| 7/8/2005 12:00:00 AM

Inversionistas en alerta máxima

Un fallo de la Corte Constitucional que dirimió un conflicto contractual entre el Valle y una firma concesionaria, prendió las alarmas de los inversionistas en infraestructura, pues estos conflictos los resolvían salas de lo contencioso administrativo o tribunales de arbitramento.

Justo cuando el Congreso de la República aprobó una ley mediante la cual pretende garantizarles estabilidad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros, las reglas del juego volvieron a cambiar. Esta vez, por cuenta de la Corte Constitucional, que falló a favor de la Gobernación del Valle una tutela interpuesta por el departamento para resolver un litigio contractual con el consorcio CISA, luego del fracaso de la concesión para rehabilitar la vía Cali-Candelaria-Florida.

Este hecho tiene con los pelos de punta a inversionistas, proveedores y contratistas de infraestructura pues estos conflictos entre el sector privado y el Estado los venían resolviendo la jurisdicción contenciosa administrativa (cuya máxima autoridad es el Consejo de Estado) o mediante la figura del tribunal de arbitramento. El fallo también puede influir en futuras controversias, pues debido a proyecciones de tráfico de vehículos que no se han cumplido en varias concesiones viales del país, el Estado deberá responder por garantías que ascienden a más de $170.000 millones.

En este caso, una vez que la concesión hizo crisis porque las casetas de los peajes de la vía tuvieron que ser cambiadas de lugar en varias oportunidades y el precio del peaje se redujo por las protestas de los habitantes, la Gobernación del Valle y CISA decidieron (en 1999) liquidar anticipadamente el contrato. Para determinar cuánto se le debía restituir al consorcio, en diciembre de 2000, ambas partes acordaron convocar un tribunal de arbitramento para dirimir la disputa. Sin embargo, en medio del trámite arbitral, el 17 de septiembre de 2001, la Gobernación liquidó unilateralmente el contrato y determinó que el valor por retribuir era de $7.364 millones. El tribunal de arbitramento, por su parte, se pronunció el 24 de abril de 2003 y determinó que el monto era de $20.000 millones.

La Gobernación alega que tras haber liquidado unilateralmente el contrato, el tribunal de arbitramento ya no era competente, por lo cual violó el debido proceso pues no tuvo en cuenta este hecho, y que por lo mismo se vulneraron los derechos fundamentales de la población. Por eso, decidió acudir mediante una tutela ante la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, la cual determinó que la liquidación unilateral se ajustó a la Ley 80. Y anuló lo resuelto por el tribunal de arbitramento y la jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado que ratificaban lo fallado por el tribunal de arbitramento (ver recuadro).

Para Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), resulta preocupante el hecho de que los problemas contractuales se resuelvan con tutelas, lo que a su juicio representa un enorme riesgo para los inversionistas. "La lectura que se le está dando a esta situación es que no sirve la instancia arbitral y, lo peor, no tiene validez lo que falle el máximo juez especializado en la materia que es el Consejo de Estado".

Sin descalificar el fallo de la Corte Constitucional, el dirigente gremial advierte que se ensombreció aún más el panorama de confianza que se les debe transmitir a los inversionistas privados para que el país pueda superar el rezago de US$10.000 millones en obras de infraestructura. "Este choque de trenes desincentiva la inversión privada y genera desconfianza e inestabilidad jurídica, en contravía de lo que el país y el gobierno quieren, que es promoverla. Es un golpe directo a la concesión, que en un país con deficiencias fiscales como el nuestro es un instrumento necesario para poder realizar todas las obras que se requieren", advierte Caicedo Ferrer.

La alarma en el sector ha sido tan generalizada, que la estabilidad jurídica fue el tema que más se debatió durante la reunión de la junta directiva de la CCI, llevada a cabo el pasado 28 de junio. A la convocatoria asistieron representantes del Grupo Sarmiento Angulo, Conconcreto, Pavco, Conciviles, Coviandes y la Concesión Santa Marta Paraguachón, entre muchos otros. También acudieron como invitados el procurador Edgardo Maya y el contralor general Antonio Hernández Gamarra.



La incertidumbre

Varios empresarios del sector, consultados por Dinero, se mostraron sorprendidos por el giro que dio el litigio contractual que llegó hasta las instancias de la Corte Constitucional. J. Mario Aristizábal, presidente de Conconcreto, dijo que laudos de tribunales de arbitramento y fallos del Consejo de Estado no podían quedar en manos de dos jueces. "Estas cosas generan incertidumbre e inseguridad jurídica entre inversionistas y contratistas. Debe haber garantías y claridad en este tipo de procesos cuando a los inversionistas les cambian las reglas de juego".

Para Francisco Wiesner Tobar, de Estudios Técnicos, el fallo va a tener graves consecuencias para la inversión extranjera, en especial, lo que en su concepto retrasará aún más el desarrollo de la infraestructura. "Los extranjeros van a mirar al país con más recelo y la participación de los concesionarios se podría ver afectada si este tipo de manejos toma camino, pues el Estado tiene una gran deuda con ellos".

De igual manera, Rodrigo Pinzón, gerente comercial de Pavco, proveedora de insumos para infraestructura, describió esta situación como la ley de la selva. "Es sumamente grave no solo para el sector de infraestructura sino también para el industrial, el energético y cualquier otro, porque la ley no existe ni se respeta. Eso es grave, si se tiene en cuenta que el país requiere una inversión muy fuerte en obras de infraestructura y de toda índole donde se requiere la participación privada", sostiene.

Por su parte, Angelino Garzón, gobernador del Valle, explicó que cuando llegó al cargo, en enero de 2004, se encontró con este conflicto heredado de administraciones pasadas. Y que desde entonces ha hecho todo lo que está a su alcance para defender jurídicamente los intereses del departamento, pues considera que es su obligación y porque el proceso puede ascender hoy a $40.000 millones, lo que afectaría seriamente sus planes de inversión social. "Con esa plata, podemos cubrir durante un año el programa de desayunos escolares para 420.000 menores sin ayuda del gobierno nacional y de los municipios. O desarrollar miles de programas de mejoramiento de vivienda rural o campesina", dice.

Según el gobernante, cuando un fallo judicial desconoce el debido proceso y afecta los derechos fundamentales de la población, vía tutela se puede pedir su revisión. Sin embargo, Garzón considera que lo que ha pasado sí amerita una reflexión a fondo de los inversionistas nacionales o extranjeros, de los servidores públicos, de los organismos de control del Estado y de la rama judicial. "Hay que empezar a construir una ética empresarial que incluya adjudicaciones públicas para este tipo de contratos y que tanto empresarios como gobernantes se comprometan a llevar a cabo las obras y no rendirse ante las primeras adversidades. Eso ayuda a la credibilidad del Estado y a fortalecer sus reacciones con el sector privado".

Aunque el litigio aún no termina porque CISA le pidió a la Corte Constitucional en Pleno que se pronunciara sobre el caso para ratificar o no lo fallado por la Sala Primera de Revisión, empresarios como Luis Fernando Jaramillo, presidente de Odinsa, advierten que este será un golpe severo para el proceso de construcción de confianza que se venía dando en el país. También se preguntan hasta cuándo van a seguir presentándose este tipo de situaciones que cambian las reglas de juego y generan incertidumbre legal para los inversionistas nacionales y extranjeros.

"La Corte Constitucional se está volviendo eficaz al destruir la seguridad jurídica de los inversionistas, la misma que están tratando de garantizar el Congreso y el gobierno con mecanismos como la ley que acaba de aprobar en este sentido. Pero al final del día, esta ley no va a tener ninguna importancia frente a las decisiones de este alto tribunal. Estamos perplejos con lo que ha pasado", sentenció este empresario.
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