el proyecto San José de Fragua-Villagarzón; posteriormente llegó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con el proyecto vial Zipaquirá-Bucaramanga por $304.000 millones y en 4G tiene el proyecto Santander de Quilichao-Popayán, segunda calzada, por $1,8 billones, en sociedad con la familia Solarte. Finalmente, para vías para la equidad fueron adjudicatarios de cinco contratos que suman $230.000 millones. Hoy Colombia representa para esta firma ecuatoriana uno de los mercados con mayor potencial y que debería igualar en el mediano plazo la operación de Perú, donde factura US$300 millones al año.

Su situación pone de nuevo sobre el tapete el debate en torno a si, pese a las dificultades que tienen empresas constructoras extranjeras que están desarrollando proyectos en Colombia pueden seguir contratando en nuestro país y qué camino se debe seguir. Hace casi medio año el Gobierno solicitó al Consejo de Estado un concepto en este sentido que, aunque ya fue expedido, aún no se ha hecho público.

La situación con Panamá

Según Aurelio Hidalgo, gerente de concesiones para Latinoamérica de HeH, en 2012 la firma participó en un concurso en el proyecto de riego Tonosí, junto a otras dos empresas, y ganó el contrato con un “presupuesto de más de 10% abajo del referencial. Como antecedente, HeH contrató desde 2010 una empresa de abogados para que le ayudara en la preparación de ofertas, como en el desarrollo de los estudios y el entendimiento de las leyes panameñas, pues somos una empresa extranjera”.

El contrato preveía la entrega de un anticipo de 20% que, de acuerdo con Hidalgo, fue para pagar a la empresa consultora en el asesoramiento que le había hecho a HeH e iniciar el contrato. Pero empezó a tener problemas porque se requerían expropiaciones que debería hacer el gobierno panameño.

Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República evidenció una serie de movimientos entre sociedades de personas ligadas con el proyecto. Esto abrió la puerta para que la Fiscalía iniciara una investigación para averiguar qué pasó con los más de US$30 millones que se pagaron de anticipo.

En los primeros días de enero de 2016, la Fiscalía Tercera Anticorrupción solicitó llamamiento a juicio a 33 personas ligadas a presuntas irregularidades en el contrato. “Por este caso, la fiscal investigó –entre otros– a los exministros de Desarrollo Agropecuario (Mida) Óscar Osorio y Emilio Kieswetter, al exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi, al excandidato a diputado de Cambio Democrático Porfirio Bolita Ellis y a los directivos de HeH, Marco Albán, Víctor Ríos y Juan Francisco Hurtado”, dice un informe de La Prensa de la primera semana de enero.

La empresa se defiende e Hidalgo advierte que el contrato que se hizo con la firma de abogados Vargas Davis en una de sus cláusulas determinaba que eran ellos los que indicaban a quién se entregaban los pagos. “En uno de esos pagos, ellos por escrito nos dicen que lo entreguemos a un señor Virzi a quien no conocemos y no tenemos relación con él. Lamentablemente se hizo político el tema. Este gobierno panameño se dedicó a auscultar todo lo que es del gobierno anterior y encontraron que Virzi de alguna manera había depositado dinero que no sabemos qué uso le había dado. De ahí llegaron a que Virzi había recibido un cheque de la empresa por instrucción de la firma. Por eso se ha satanizado el contrato que se ejecutó hasta donde se pudo y el gobierno panameño incumplió”, dice Hidalgo.

Por eso, además del problema penal, es necesario definir qué va a pasar con el vínculo contractual. “El Estado adjudicó el contrato sin tener los predios. Esto ocasionó que el Estado suspendiera la obra temporalmente y luego en forma definitiva”, señala Juan Gonzalo Restrepo, representante de HeH en Colombia. Por ahora las partes –HeH y el gobierno panameño– están discutiendo la liquidación del contrato y, según Hidalgo, se han presentado varias propuestas que no han sido aceptadas y, aunque extraoficialmente se han reunido y el interés es alcanzar la liquidación, aún no se ha logrado

¿Y en Colombia?

Hoy por hoy, HeH es uno de los jugadores que ha venido ganando espacio en el país. Y el interés de la firma es consolidar su presencia en este mercado donde, hasta la fecha, no ha tenido ningún inconveniente. Así, entra en el grupo de empresas que han registrado problemas e incumplimientos en el exterior y que operan en Colombia, manteniendo el debate sobre si deben o no continuar con sus negocios en el país. Una respuesta que ya dio el Consejo de Estado, pero que todavía no se conoce.

El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, aseguró que no puede divulgar la respuesta que entregó el Consejo de Estado al Gobierno sobre la eventual inhabilidad que tendría en Colombia una empresa extranjera cuando es investigada o condenada por hechos de corrupción en otros países. Sin embargo, dejó claro que la posición del Gobierno siempre ha sido que hasta que no haya condena en firme en esos países no se puede tomar decisión alguna o restringir la participación de esas empresas extranjeras en licitaciones locales. “Tanto en el caso de Odebrecht (Brasil) como Hidalgo e Hidalgo en Panamá, se están surtiendo investigaciones, no hay condenas aún”, dijo Andrade.

La discusión a corto plazo se centraría en caso de que alguna de esas empresas extranjeras resulte condenada. “Ahí tocaría ver si esa decisión judicial en otro país aplica para inhabilidades en Colombia. Yo pensaría que sí, pues no queremos empresas a las que se les compruebe que incurrieron en actos de corrupción u otros delitos”, agrega Andrade. Por el contrario, las empresas extranjeras con presencia en Colombia podrían decir que no es posible replicar esas condenas en el territorio colombiano, lo que podría dar origen a millonarias demandas.

El debate sigue encendido.

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