| 11/1/1995 12:00:00 AM

Ideas que no duran

Lo que no puede negarse es que Jaime Glottmann Finvard fue muy cortés. El 24 de julio de 1991 el encopetado hombre de negocios, miembro de juntas directivas de ilustres fundaciones, de la Cámara de Comercio de Bogotá, dueño de Icasa (una renombrada industria de artefactos eléctricos para el hogar) y de los almacenes de electrodomésticos J. Glottmann, visitó a los directores de los principales diarios del país. Su propósito: despedirse de sus amigos, porque "yo no voy a pagar más cárcel de la que va a pagar Escobar". Estaba ¡líquido y no tenía con qué cancelar sus deudas. Les entregó entonces una carta dirigida a sus clientes, ahorradores, proveedores y trabajadores para explicarles su actitud. Un día después estalló el escándalo. Glottmann e Icasa entraron en concordato obligatorio y se descubrió que el empresario era un captador pirata de ahorro del público.

H bía fundado a J. Glottmann S.A. en 1935, mientras en 1955 creó Icasa. Con el paso de los años Icasa se especializó en el área de la refrigeración, la producción de botelleros y neveras de buena calidad, mientras J. Glottmann contaba con cerca de un centenar de puntos de venta distribuidos por todo el país. Las dos compañías crearon la Financiera Industrial.

En 1987 Icasa tuvo el mejor año de su historia cuando produjo 120.000 aparatos. Sin embargo, al año siguiente apenas alcanzó los 40.000. En J. Glottmann también cayeron las ventas. La crisis llegó a mediados de 1991, debido a los síntomas recesivos de la economía colombiana y a las altas tasas de interés.

Para completar, Icasa y Glottmann realizaban desde hacía

varios años captaciones ilegales de dinero del público en las instalaciones de la compañía. Según los pagarés presentados por los incautos ahorradores, Icasa reconocía un interés del 30% anual, libre de todo impuesto. Al pie dejaban una constancia según la cual "en caso de que mediante ley, decreto o resolución, se bajen los intereses bancarios corrientes, los intereses aquí pactados se reducirán en la misma proporción".

Los trabajadores de Icasa habían entrado en huelga el 27 de junio de 1991, pero el "hueco" de las captaciones ilegales estaba por

los $11.000 millones. En total las obligaciones del grupo sobrepasaban los $30.000 millones. La Superintendencia de Sociedades ordenó incluir en la contabilidad oficial del grupo las captaciones ilegales. Se descubrió que empresas llevaban hasta cuatro contabilidades diferentes.

Entre los perjudicados por las captaciones ilegales aparecieron desde encopetadas familias hasta modestas viudas y ancianos, y entidades clericales, que en la búsqueda de un alto interés y burlando el fisco, llevaron sus ahorros a las empresas de Glottmann, aun cuando muchos de ellos sabían que no poseían autorización para intermediar dinero. La Superintendencia de Sociedades presentó denuncia penal contra Jaime Glottmann Finvarh, y los directivos de las empresas, por los delitos de captación ilegal de dineros y falsedad en documentos. I acuerdo concordatario de Icasa fue aprobado el 28 de agosto de 1992: las deudas por S22.891 millones serán canceladas en un término de 10 años. Los acreedores, entre ellos el principal, el Banco Ganadero, que quisieron convertirse en accionistas tuvieron la oportunidad de hacerlo. El programa de pagos acordado en el concordato se viene cumpliendo rigurosamente. Si bien no ha dado unos resultados extraordinarios, cubre todos los costos del concordato y del capital de trabajo que ha aportado el Banco Ganadero, en condiciones favorables.

Los trabajadores, ahorradores y proveedores de J. Glottmann cambiaron sus deudas por acciones pero al final perdieron su plata -unos $12.500 millones- porque la eiripresa no salió adelante. El único que logró recuperar algo fue el gobierno a través de los pagos que se le hicieron a la Dian durante los tres años que lleva el concordato. Esa fue la consecuencia de haber aceptado un concordato que no tenía posibilidades de salir adelante porque no contaba con el capital del caso, lo que sí Icasa.

Jaime Glottmann Finvarh abandonó el país con rumbo a Israel de donde ha sido imposible lograr su extradición, pues no hay acuerdo vigente entre los dos países. Solicitó allí su nacionalización. De los demás acusados fueron capturados Guillermo Novoa "Téllez v Eduardo Guisa Ariza, quienes permanecieron varios meses en la Cárcel Modelo, sindicados de los delitos de falsedad y captación ilegal de dinero.
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